La diputada del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Ana Ruiz, ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) con medidas “contra los matrimonios forzosos en Andalucía”. En este sentido, Ruiz ha subrayado que durante los últimos años en la región “se ha incrementado de forma exponencial el número de matrimonios forzados como una forma de obtener beneficios migratorios ilegítimos”.
Con esta iniciativa VOX insta al Consejo de Gobierno a “elaborar un protocolo para la prevención y el abordaje del matrimonio forzado”, en el que se incluya “una mención específica al islamismo radical”. Ruiz ha recordado que en la actualidad “la interpretación salafista del Islam es la principal causa de matrimonios forzosos de mujeres menores de edad en el mundo y también en Andalucía”. Asimismo, la parlamentaria ha informado que en la proposición se insta a la Junta de Andalucía a “hacer un especial seguimiento y control de los expedientes de reagrupación familiar en Andalucía”, especialmente cuando la mujer es menor de edad, “para verificar si ha prestado su libre consentimiento en su país de origen”.
Del mismo modo, VOX pide que el Consejo de Gobierno a su vez inste al Gobierno de la Nación a “endurecer las penas previstas en los artículos 172 bis y 177 bis del Código Penal para perseguir con más eficacia los crímenes de matrimonios forzados”. Además, Ruiz ha señalado que la iniciativa insta al Consejo de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno de la Nación a “que el órgano o autoridad competente expulse de forma inmediata a los extranjeros que cometan delito de matrimonio forzado y a que deniegue el permiso de residencia de todos los extranjeros que hayan sido condenados por este tipo de acciones”, procurando “siempre que cumplan las penas en sus países de origen”.
Asimismo, la proposición de VOX exige al Consejo de Gobierno a “impulsar una campaña institucional contra el fenómeno de los matrimonios forzosos” con el objetivo de que “los jóvenes pertenecientes a comunidades donde existe el riesgo de que se les obligue a contraer matrimonio forzoso conozcan que en España dicha conducta constituye un delito” y “los educadores y profesores, personal de los centros de salud de atención primaria y asistentes de los servicios sociales puedan detectar y denunciar de oficio cualquier sospecha de matrimonio forzoso de mujeres mayores y menores de edad en Andalucía”.
Ruiz ha recordado que en Andalucía en 2022 “había en torno a 1.400 jóvenes entre 16 y 17 años que habían contraído matrimonio” y en 2023 esta cifra “se duplicó”. A este respecto, Ruiz ha subrayado que “esta es la defensa de las mujeres que hacen Partido Popular y Partido Socialista” y ha asegurado que “en VOX no estamos dispuestos a consentirlo”. En este sentido, la parlamentaria ha mencionado que desde el 2015 el matrimonio forzado es un delito tipificado dentro del Código Penal en España, y está castigado con penas de seis meses a tres años y medio de cárcel.
“La inmigración masiva del Partido Popular y del Partido Socialista en Andalucía trae consigo prácticas islamistas aberrantes, como la ablación genital femenina o los matrimonios forzados, no queremos cárceles de tela en forma de velo islámico, ni por supuesto que se obligue a niñas a casarse con hombres adultos”, ha sentenciado.
Por otro lado, Ruiz ha denunciado que en Andalucía “no existe un protocolo específico para prevenir y abordar este problema” y ha subrayado que el matrimonio forzoso “debería requerir un propio protocolo que contribuya al fin de esta lacra”. La diputada ha alertado de que “la gran mayoría de los casos detectados de matrimonios forzados se producen en el seno de comunidades islámicas”. “Muchas menores son obligadas a casarse, ya sea en territorio nacional, ya sea en sus países de origen con la excusa de un viaje familiar o unas vacaciones”, ha condenado.
Finalmente, Ruiz ha concluido asegurando que en los últimos años en Andalucía “ha aumentado la población extranjera siendo la principal nacionalidad extranjera la marroquí”, así como ha aumentado “este tipo de enlaces”, ya que “es utilizado como medio a través del cual los maridos y sus familias esperan obtener beneficios en materia de residencia, reagrupación familiar, arraigo e inmigración”.