VOX ha anunciado que el Tribunal Supremo ha mantenido la suspensión cautelar de determinados efectos electorales vinculados a la conocida como Ley de Nietos, tras rechazar, según la formación, la solicitud del Gobierno y la Abogacía del Estado para levantar las medidas.
El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha celebrado la decisión y la ha presentado como un respaldo a las alegaciones formuladas por su partido en el procedimiento judicial.
«El Supremo ha hecho justicia», ha declarado Buxadé, quien considera que la resolución refuerza la necesidad de garantizar la transparencia y fiabilidad del censo electoral antes de las próximas elecciones generales.
La información difundida por VOX no incorpora el texto íntegro de la nueva resolución judicial, por lo que el alcance exacto de las medidas y los fundamentos de la decisión quedan pendientes de comprobación documental.
El Supremo rechaza levantar la suspensión, según VOX
La formación recuerda que semanas atrás el Tribunal Supremo había acordado una suspensión cautelar relacionada con los efectos electorales de determinadas inscripciones derivadas de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.
Según el nuevo comunicado, el Gobierno y la Abogacía del Estado solicitaron levantar esas medidas, pero el Alto Tribunal habría rechazado la petición.
VOX interpreta esta decisión como una confirmación de la necesidad de mantener las cautelas mientras se examinan las cuestiones jurídicas planteadas.
Conviene distinguir, no obstante, entre mantener una medida cautelar y resolver definitivamente el fondo del procedimiento. La primera decisión no supone por sí misma que se hayan acreditado irregularidades electorales.
Jorge Buxadé celebra la decisión judicial
Jorge Buxadé ha valorado la resolución como un resultado favorable a la posición procesal de VOX.
El dirigente ha señalado que el Tribunal Supremo ha tenido en cuenta las alegaciones de su formación frente a las pretensiones planteadas por la Abogacía del Estado.
«No se puede aceptar una alteración del censo electoral», ha afirmado.
Buxadé considera que las garantías de inscripción y control del censo deben ser una prioridad ante la proximidad de las elecciones generales.
Sus declaraciones se producen en el contexto de las iniciativas de VOX sobre el voto de los españoles residentes en el extranjero y los efectos electorales de las nuevas inscripciones.
La Ley de Nietos y el censo de residentes en el extranjero
La denominada Ley de Nietos hace referencia a las disposiciones de la Ley de Memoria Democrática que permiten acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles.
VOX ha centrado sus objeciones en los posibles efectos electorales de esas adquisiciones de nacionalidad y en las garantías administrativas para incorporar a los nuevos electores al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La controversia planteada por la formación afecta a los procedimientos de inscripción y a la asignación de circunscripciones electorales a ciudadanos que residen fuera de España.
La adquisición legal de la nacionalidad española y el ejercicio del derecho de sufragio deben distinguirse de cualquier posible irregularidad administrativa. El comunicado no aporta pruebas de fraude electoral consumado.
VOX reclama garantías antes del 29 de noviembre
Buxadé ha vinculado la decisión judicial con las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.
El dirigente ha pedido que el proceso electoral se desarrolle con garantías y ha defendido la participación presencial.
«El 29 de noviembre todos a votar y a votar en las urnas solo los españoles, sin fraude y sin alteraciones del censo», ha manifestado.
La declaración refleja la posición política de VOX sobre la integridad del proceso electoral. La información aportada no acredita que se haya producido fraude ni permite concluir que el conjunto del censo exterior presente irregularidades.
Con este anuncio, VOX vuelve a situar el control del censo electoral y las consecuencias de la Ley de Nietos entre los asuntos de debate jurídico e institucional previos a las elecciones generales.
