El Grupo Municipal de VOX en Granadilla de Abona abordará en la próxima sesión plenaria una propuesta para que se condene el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el pasado 29 de julio del 2024, por falta de garantías, como ya lo hizo recientemente el concejal de VOX en Adeje. El portavoz de VOX, José Sanabria, propondrá que, junto a las fuerzas politicas municipales, administración pública y organizaciones civiles, se solicite urgentemente una investigación sobre la situación en Venezuela “desde nuestro municipio”, afirma. La defensa de la libertad en Venezuela es una máxima de VOX y el respaldo para Edmundo se trasladará a más instituciones canarias.
Sanabria subraya que Venezuela “ha estado trabajando arduamente durante más de 25 años para restaurar su salud democrática”, y lamenta que, a lo largo de este período, los venezolanos se han enfrentado a golpes y pérdidas significativas “evidenciando el deterioro democrático caracterizado por la represión a la oposición, el control de los medios de comunicación, la violación del orden constitucional, el abuso de los derechos humanos y elecciones manipuladas, todo esto instigado originalmente por Hugo Chávez y continuado por su sucesor Nicolás Maduro”.
Por todo ello, VOX solicitará apoyo a todos los representantes de partidos políticos venezolanos legalmente constituidos y con presencia en canarias y a aquellas que puedan desarrollar acciones para la defensa de los legítimos intereses de los ciudadanos venezolanos de nacimiento y residentes en nuestro municipio mediante la firma de un plan de acción municipal destinado a la ayuda, información, integración y cuantos derechos les asista ante las leyes españolas. También solicitará la creación de una agenda de trabajo para identificar los problemas y posibles soluciones del colectivo venezolano residente en Granadilla de Abona.
El portavoz de VOX en Granadilla de Abona señala que desde el gobierno de Canarias se debe condenar la falta de transparencia y vulneración de los derechos políticos constitucionalmente establecidos, así como las inhabilitaciones personales, acciones contra los partidos políticos postulantes, intimidaciones o limitaciones que deben caracterizar todo sistema democrático.