Blanca Armario Diputada de Vox por Cádiz, a denunciado con firmeza la irresponsabilidad del Gobierno al mantenerse al margen de los acuerdos necesarios para garantizar una inmigración controlada y segura. Esta falta de compromiso trae consigo inseguridad, opacidad y una sobrecarga insostenible para los recursos públicos.
No sabemos quién está entrando en nuestro país. Lo hacen sin documentación, sin control, sin filtros. Mientras tanto, los españoles son quienes pagan la factura: alojamiento, manutención, sanidad, Seguridad Social y mucho más. Cada euro destinado a financiar la inmigración ilegal, es un euro que se sustrae de las ayudas que los españoles necesitan, especialmente en los momentos más difíciles.
Los edificios públicos —que deberían destinarse a servicios para nuestros ciudadanos— están siendo ocupados por centros para MENAS, cada vez más saturados como consecuencia del efecto llamada. ¿El resultado? Inseguridad en nuestros barrios, deterioro de la convivencia y un claro perjuicio para las familias españolas.
Además, esta gestión negligente favorece directamente a las mafias, que se lucran con la trata de blancas y el tráfico de menores. Solo en 2023, se realizaron 7.400 expedientes para comprobar la edad de los supuestos menores. De ellos, 2.436 resultaron ser mayores de edad. Pero aún más alarmante: a 1.700 no se les pudo hacer ninguna prueba. ¿Por qué? Porque desaparecieron de los centros. Así de eficaz y segura es la gestión del Gobierno.
Desde VOX seguiremos exigiendo controles fronterizos reales, expulsión inmediata de quienes entren ilegalmente y el fin del derroche de recursos públicos que solo beneficia a mafias y ONGs subvencionadas, no a los españoles de bien.