El Partido Popular y la izquierda rechazan en el Parlamento de Andalucía auditar todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años, impulsar en el ámbito de las competencias una modificación de la normativa en materia de inmigración a fin de que se proceda a la repatriación de los inmigrantes que accedan ilegalmente, de cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida y de los menores extranjeros no acompañados con sus padres a sus países de origen.
Del mismo modo, el PP y la izquierda han votado en contra de establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos de Andalucía, de suprimir dentro del ámbito de sus competencias todas las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, y de promover que en todos los municipios de Andalucía se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse.
La diputada del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Purificación Fernández, ha recordado que el pasado 26 de enero el Gobierno de España y sus socios parlamentarios anunciaron un acuerdo para impulsar una regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular, mediante Real Decreto. Fernández ha señalado que “el bipartidismo ha recurrido a esta artimaña” que desde 1985 ha llevado a cabo seis procesos extraordinarios, con más de 1,2 millones de autorizaciones concedidas.
En este sentido, Fernández ha alertado que la regularización “no resuelve ningún problema” sino que “lo multiplica”, generando un efecto llamada permanente o debilitando el principio de legalidad. Del mismo modo, la inmigración masiva sobrecarga de manera terminal los servicios públicos como la sanidad o la educación. “Ese relato de que vienen a pagarnos las pensiones ya no se lo cree nadie, no vienen a pagar las pensiones, vienen a gastarla”, ha señalado la diputada.
En la actualidad, en España hay casi cuatro millones de inmigrantes que no trabajan, es decir, el 58% del total. Teniendo en cuenta las cifras de paro, uno de cada cuatro desempleados en España son extranjeros, España “no necesita inmigración a corto y medio plazo”. A este respecto, la parlamentaria de VOX ha afirmado que “sostienen el sistema el español que se levanta todos los días para trabajar, el autónomo que se arruina a impuestos y las familias que hacen malabares para llegar a fin de mes”. Sin embargo, Fernández ha denunciado que “son los últimos para todo”.
Para finalizar, Fernández ha defendido una inmigración “legal, ordenada y orientada a la integración y al aporte a la sociedad”, así como ha denunciado que el Gobierno de Sánchez “se ha convertido en el mejor socio de las mafias”.