Canarias continúa enfrentándose a una de las mayores dificultades sociales y económicas de los últimos años: el acceso a la vivienda. La combinación de precios elevados, escasa oferta, incremento de la demanda y dificultades para ampliar el parque residencial ha situado al territorio entre las comunidades con mayor tensión habitacional de España.
Por ello, el presidente de VOX en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha alertado de que manifestaciones como las de Fernando Clavijo en la Cámara regional sobre la posibilidad de expropiar viviendas, así como las declaraciones en Rtvc del alcalde de La Laguna, Yeray Gutiérrez, apuntando al mercado como el problema de la vivienda en el Archipiélago, son “peligrosas”. El responsable de VOX en la provincia insiste en que “bajo la exposición de un problema real y el drama de la vivienda, se están introduciendo medidas de dudoso éxito que llevarán a los canarios a problemas mayores si no se atajan las soluciones reales y efectivas”.
VOX ha denunciado en el Parlamento de Canarias que ningún grupo político quiere asumir medidas profundas para resolver el acceso a la vivienda. El portavoz parlamentario, Nicasio Galván, señaló que en Canarias existen más de 200.000 viviendas frente a una demanda real de 40.000, pero el Gobierno solo ha conseguido incorporar una vivienda pese a invertir millones en un proyecto para entregar hogares.
La formación sostiene que España vive una emergencia habitacional, con una oferta de casas desplomada, precios inaccesibles y dificultades añadidas por la inseguridad jurídica y la alta presión migratoria. Con salarios medios de 1.683 euros y precios de vivienda que rondan los 246.000 euros, VOX afirma que cada vez más familias canarias no pueden comprar un hogar.
Galván criticó en pleno las restricciones a la construcción, la Ley de Vivienda y la falta de políticas eficaces de vivienda social. Su propuesta pide al Gobierno de Canarias una reducción de impuestos vinculados a la vivienda (IGIC, AJD, ITP, Sucesiones, Donaciones y Patrimonio) y la ampliación de deducciones en el IRPF para compra, alquiler o rehabilitación, especialmente para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad. Es decir, VOX defiende que bajar impuestos, aumentar incentivos y asumir competencias autonómicas con responsabilidad permitiría avanzar hacia un Plan Nacional de Vivienda adaptado a Canarias.
Sin embargo, en sesiones anteriores en el Parlamento de Canarias, el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo (CC), llegó a señalar que dentro del Plan Canario de Vivienda se había valorado la posibilidad de expropiar viviendas vacías durante más de seis meses como una medida excepcional ante la escasez del parque disponible.
Por otro lado, a nivel municipal, el alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), ha destacado recientemente que la vivienda constituye “un drama nacional” con especial incidencia en su municipio. En una entrevista, afirmó que las soluciones requieren intervenir el mercado para evitar que la vivienda se convierta en un bien inaccesible para la población.
Para dar una solución al problema habitacional, VOX tiene claras cuáles son las medidas necesarias para mejorar la vivienda, entre los que se encuentran:
– La ampliación del suelo disponible para uso residencial, acelerando procesos urbanísticos y flexibilizando parámetros de altura y densidad edificatoria
– Simplificación administrativa y reducción de la carga fiscal asociada a la compra de suelo y a la construcción
– Derogación de medidas intervencionistas en el mercado del alquiler y refuerzo de la actuación contra la ocupación ilegal
– Regulación de las viviendas de uso turístico y fortalecimiento de las labores de inspección para combatir la oferta irregular
– Incentivos fiscales al alquiler de larga duración, así como beneficios en el IRPF dirigidos a jóvenes arrendatarios
– Impulso a la construcción de vivienda protegida, mediante fórmulas de colaboración público-privada como cesión de suelo, subvenciones, avales o créditos en condiciones ventajosas, entre otras medidas.
Estas soluciones, concluye Gómez, tienen efecto si desde la aplicación de una solución nacional hasta la dirección municipal se preserva un plan de acción efectivo con el canario como prioridad de las políticas ejercidas.
