Isabel Madera, delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento (VOX Bormujos), trabaja, desde que llegase al consistorio, en erradicar el problema de la ocupación ilegal que afecta al municipio de Bormujos.
Hace más de una década que uno de los barrios de la zona antigua de Bormujos se ha visto okupado de manera ilícita, frente a la impotencia de propietarios y vecinos. Viviendas unifamiliares, en su mayoría, edificadas en una sola planta, lo cual favoreció se convirtiese en la residencia de personas mayores y con ello, una zona de absoluta tranquilidad.
Esta okupación, inicialmente estuvo liderada por algunas familias, pero el efecto llamada de la Ley Sánchez y su negativa a endurecer la ley, ha provocado que se dupliquen las ocupaciones en el municipio sevillano. Según el IEE, las denuncias por este tipo de casos se han multiplicado por más de seis en los últimos 15 años y sólo en el periodo entre 2018 y 2024 han crecido un 34,5%.
“El problema de la okupación ilegal es que últimamente no sólo no se condena, sino que se están alimentando los derechos de los ocupas e inkiocupas por delante del de los propietarios”
Hay propietarios que han sido desposeídos de sus viviendas y, mientras los okupas disfrutan de sus propiedades, ellos se ven forzados a dormir en trasteros o a alquilar otros inmuebles. En algunos casos, incluso se han producido situaciones de narco-okupación, con pisos utilizados para el cultivo de marihuana. A esto se suma que muchos afectados ni siquiera pueden acceder a la indemnización prevista en el Real Decreto-ley antidesahucios, ya que las compensaciones suelen demorarse durante años o, directamente, no se otorgan.
Erradicarla como obligación
Madera insiste que no es deber sino obligación el erradicar la okupación ilegal por parte de las instituciones. “Siempre he denunciado la impunidad de la okupación ilegal y he exigido medidas contundentes para proteger la propiedad privada”
En su municipio, y desde su delegación de Urbanismo, se puso en marcha la maquinaria correspondiente que permite actuar en consecuencia. Se han auditado las viviendas de las zonas, se han solicitado los títulos habilitantes, se han reconocido la identidad de os okupas y, “ya se ha procedido a una desokupación”.
“Claro que podemos atajarlo y lo estamos atajando. Siempre he defendido que en estos barrios que se han visto degradados por la ocupación ilegal, tanto propietarios tienen que recuperar sus viviendas como vecinos tienen que recuperar la tranquilidad.”
La inkiocupación vs la solución al alquiler
El citado efecto llamada ha derivado en una mutación de la okupación en el ya acuñado término
inquiokupación referido a aquellos inquilinos que dejan de pagar la mensualidad y se niegan a abandonar el inmueble. Esta situación genera inseguridad jurídica para los propietarios y afecta directamente al mercado del alquiler.
Desde Urbanismo, ha manifestado Madera, se “sigue trabajando para buscar alternativas a la propiedad de vivienda a favor del alquiler”, pero los propietarios, temerosos de no poder recuperar su vivienda con rapidez en caso de impago, optan por no alquilar o lo hacen con condiciones más estrictas”
Como consecuencia, se reduce la oferta de viviendas disponibles en alquiler, especialmente en ciudades con alta demanda. Esto contribuye a un aumento generalizado de los precios y dificulta el acceso a una vivienda digna para amplios sectores de la población, especialmente jóvenes y familias con ingresos medios o bajos.
Además, los largos procesos judiciales necesarios para recuperar un inmueble okupado —que pueden extenderse durante meses o incluso años— suponen una carga emocional y económica para los propietarios, que a menudo deben seguir pagando hipotecas, suministros o impuestos sin poder usar ni disponer de su propia vivienda.
“Por ello desde Bormujos exijo endurecer la normativa, impedir el empadronamiento de ocupas, reforzar la seguridad jurídica y garantizar que los propietarios puedan recuperar sus viviendas en un plazo razonable”
Preocupante eco internacional
El eco de esta problemática llega a rotativas internacionales. El periódico británico Financial Times resalta en un reciente artículo titulado The eviction heavies stoking the fires of Spain’s property crisis que en 2024 se registraron en España 16.426 denuncias por okupación ilegal de viviendas, lo que representa un incremento del 7,4% respecto al año anterior. Esta cifra contrasta notablemente con los 124 casos reportados en Francia durante el mismo período, evidenciando una diferencia significativa entre ambos países.