España ha entrado este sábado en uno de esos fines de semana en los que una legislatura puede continuar aparentemente como estaba o cambiar completamente de dirección.
Pedro Sánchez no ha convocado elecciones. Conviene empezar por ahí. Pero tampoco puede tratarse ya el adelanto electoral como una simple especulación de tertulia.
Después de que el Congreso rechazara este viernes los dos decretos del Gobierno en materia de vivienda, fuentes del Ejecutivo confirmaron que Sánchez ha abierto un periodo de análisis y reflexión y que entre los distintos escenarios está la posibilidad de acudir anticipadamente a las urnas.
Y el dato político relevante no es únicamente que el Gobierno haya perdido dos votaciones.
Es quién ha vuelto a demostrar que puede decidir qué vive y qué muere en el Congreso.
Los decretos fueron rechazados con los votos de PP, VOX y Junts —además de UPN en el primero—. El primer paquete cayó por 172 votos a favor frente a 178 en contra, mientras que el segundo obtuvo todavía menos respaldo: 166 síes frente a 184 noes.
La fotografía vuelve a dejar al Gobierno frente al problema que lo acompaña prácticamente desde el comienzo de la legislatura: puede ocupar La Moncloa, pero necesita reconstruir su mayoría parlamentaria prácticamente votación a votación.
Y esta vez la derrota llega sobre el asunto que probablemente concentra más tensión social en España: la vivienda.
La vivienda deja de ser únicamente un problema social
El acceso a una vivienda asequible hace tiempo que dejó de afectar únicamente a quienes buscan comprar una casa. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias expulsadas del mercado de alquiler y hogares sometidos a incrementos de precios han convertido el problema en uno de los principales focos de presión sobre las administraciones.
El Gobierno intentó responder mediante dos reales decretos que incluían, entre otras medidas, prórrogas de alquileres, límites sobre determinadas rentas, restricciones a compras de vivienda por determinados fondos y beneficios fiscales para propietarios e inquilinos. El Congreso decidió no convalidarlos.
La discusión, además, ya está en la calle.
Las movilizaciones y acampadas vinculadas a la vivienda han crecido durante los últimos días y organizaciones de inquilinos están intentando transformar ese malestar social en presión política.
Pero reducir el debate a propietarios contra inquilinos sería demasiado sencillo.
España arrastra además un problema estructural de oferta, particularmente grave en las grandes áreas metropolitanas. Existe una discusión económica abierta sobre hasta qué punto los controles de alquiler solucionan el problema o pueden reducir todavía más la oferta disponible, frente a quienes consideran imprescindible reforzar la protección de quienes ya están atrapados por los actuales precios.
Ese debate seguirá existiendo independientemente de quién gobierne.
Junts vuelve a tener la llave
Pero hay una segunda lectura, estrictamente política.
Junts ha vuelto a demostrar hasta qué punto siete diputados pueden alterar el rumbo de una legislatura.
El Gobierno puede responsabilizar a la oposición del bloqueo. PP y VOX pueden acusar al Ejecutivo de presentar medidas equivocadas. Junts puede defender sus propias razones para votar en contra.
Todo eso forma parte de la batalla parlamentaria.
El hecho incontestable es otro: Sánchez continúa dependiendo de fuerzas que no forman una mayoría estable alrededor de un programa común de legislatura.
Y cada votación importante vuelve a recordarlo.
Por eso lo sucedido con la vivienda va mucho más allá de dos decretos.
La pregunta empieza a ser cuánto margen político queda para seguir gobernando cuando sacar adelante iniciativas relevantes exige negociaciones cada vez más complicadas.
La palabra elecciones ya está sobre la mesa
Hasta hace pocos días, hablar de generales anticipadas podía presentarse fundamentalmente como una exigencia de la oposición.
Desde este viernes, la situación es diferente.
El propio Ejecutivo reconoce que es uno de los escenarios sometidos a análisis, aunque Moncloa insiste en que todavía no se encuentra formalmente en esa fase.
Dentro del PSOE también han aparecido voces favorables a valorar una convocatoria anticipada después de la derrota parlamentaria.
Y la oposición ha olido inmediatamente el cambio de escenario.
Alberto Núñez Feijóo retó este viernes a Sánchez a convocar elecciones y aseguró estar preparado para acudir a las urnas.
Hoy, además, el presidente del PP clausura el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, precisamente cuando el futuro de la legislatura domina la conversación política. Su participación en la clausura estaba prevista desde la organización del encuentro.
El escenario difícilmente podría ser más favorable para que el debate continúe.
González y Rajoy meten todavía más presión
Hay otra fotografía difícil de ignorar.
Este viernes, en ese mismo Foro La Toja, Felipe González y Mariano Rajoy coincidieron en defender la convocatoria de elecciones generales, aunque naturalmente desde trayectorias y argumentos políticos diferentes.
Rajoy pidió acudir a las urnas “ya”, mientras González se sumó mediante una intervención irónica sobre la conveniencia de convocarlas.
Que un expresidente popular reclame elecciones no sorprende.
Que también lo haga un expresidente socialista convierte el episodio en políticamente mucho más incómodo para Sánchez.
No determina la decisión de Moncloa, pero evidencia hasta qué punto el debate ha dejado de estar circunscrito únicamente a PP y VOX.
Sánchez tiene ahora que elegir cómo recuperar la iniciativa
La legislatura no termina porque un Gobierno pierda una votación.
Tampoco porque pierda dos decretos el mismo día.
El sistema parlamentario permite continuar gobernando mientras exista una mayoría suficiente para evitar la caída del Ejecutivo y aprobar iniciativas cuando corresponda.
Pero gobernar no consiste exclusivamente en permanecer.
También exige capacidad para convertir decisiones políticas en mayorías parlamentarias.
Ese es ahora el verdadero problema de Sánchez.
Puede reconstruir puentes con sus socios, reformular las medidas de vivienda e intentar recuperar la iniciativa.
Puede intentar prolongar la legislatura hasta 2027.
O puede concluir que el momento político exige devolver la palabra a los ciudadanos.
Por ahora, ninguna de esas decisiones está tomada públicamente.
Pero algo sí ha cambiado después de este viernes:
la posibilidad de unas elecciones generales anticipadas ya no está únicamente en el discurso de la oposición. Está también sobre la mesa de Moncloa.
Y cuando una legislatura empieza a discutir diariamente cuándo terminará, el calendario político deja de medirse únicamente en meses.
Empieza a medirse en votaciones.
