“Entre el compromiso que figura en la escritura de compraventa del indiviso de una parcela de Empresarium por parte de Saltoki y lo que finalmente ha pagado el Ayuntamiento, hay 4 millones de € de diferencia que no sabemos por qué los ha pagado el Ayuntamiento”, ha afirmado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, julio Calvo, en la rueda de prensa sobre Saltoki. “Y es exactamente por eso -añadió- por lo que pedimos la comparecencia del consejero de Urbanismo, para que nos aclare de dónde salen esos 4 millones y por qué ha tenido que pagarlos el Ayuntamiento”.
Objeciones del Interventor
Las objeciones del Interventor han sido las siguientes:
- Si el contrato de emergencia está justificado:
1. Porque el informe del geólogo es de abril del 2022 y el contrato con la empresa encargada de los desmontes es de marzo del 2023.
2. Porque se ha prolongado en el tiempo más allá de lo que justificaría la resolución de una emergencia.
- Si en la fecha en que se contrató, el Ayuntamiento seguía siendo propietario del 20% del proindiviso o ya todo el terreno pertenecía a Saltoki. En esa fecha se había aprobado la venta pero no se había firmado la escritura.
- Si siendo propietario del 20% del proindiviso, le correspondía al Ayuntamiento pagar la totalidad de las obras de adecuación de la finca.
Vox añade otras dos objeciones
Julio Calvo ha añadido dos nuevas objeciones a la operación:
- Dónde y cómo se ha establecido ese acuerdo de adecuación de la totalidad de la finca y, si se ha adquirido, por qué se ha mantenido secreto a los grupos. De hecho, sólo se ha conocido por las objeciones formuladas por Intervención.
Entre las declaraciones genéricas contenidas en el acuerdo de reparcelación del año 2022, en donde Saltoki ya era propietaria de más del 60% del terreno, y en donde no se especificada quien habría de hacerse cargo de las obras de adecuación de la finca, y las contenidas en la escritura de compraventa del 20% del proindiviso en el año 2023 parece que media un acuerdo entre las partes, reflejado en la escritura, que no es el que finalmente se ha llevado a cabo.
En la escritura se valora el coste de esa intervención en un millón de euros (en números redondos), de los que se hace cargo el Ayuntamiento, contemplándose la posibilidad de que ese coste se incremente, del que también se haría cargo el Ayuntamiento. Se calculó el desmonte, no con una cifra aproximada sino absolutamente precisa de 463.803,64 metros cúbicos. Claramente, un acuerdo entre las partes, que no deriva directamente de las especificaciones contenidas en el acuerdo de reparcelación.
Pero al final ha resultado que a ese millón ha habido que añadir el doble de metros cúbicos de desmonte y cuatro millones más.
- Si las obras realizadas de desmonte y movimiento de tierras formaban parte de un compromiso adquirido, conocido y asumido por el gobierno municipal, ¿por qué ha habido que recurrir a un contrato de emergencia?“