La senadora del Partido Popular por Melilla, Isabel Moreno, ha afirmado que Melilla, al igual que el conjunto de España, “está pagando las consecuencias de una reforma judicial concebida para el anuncio político y el relato del ministro Bolaños y del sanchismo, y no para mejorar un servicio público esencial como la Administración de Justicia”.
“Donde debía haber planificación y orden, únicamente hay caos”, ha denunciado la dirigente popular, centrando su intervención en la situación de la Oficina Judicial de Melilla.
Una reforma sin medios ni refuerzos
Moreno ha criticado que la implantación del nuevo modelo se haya producido sin refuerzo de medios personales ni aumento de plazas de jueces y tramitadores, lo que, según ha señalado, ha provocado la ruptura de equipos estables y ha perjudicado la especialización.
“Se han cambiado despachos, denominaciones y organigramas, pero no se ha adoptado ninguna medida que agilice el dictado de sentencias”, ha subrayado.
La senadora también ha denunciado que durante la tramitación parlamentaria se introdujeron disposiciones “ajenas al objetivo de modernizar la justicia”, acusando al Ejecutivo de priorizar intereses políticos frente a la resolución de los problemas reales de los ciudadanos.
“¿Desde cuándo modernizar la Justicia es traspasar habilitados nacionales al País Vasco? ¿Desde cuándo mejorar la Justicia es satisfacer los intereses de radicales y golpistas? Eso es absolutamente miserable y es en lo que se ha convertido el sanchismo: pagar peajes y no resolver los problemas de los españoles”, ha afirmado.
Trabajadores y familias afectados
Moreno ha puesto como ejemplo la jurisdicción social, donde trabajadores despedidos esperan resoluciones que afectan directamente a su sustento, así como el orden civil, con procedimientos familiares sensibles que requieren agilidad.
En este sentido, ha insistido en la necesidad de “más medios y más recursos” para garantizar un servicio eficaz.
Batería de preguntas al Gobierno
La senadora ha anunciado que el Partido Popular registrará una batería de preguntas al Ejecutivo para conocer:
- Cuántos jueces y funcionarios había en Melilla antes de la reforma y cuántos hay actualmente.
- Qué refuerzos se han aprobado desde su entrada en vigor.
- Los tiempos reales de señalamiento.
- El número de procedimientos pendientes.
- Las incidencias detectadas desde su implantación.
Moreno ha trasladado el apoyo del Partido Popular a jueces, fiscales y funcionarios, reconociendo su labor “para sostener un servicio público esencial pese a la falta de medios”.
“El Partido Popular defenderá siempre la independencia judicial como garantía de igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. La oficina de Melilla no necesitaba cambiar los muebles ni las nomenclaturas; necesitaba más recursos. No más relato, sino más medios”, ha sentenciado.
Finalmente, ha exigido al Ministerio de Justicia que rectifique y ha advertido de que, si no lo hace, “lo hará un futuro Gobierno del Partido Popular presidido por Alberto Núñez Feijóo”.