El Pleno del Senado ha aprobado hoy una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, a dejar de actuar como portavoz oficioso del Gobierno y a cesar sus ataques contra el presidente de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado.
La iniciativa, defendida por los senadores María José Ortega y Juan Ávila, condena de manera expresa las declaraciones y actuaciones de García Montero por constituir “una intromisión inaceptable” en las competencias y autonomía de la RAE y por contribuir a la politización de una institución que debe regirse por neutralidad, independencia y excelencia.
La portavoz de Cultura del GPP, María José Ortega, subrayó la necesidad urgente de proteger la independencia de las instituciones culturales frente a la “descalificación interna” que —denunció— utiliza habitualmente el Gobierno “para erosionar a quienes no se pliegan a determinadas agendas políticas”.
En este sentido, Ortega señaló también al ministro de Cultura, de quien dijo que “cada día es menos ministro y cada día más comisario político”, por impulsar la ideologización de la cultura “de arriba abajo”. Asimismo, responsabilizó al ministro de Asuntos Exteriores, del que depende el Instituto Cervantes, y a quien reprochó que, como al resto del Gobierno, “le incomoda la existencia de una institución que no pueda colonizar”.
Con ironía, la senadora advirtió de que “utilizar el Instituto Cervantes para desacreditar a la RAE es como usar un diccionario para calzar una mesa”, y recordó que las instituciones culturales del Estado “no son un instrumento del Ejecutivo en apuros ni patrimonio de nadie, sino de más de 630 millones de hablantes”.
Ortega defendió de manera firme el trabajo de la RAE y de su presidente, Santiago Muñoz Machado, quien “se permite la osadía de tener criterios propios”, y lo puso como ejemplo de la independencia que deben mantener “todas las instituciones del Estado”.
Concluyó destacando que la defensa del presidente de la RAE “no es un acto de simpatía personal”, sino un ejercicio de “higiene democrática”, recordando al Gobierno que la cultura no es de su propiedad.
