El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid llevará al próximo Pleno una Proposición No de Ley (PNL) con la que exige al Gobierno de España transparencia e información detallada sobre los beneficios penitenciarios concedidos a miembros de la organización terrorista ETA.
Así lo ha anunciado el portavoz del PP en la Cámara regional, Carlos Díaz-Pache, quien ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “está cambiando presos por votos a espaldas de todos”, calificando esta situación como “corrupción de Estado”.
La iniciativa de los populares reclama frenar lo que consideran una política penitenciaria basada en “indultos encubiertos” motivados por razones de oportunidad política y solicita al Gobierno central que haga público el número de etarras que han recibido en los últimos siete años el tercer grado penitenciario o se han beneficiado del régimen de flexibilización, así como el número de permisos ordinarios y extraordinarios concedidos.
“Es inadmisible que quienes causaron el terror en nuestro país se estén beneficiando ahora de decisiones adoptadas por un Gobierno que solo busca mantenerse un minuto más en La Moncloa”, ha afirmado Díaz-Pache.
Exigencia de cumplimiento de la ley
El texto presentado por el Grupo Popular también exige que se acredite si los presos de ETA que han recibido estos beneficios penitenciarios cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, entre ellos el abandono efectivo del terrorismo, la colaboración real con las autoridades, el repudio expreso de la violencia y la petición de perdón a las víctimas.
Según el portavoz popular, si esta situación resulta “insoportable para todos los españoles”, lo es especialmente para las víctimas del terrorismo.
Asimismo, la iniciativa subraya la necesidad de garantizar la correcta aplicación del marco jurídico estatal en materia penitenciaria, reforzando los mecanismos de control y supervisión sobre las administraciones que han asumido competencias en esta materia para evitar prácticas que puedan desvirtuar la legislación vigente.
Refuerzo del control judicial
El Grupo Popular propone también dotar a la Fiscalía y a los órganos judiciales de vigilancia penitenciaria de los recursos necesarios para ejercer un control efectivo sobre la legalidad de las resoluciones adoptadas en este ámbito.
Finalmente, el PP insta a impulsar reformas legislativas que impidan la utilización de instrumentos excepcionales para conceder indultos encubiertos y que garanticen que la ejecución de las penas se rija exclusivamente por criterios legales, técnicos y objetivos.