El parlamentario del GP VOX en Andalucía y vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Antonio Sevilla, ha exigido al Gobierno de Moreno Bonilla, a través de una Proposición no de Ley (PNL), que “adopte las medidas necesarias para concertar el Bachillerato en los centros que lo soliciten, garantizando así la igualdad de oportunidades y la verdadera libertad educativa en nuestra región”.
En este sentido, Sevilla ha denunciado que “la red concertada continúa sufriendo una financiación insuficiente, limitaciones injustificadas y la exclusión injustificada del Bachillerato del régimen de conciertos”. “Esto impide a miles de familias andaluzas mantener la continuidad educativa de sus hijos en el centro que libremente eligieron”, ha señalado.
Sevilla ha subrayado que “no se trata de crear nuevas plazas ni de ampliar la oferta educativa”, sino “de incorporar al régimen de concierto unidades de Bachillerato que ya existen y que actualmente funcionan como privadas”. A este respecto, el parlamentario ha recordado que en enero de 2025, 52 centros educativos andaluces presentaron 294 solicitudes de concertación para estas unidades, “todas ellas con alumnos matriculados, profesores contratados y una demanda plenamente acreditada por las familias”. Sin embargo, Sevilla ha denunciado que el Gobierno de Moreno Bonilla “no ha aprobado ni una sola de ellas, manteniendo así una situación de bloqueo que impide a miles de alumnos continuar sus estudios en el mismo centro donde cursaron etapas anteriores”. En la iniciativa, VOX insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía “a proceder de manera inmediata a la concertación del Bachillerato en los centros en los que exista demanda, dando prioridad a las 294 unidades solicitadas y garantizando que ningún alumno andaluz tenga que abandonar su centro por motivos económicos”.
En cuanto al coste total estimado de concertar esas unidades, Sevilla ha señalado que sería “en torno a 27 millones de euros anuales, es absolutamente insignificante si se compara con los 10.255 millones de euros que la Junta de Andalucía ha destinado a educación en 2025”, es decir, “menos del 0,3 % del presupuesto educativo en Andalucía”.
“A pesar de disponer de un amplio margen presupuestario y de contar con todos los informes técnicos necesarios, el Gobierno ha decidido no avanzar ni un solo paso en la concertación del Bachillerato, rechazando sistemáticamente todas las solicitudes sin ofrecer una justificación razonable, y manteniendo así una situación de desigualdad y discriminación que perjudica directamente a miles de familias andaluzas”, ha sentenciado.
Por ello, Sevilla ha recalcado que “este bloqueo carece de fundamento técnico o financiero y solo puede explicarse por motivos políticos e ideológicos”. El parlamentario ha recordado que el Partido Popular de Andalucía “incluyó en su programa electoral de 2022 el compromiso de iniciar de manera progresiva la extensión de los conciertos a la etapa de Bachillerato”. Asimismo, Sevilla ha afirmado que en el acuerdo de investidura entre VOX y el Partido Popular en enero de 2019, Moreno Bonilla “se comprometió a habilitar progresivamente la implantación del Bachillerato en la educación concertada”. Sin embargo, Sevilla ha criticado que “más de seis años después ninguno de esos compromisos ha sido cumplido”. En este sentido, la proposición de VOX solicita al Gobierno de Moreno Bonilla “cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Investidura de 2019 y en el programa electoral del Partido Popular de 2022, fijando un calendario concreto y público de implantación progresiva de los conciertos de Bachillerato en toda Andalucía”.
Finalmente, Sevilla ha asegurado que Andalucía “necesita un gobierno que actúe con convicción, que defienda la libertad de las familias y que reconozca el valor y la contribución de la enseñanza concertada como parte esencial del sistema educativo”. Con esta iniciativa, VOX exige a Moreno Bonilla “defender el principio de libertad educativa y el derecho de las familias andaluzas a elegir libremente el modelo educativo de sus hijos, garantizando la coexistencia y la igualdad de trato entre la red pública y la concertada dentro del servicio público de educación”. El parlamentario ha concluido subrayando que “mantener el actual bloqueo supone discriminar a miles de alumnos y negar a las familias la posibilidad de elegir libremente el proyecto educativo que desean para sus hijos, vulnerando un derecho reconocido constitucionalmente”.