“Una polémica artificial”. Así se ha referido el diputado de VOX en las Cortes de Aragón, David Arranz, al cruce de mensajes entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España con motivo de las políticas migratorias durante esta semana, en un escenario en el que el ejecutivo autonómico anunció que recurriría “todos los actos normativos y administrativos que imponen reparto forzoso de menores”.
Arranz ha valorado que “PP y PSOE comparten la misma agenda globalista pro inmigración ilegal masiva, de fronteras abiertas y de efecto llamada”, y ha responsabilizado a ambas formaciones de“la degradación de barrios y poblaciones, el aumento de la inseguridad ciudadana con el incremento de delitos como robos, violaciones, agresiones o reyertas con armas”.
Respecto a la llegada prevista de cerca de 251 menores extranjeros no acompañados a Aragón, Arranz ha indicado que se trata de “un sucio negocio con el que se lucran las mafias del tráfico de personas y muchas de las ONGs, que colaboran con ellas en muchos casos, y que se dedican a acoger a inmigrantes ilegales, mayores y menores de edad, para lo que reciben altísimas cuantías de dinero público en ayudas y subvenciones”.
VOX exige retirar financiación a las ONGs
Ha comparado que “mientras los Gobiernos de Baleares, Región de Murcia o Comunidad Valenciana han recortado en sus presupuestos partidas a estas ONGs cómplices con las mafias que trafican con personas, el Gobierno de Aragón hace todo lo contrario”. Ha censurado que la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, acuda “rauda y veloz” a “reunirse esta semana con Accem, Fundación Cepaim, Apip-Acam, YMCA, Cruz Roja y la Fundación San Ezequiel Moreno”. “Todos los que hacen negocio a costa de quienes vienen como inmigrantes ilegales, muchas veces engañados, y que son verdaderas víctimas de esta siniestra industria”, ha lamentado. En consecuencia, ha definido al Gobierno de Azcón como “el más progre de los gobiernos del PP, el más izquierdista y el más peligroso contra sus propios ciudadanos”.
Ha criticado que la consejera Susín denuncie la “falta de transparencia del Gobierno de Sánchez”, cuando “al mismo tiempo, está negando información clara a este grupo parlamentario sobre el coste que supone para los aragoneses estas políticas imprudentes”. Según ha podido averiguar el grupo parlamentario VOX, “el coste de alojamiento o residencia en Aragón es de 111,45 € al día por mena, lo que hace un coste mensual por mena de 3.343,50 €”. Todo ello “sin incluir el gasto en educación, formación profesional, sanidad ni en responsabilidades civiles derivadas de delitos cometidos”, ha contextualizado Arranz.
Arranz también ha hecho referencia a la existencia de una circular de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón que alude a una “continua comisión” de hurtos y atracos que se producen “sin cesar” en Zaragoza, en un contexto en el cual “el perfil de los ladrones son jóvenes de origen magrebí”. “La fuente es la Policía Nacional, aunque ni la izquierda ni el PP vayan a reconocer jamás esta realidad y traten de demonizarnos”, ha apostillado.
Carta del Gobierno de Aragón a los ayuntamientos
Del mismo modo, el diputado por Huesca ha calificado de “espectáculo bochornoso” el hecho de que el Gobierno de Aragón “envíe una carta a los ayuntamientos para que acojan menas y recibiendo un rotundo rechazo como respuesta”. “Los aceptan, los recibimos y luego pretenden pasarle el marrón a los ayuntamientos que son instituciones con muchos menos recursos en comparación con un Gobierno autonómico”, ha analizado. En esta misma línea, ha agregado que “los alcaldes de distintos signos políticos los rechazan, pese a que primero se les llena la boca de solidaridad”, algo que ha atribuido a que “son unos hipócritas”. “Saben los problemas que acarrearán a sus vecinos y lo impopular que sería ofrecer su municipio para acogerlos. Nadie desea un centro de menas en su municipio”, ha remarcado.
Arranz ha hecho saber que “para VOX, estos menas deben estar con sus padres y familias, criarse en sus países y en sus culturas”. Ha incidido en la existencia de “acuerdos bilaterales entre España y Marruecos para la devolución y repatriación de estos menores en España, suscrito en 2007”, con un marco legal que “se amplió en 2021 y 2023”, por lo que “se debe exigir su cumplimiento”.
En su intervención, Arranz ha criticado que “el Gobierno de Aragón alardee de que está buscando pisos en el mercado de alquiler para menas”, a la par que “los alquileres y el acceso a la vivienda son casi prohibitivos para la mayoría de jóvenes aragoneses en un mercado escasísimo”. “Los pisos para menas los pagaremos entre todos”, ha lamentado.
Pruebas para determinar la edad
Arranz ha exigido realizar “las pruebas forenses de determinación de la edad, tal y como se hacía cuando estábamos en el Gobierno”. Ha recordado que, en enero de 2024, el entonces vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, informó que “entre el 85% y 90% de los supuestos menores extranjeros no acompañados en Aragón eran en realidad mayores de edad”, de acuerdo con las pruebas realizadas en el Instituto de Medicina Legal de Aragón. Por tanto, “el Gobierno de Aragón no tenía que tutelarlos”, ha concretado. Arranz ha explicado que “esa tutela implica que, si cometen delitos, el Gobierno de Aragón debe hacerse cargo de cuantiosas responsabilidades civiles derivados de esos delitos”. Ha puesto como ejemplo un “caso real”, en el que “los aragoneses terminaremos pagando 300.000 € que le solicitan a un argelino que causó lesiones a una anciana de 94 años, que se ha quedado casi vegetativa, a la que robó el bolso de un tirón”.
“El Partido Popular y, en este caso, el Gobierno de Aragón, sólo se quejan de falta de recursos, de que deben darles más dinero desde el Gobierno central, y que con 3,6 millones € sólo les sirve para acoger durante 3 meses a los menas que nos mandan. Sólo VOX va a la raíz de la cuestión. No queremos acoger más menas ni inmigrantes ilegales. Y no entramos en si son 251, 51 o 2.500. Está en juego la seguridad, la prosperidad y los servicios públicos de los aragoneses. Queremos su expulsión y repatriación. Billete de vuelta para todos ellos. A España sólo han de venir inmigrantes que respeten nuestras leyes, vengan legales, podamos asimilarnos en nuestro mercado laboral y sociedad, con voluntad de trabajar, adaptarse y respetar nuestra cultura”, ha concluido.