La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lourdes Ramírez, ha denunciado que el Gobierno está legislando en materia de adicciones “desde el titular y el anuncio”, sin tener en cuenta el conocimiento experto ni la experiencia de quienes trabajan diariamente sobre el terreno, y ha exigido que cualquier modificación normativa se haga con el consenso de las asociaciones especializadas.
Ramírez ha puesto el foco en el actual plazo mínimo de seis meses de permanencia en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, que considera insuficiente y alejado de la realidad clínica. “No se corresponde con los tiempos reales de recuperación y supone una salida prematura del sistema, provocando una recaída casi segura”, ha advertido.
En este sentido, la diputada popular ha reclamado ampliar el plazo mínimo de autoprohibición a un año, una medida que ha calificado de “coherente con los criterios clínicos, con la experiencia acumulada y con las recomendaciones reiteradas de las asociaciones”. “Se trata de impedir que la recuperación se rompa por una decisión administrativa tomada demasiado pronto”, ha subrayado.
Asimismo, Ramírez ha criticado que mientras el Gobierno “anuncia planes y estrategias”, la realidad es que “las familias siguen esperando respuestas y las asociaciones continúan cubriendo con recursos propios lo que debería garantizar el Estado”.
La parlamentaria del PP ha recordado que la adicción al juego es “una enfermedad reconocida, con graves consecuencias personales, familiares y sociales”. “Hablamos de jóvenes que caen demasiado pronto, de adultos que recaen una y otra vez y de familias enteras que se rompen en silencio mientras el Estado llega tarde o no llega”, ha lamentado.
Por ello, Lourdes Ramírez ha insistido en la necesidad de diseñar políticas públicas contra las adicciones basadas en la evidencia científica, el consenso con los profesionales y la experiencia de quienes acompañan los procesos de recuperación, situando a las personas y a las familias en el centro de la acción pública.