VOX ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza que impone la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en San Fernando, una iniciativa que ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El recurso ha sido formulado tanto por el Grupo Municipal de VOX en San Fernando como por el propio partido a nivel nacional, con la participación de sus servicios jurídicos y la implicación de la vicecoordinadora nacional, Marta Castro.
Desde VOX consideran que esta normativa responde a un planteamiento ideológico que limita la libertad de los vecinos y perjudica especialmente a las economías más vulnerables. En este sentido, señalan que la implantación de la ZBE supone nuevas restricciones a la movilidad, afectando a quienes no pueden asumir el coste de renovar su vehículo.
El portavoz del Grupo Municipal VOX en San Fernando, Carlos Zambrano, ha advertido en reiteradas ocasiones sobre el impacto negativo que esta ordenanza puede tener en la economía local, al introducir limitaciones que afectan directamente al comercio y a la actividad urbana.
Desde la formación se alerta de que la ZBE podría agravar la situación del comercio tradicional, especialmente en zonas emblemáticas como las calles Real, Rosario o San Rafael, donde se viene registrando un aumento de locales vacíos y cierres de establecimientos.
VOX subraya que el pequeño comercio desempeña un papel fundamental como motor de empleo, elemento de cohesión social y garante de la vida urbana, advirtiendo de que su desaparición conlleva procesos de degradación en los barrios.
Asimismo, critican que la ordenanza se haya implantado sin estudios técnicos suficientes que la respalden y sin medidas compensatorias para el comercio, lo que, a su juicio, puede tener consecuencias negativas para numerosos negocios.
El Grupo Municipal también denuncia que esta medida se suma a otras decisiones que han afectado al comercio de proximidad, como la reducción de plazas de aparcamiento en zonas comerciales o las dificultades urbanísticas para la modernización de locales.
En este contexto, VOX considera que la ZBE introduce un trato desigual entre el comercio urbano y las grandes superficies, que disponen de mayores facilidades de acceso y aparcamiento.
La formación concluye que las políticas medioambientales deben aplicarse desde criterios técnicos y de equilibrio, evitando restricciones que limiten derechos o perjudiquen la actividad económica y el empleo local.