El diputado autonómico de VOX en las Cortes de Aragón y portavoz adjunto del grupo parlamentario, David Arranz, ha denunciado públicamente los costes económicos y sociales derivados de la tutela de inmigrantes que se hacen pasar por menores de edad y que son acogidos por el sistema autonómico de protección.
En una intervención reciente, Arranz recordó que, durante la etapa de VOX en el Gobierno de Aragón, con Alejandro Nolasco como vicepresidente, se implementaron pruebas de determinación de edad que revelaron que “entre el 85% y el 90% de los tutelados en centros de menores eran, en realidad, mayores de edad”.
El parlamentario advirtió de las graves implicaciones que esto supone para la administración autonómica:
“El Gobierno de Aragón tiene la obligación de tutelar a los menores y esa tutela implica unas responsabilidades enormes, incluyendo el pago de indemnizaciones por responsabilidad civil cuando estos cometen delitos”.
Como ejemplo, Arranz citó un caso ocurrido a principios de año en Zaragoza, donde un individuo acogido en un centro de menores, de nacionalidad argelina, fue detenido por un robo con violencia a una mujer de 94 años. La víctima quedó en estado de dependencia severa y los daños derivados alcanzan una reclamación de 300.000 euros de responsabilidad civil, que deberá asumir el Gobierno autonómico.
“Ese dinero lo pagamos todos los aragoneses, mientras nos ocultan estos hechos y se sigue alimentando un sistema que se ha convertido en un negocio a costa de la seguridad y el bienestar de nuestros mayores”, denunció Arranz.
Desde VOX, han insistido en la necesidad de realizar pruebas médicas obligatorias para verificar la edad de quienes se presentan como menores no acompañados y en la urgente reforma del sistema de tutela, para proteger tanto a los auténticos menores como a los recursos públicos de todos los ciudadanos.