Miguel Suárez Arca, procurador de VOX en las Cortes de Castilla y León, ha denunciado a través de su cuenta en X (antes Twitter) que los inmigrantes en la comunidad autónoma reciben un porcentaje “desproporcionado” de las ayudas públicas destinadas al alquiler, en comparación con su peso en la población total. Según Suárez Arca, pese a que las personas de origen extranjero suponen menos del 9% de los habitantes de Castilla y León, perciben el 55% de las ayudas al alquiler, un dato que califica de “alarmante”.
En un hilo publicado este lunes, Suárez Arca asegura que casi el 18% de los beneficiarios de esas ayudas son magrebíes, que, según sus cifras, representan únicamente alrededor del 1% de la población de Castilla y León. El procurador de VOX subraya que “no se trata de discriminar a nadie”, sino de reflejar lo que, en su opinión, revelan los datos: que existe una “presión asistencial” desproporcionada sobre los recursos públicos a raíz de una política migratoria que califica de “descontrolada”.
“Si Castilla y León tiene menos de un 9% de inmigrantes, su presencia en las ayudas debería rondar entre un 6% y un 15%, pero no el 55%”, sostiene. Suárez Arca acusa tanto al Partido Popular como al PSOE de mantener discursos que, a su juicio, justifican esta situación bajo la premisa de que los inmigrantes “vienen a trabajar en lo que no quieren los españoles” y “a sostener el Estado del bienestar”, algo que considera una “burda mentira”.
El procurador de VOX sostiene, además, que “muchos inmigrantes están aquí detrayendo recursos del sistema asistencial”, y argumenta que, con tasas elevadas de desempleo y riesgo de pobreza entre la población inmigrante, resulta “insostenible” la idea de que estas personas contribuyen de forma decisiva a mantener el Estado del bienestar.
Suárez Arca concluye su denuncia afirmando que “no es tolerable” que casi 6 de cada 10 beneficiarios de ayudas al alquiler sean extranjeros, mientras los españoles —que representan casi el 92% de la población— reciben solo el 45% de dichas ayudas.
Por el momento, no se han pronunciado públicamente ni la Junta de Castilla y León ni los grupos parlamentarios del PP o PSOE respecto a las cifras o críticas planteadas por VOX.