El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Galapagar ha realizado balance del primer año de funcionamiento de la Oficina Municipal de Apoyo frente a la Ocupación, gestionada desde la Concejalía de Asuntos Judiciales, destacando el trabajo realizado para proteger la propiedad privada de los vecinos del municipio.
Desde VOX han insistido en la necesidad de endurecer las penas contra la okupación y la llamada inquiocupación, así como reformar la legislación actual para evitar los largos y costosos procesos de desahucio que sufren los propietarios.
La gestión de la oficina recae directamente en la Concejalía de Asuntos Judiciales, dirigida por VOX, que durante este primer año ha desarrollado labores de asesoramiento jurídico, atención presencial y coordinación con la Policía Local.
25 expedientes tramitados en el primer año
Durante estos doce meses, la Oficina Antiokupación ha tramitado 25 expedientes, ofreciendo orientación jurídica especializada y apoyo directo a los vecinos afectados por la ocupación ilegal o conflictos relacionados con el alquiler.
Los datos, según VOX, reflejan una realidad preocupante. El 48% de los casos atendidos corresponden a ocupaciones ilegales, mientras que un 21% están vinculados a conflictos de arrendamiento, conocidos como inquiocupación.
Además, desde la concejalía se ha impulsado la creación de un Registro de Viviendas en Riesgo y se han realizado diversas intervenciones para garantizar la convivencia vecinal.
VOX pide reformar la ley contra la inquiocupación
La concejal de VOX Elena Álvarez ha subrayado la necesidad de reformar la legislación para que la inquiocupación sea tratada como un delito y para frenar los procesos judiciales prolongados que afectan a los propietarios.
“En VOX trabajamos en el día a día judicial del municipio para defender a las familias y asegurar sus propiedades. El Ayuntamiento debe ser un escudo legal para los vecinos, no un mero observador”, ha afirmado.
Desde la formación han reiterado que seguirán impulsando medidas para proteger la propiedad privada y ofrecer apoyo legal a los vecinos afectados por la ocupación ilegal en el municipio.