Isabel Madera, delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Bormujos (VOX), lleva tiempo luchando contra la okupación ilegal, que afecta especialmente a un barrio antiguo del municipio, donde viviendas unifamiliares, antes de tranquilidad, se han convertido en foco de okupas. La situación ha empeorado por la Ley Sánchez, que ha duplicado los casos en el municipio y ha multiplicado por seis las denuncias en 15 años, con un aumento del 34,5 % solo entre 2018 y 2024.
Madera denuncia que la ley protege más a los okupas que a los propietarios, muchos de los cuales han perdido sus viviendas y sufren condiciones precarias. Además, algunas casas han sido usadas para actividades ilegales, como el cultivo de marihuana. Las indemnizaciones para los propietarios afectados suelen demorarse o no llegar.
Para Madera, erradicar la okupación ilegal no es opcional, sino una obligación institucional. Desde su delegación, se han auditado viviendas, identificado okupas y ya se ha realizado una desokupación, buscando devolver la tranquilidad a vecinos y la propiedad a los legítimos dueños.
También alerta sobre la “inkiokupación”, cuando inquilinos dejan de pagar y se niegan a marcharse, generando inseguridad jurídica y encareciendo el mercado del alquiler. Los largos procesos judiciales para recuperar viviendas afectan a propietarios, que deben seguir pagando hipotecas e impuestos sin poder usar sus inmuebles.
Madera pide endurecer leyes, impedir el empadronamiento de okupas y reforzar la seguridad jurídica para recuperar viviendas rápidamente. Esta problemática, que en 2024 registró más de 16.000 denuncias en España, ha tenido eco internacional, mostrando un grave contraste con países como Francia.