El grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón ha reclamado “modificar el modelo de gestión de los centros de menas para que, en vez de estar gestionados de manera indirecta y mixta, pasen a estar gestionados directamente y supervisados por la consejería”. Así se ha expresado este jueves el diputado David Arranz. Ha añadido en sus demandas “revocar los convenios con las entidades y ONGs que se lucran y colaboran con el tráfico de personas”, mencionando los existentes con Accep, Apip Acam, Cepaim o Cruz Roja. “Si ellos no se hacen cargo de los menores que tienen acogidos, deberá revocarse ese convenio”, ha indicado.
Arranz ha analizado que los asuntos de “regular y supervisar la gestión de los centros de ‘menas’ y su régimen interno”, es algo a lo que “han renunciado las comunidades autónomas, al haber externalizado esta cuestión en entidades y ONGs pro inmigración ilegal”. “La dejación de funciones a este respecto provoca graves problemas de convivencia, delincuencia y criminalidad, así como agresiones contra los propios trabajadores, usuarios o instalaciones de estos centros, como hemos visto en el centro de menores de Juslibol, en la calle Comadre en Teruel o en el Centro de Atención a la Infancia Migrante (CATIM) de Torrero”, ha agregado.
Precisamente, respecto al CATIM de Torrero, Arranz ha acusado a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, de “evitar responder” respecto a si el ejecutivo autonómico “sigue tutelando al interno o internos que provocaron el incendio en el CATIM” que tuvo lugar el 20 de septiembre. “Sin embargo, la consejera Susín se salió por la tangente como es habitual y no aclaró si seguimos pagando la manutención, el alojamiento, los servicios sanitarios, el servicio de telefonía móvil, la ropa, las paguitas y las responsabilidades civiles a quienes han incendiado y dañado unas instalaciones del Gobierno de Aragón. Esto nos lleva a pensar que sí seguimos haciéndolo -en referencia a mantener la tutela-, y que entre todos los aragoneses seguimos concediendo lujos y privilegios a estos ‘menas’ que han provocado el incendio del CATIM de Torrero”.
Arranz ha expresado que ante “las preguntas procedentes y coherentes sobre las competencias propias del departamento que dirige Susín”, la consejera de Bienestar Social “viene mostrando en reiteradas ocasiones una actitud hostil, prepotente y de opacidad con las preguntas” formuladas por el grupo parlamentario de VOX.
Respecto a la protección de los trabajadores y educadores, ha calificado como “un poco vergonzoso” que la respuesta del Gobierno de Aragón sea “solicitar formalmente al Gobierno de España que considere dar acceso directo al sistema AlertCops a los trabajadores de los centros de protección y reforma de menores”, tal y como fue publicado en el portal del ejecutivo -‘Aragón Hoy’- el 1 de abril de este año. Arranz ha ironizado señalando que “un educador a quien le estén practicando un ‘mataleón’ puede estar seguro porque cuenta con una aplicación”.
Del mismo modo, Arranz ha reivindicado “la elaboración de un Decreto en el que se detallen las exigencias debidas de los reglamentos de régimen interno”, con el fin de “restar autonomías a los centros de menas”. Ha concluido insistiendo en la elaboración de pruebas de edad, en colaboración con la Fiscalía, porque “no tenemos que tutelar a ningún mayor de edad” y alcanzar acuerdos desde la comunidad de Aragón con terceros países para la repatriación de esos menores inmigrantes conforme faculta el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería”.