El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para impedir la creación de ficheros de médicos objetores de conciencia para la práctica de abortos. El objetivo es proteger los derechos y libertades de los médicos ante el señalamiento público estatal, evitando su consecuente persecución.
La portavoz de sanidad de VOX, Ana Vega, explica que “también se insta al Gobierno de España para que retire inmediatamente este registro de persecución y señalamiento y realice una propuesta justa que proteja a aquellos médicos que libremente, y actuando en conciencia, decidan preservar el derecho a la vida.”
Desde hace meses, la ministra de Sanidad Mónica García ha hecho especial hincapié en la implantación y cumplimiento del registro de objetores de conciencia, donde se recogen los nombres de todos aquellos médicos y sanitarios que decidan utilizar su derecho a la objeción de conciencia ante casos de aborto, un derecho fundamental que se encuentra recogido y protegido constitucionalmente en diferentes marcos legislativos, como el artículo 16.2 de la Constitución de 1978.
Vega hace hincapié en que “esto supone un atropello no solo al derecho de los médicos de actuar en conciencia, sino también a su privacidad, e intimidad al verse señalados públicamente por decidir en consonancia a su propia moral. La creación de esta ‘lista negra’ supone un retroceso de libertades y derechos para los médicos españoles”.
Cabe recordar que España registró más de 100.000 abortos en 2023, un 4,8% más que el año anterior. Esto supone una pérdida progresiva del derecho a la vida, por lo que proteger a los médicos que decidan salvaguardarlo, es fundamental. Los datos confirman que en 2024 los abortos han aumentado un 5%, y cada año crece ese porcentaje y el número total de vidas perdidas.
Desde el Gobierno de la Nación, se vienen haciendo políticas en contra de la vida durante estos últimos años. SUMAR ha llegado a plantear ideas como hacer del aborto un derecho constitucional, lo que ataca directamente al derecho a la vida, ese sí, fundamental y recogido en nuestra Constitución en el artículo 16.1. En la Comunidad Valenciana, desde la izquierda también son frecuentes los intentos de perseguir a los objetores de conciencia presionando al Conseller de Sanidad. Exigen y cuestionan los datos públicos del registro autonómico sobre objetores, insinuando que faltan, o directamente son falsos. Es una muestra más de la obsesión por perseguir a los que no piensan como ellos, en este caso por razones morales y éticas, y nuestra obligación es protegerlos.