El senador del Grupo Parlamentario Popular por Andalucía, Jesús Caicedo, ha denunciado la “actitud negligente” del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el “flagrante abandono institucional” que sufre la prisión provincial de El Acebuche (Almería).
Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en la Cámara Alta, Caicedo ha preguntado al ministro qué medidas va a adoptar con urgencia para resolver los graves problemas estructurales que arrastra este centro penitenciario. “El Acebuche es una prisión al límite”, ha advertido el senador popular, recordando que soporta una superpoblación del 33% por encima de su capacidad óptima.
El dirigente del PP ha señalado además que la cárcel está lastrada por un déficit estructural de plantilla, una de las más envejecidas del sistema penitenciario, que apenas cubre el 80% de las necesidades reales, lo que “deja al centro en una situación de clara vulnerabilidad”. A esta carencia se suma, según ha denunciado, la falta de personal médico, una circunstancia que agrava aún más la situación de internos y trabajadores.
Más agresiones a los funcionarios
Caicedo ha alertado también de que los funcionarios de prisiones están expuestos a un número creciente de agresiones, reprochando al ministro del Interior que se niegue a reconocerlos como agentes de la autoridad, pese a que su seguridad está comprometida por la presencia de drogas y teléfonos móviles en el interior del centro.
“La responsabilidad de este desastre es exclusivamente suya y de quienes le mantienen en una tarea que le viene demasiado grande”, ha afeado Caicedo a Marlaska, insistiendo en que El Acebuche es uno de los centros más insostenibles del sistema penitenciario español.
Asimismo, ha calificado de “absoluto desprecio” que el Gobierno no haya cumplido la Proposición No de Ley aprobada hace más de un año en el Congreso de los Diputados, que incluía más de siete medidas concretas para mejorar la situación de la prisión almeriense. “Ni una sola de esas actuaciones se ha llevado a cabo”, ha lamentado.
Desde el Partido Popular se exige al Ministerio del Interior que actúe de inmediato, refuerce las plantillas, garantice la seguridad de los funcionarios y ponga fin al abandono de una infraestructura esencial para la seguridad y el Estado de Derecho.