El portavoz de Vivienda de VOX, Carlos Hernández Quero, ha señalado que las regulaciones aprobadas en los últimos cinco o seis años han generado, a su juicio, una profunda inseguridad jurídica en el mercado del alquiler, con efectos directos sobre la oferta disponible y el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y rentas bajas.
Según Hernández Quero, desde la aprobación del denominado decreto 11/2020 y las posteriores reformas culminadas en la Ley de Vivienda, “se ha producido una retirada masiva de unidades del mercado de larga duración hacia otros usos”, como el alquiler de temporada o el alquiler por habitaciones. Esta reducción de oferta, sostiene, se ha producido además en un contexto de fuerte crecimiento demográfico, con más de tres millones de personas adicionales en los últimos años.
Para VOX, la combinación de menor oferta y mayor demanda ha provocado un encarecimiento de los precios y una situación de exclusión social que afecta de manera especial a los jóvenes. El portavoz subraya que muchos no pueden emanciparse o se ven abocados a compartir vivienda durante años. “El precio medio de una habitación en un piso compartido es hoy el que hace diez años costaba un piso completo”, ha afirmado.
Asimismo, Hernández Quero ha destacado que la edad media del inquilino en pisos compartidos ha pasado de situarse por debajo de los 30 años a alcanzar los 35, lo que, en su opinión, evidencia que no se trata únicamente de estudiantes, sino de adultos con su proyecto vital “bloqueado y empantanado”.
Desde VOX advierten también de las consecuencias en términos de estabilidad personal y salud mental, especialmente entre jóvenes que optan por el alquiler temporal y que, según el partido, se enfrentan a una espiral de precariedad y precios elevados.
Para la formación, la solución no pasa por “una vuelta de tuerca más a una regulación fallida”, sino por revertir las políticas que, a su juicio, han provocado la retirada de viviendas del mercado y el encarecimiento generalizado. En este sentido, Hernández Quero ha defendido que quienes han impulsado estas medidas “no deberían seguir legislando en materia de vivienda”, apostando por un cambio de rumbo que incremente la oferta y recupere la seguridad jurídica.