El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Ignacio Romaní, ha calificado de “injustificable” la ausencia de la vicepresidenta María Jesús Montero en un debate clave para Andalucía y Extremadura, criticando además la gestión del Gobierno en la reconstrucción de las infraestructuras afectadas por el temporal del pasado mes de enero.
Romaní ha denunciado que el Ejecutivo está actuando “de espaldas” a los gobiernos autonómicos, con una “deslealtad institucional” que impide dar una respuesta eficaz a los territorios afectados.
EXCLUSIÓN DE MUNICIPIOS Y FALTA DE AYUDAS
El dirigente popular ha criticado el decreto aprobado por el Gobierno, asegurando que “no refleja la realidad territorial de los daños” y evidencia una “falta de diálogo e ineficacia”.
En este sentido, ha denunciado que 13 comarcas andaluzas han quedado fuera de las ayudas, lo que supone la exclusión de 223 municipios. Asimismo, ha señalado que en Extremadura solo se incluyen 53 de los 388 municipios, dejando fuera al 87% del territorio, incluidas zonas gravemente afectadas.
“Comarcas con daños importantes simplemente no existen para el Gobierno”, ha afirmado.
CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL EJECUTIVO
Romaní ha advertido de que el Gobierno central obliga a los ayuntamientos a asumir el 50% de la financiación para acceder a las ayudas, lo que supone una carga adicional para las administraciones locales.
Asimismo, ha criticado la política económica del Ejecutivo, denunciando que “mientras faltan recursos para la reconstrucción, se priorizan otros compromisos políticos”.
El diputado del PP ha subrayado que los recursos que corresponden a Andalucía son “más necesarios que nunca” para hacer frente a estas situaciones.
DEFENSA DE LA GESTIÓN EN ANDALUCÍA
Romaní ha puesto en valor la gestión del Gobierno andaluz, destacando su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y su estabilidad institucional.
“Frente a la parálisis del Gobierno central, Andalucía actúa, gestiona y da respuestas”, ha afirmado, destacando el compromiso del Ejecutivo autonómico con los ciudadanos afectados.
El Partido Popular defiende una política basada en la lealtad institucional, la eficacia en la gestión y el apoyo real a los territorios afectados por situaciones de emergencia, frente a decisiones que generan desigualdad y falta de cobertura.