Mariano Federici – Ex titular de la Unidad de Información Financiera de la Nación (2016–2019), señaló que Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción en la causa «Vialidad», siga ejerciendo influencia política y se mencione como posible candidata, no es solo una afrenta a la integridad democrática. Es un riesgo macroeconómico real y presente para la Argentina.
Porque la corrupción, lejos de ser un problema moral abstracto, tiene consecuencias concretas y devastadoras sobre la economía:
- Distorsiona la competencia, premiando a quienes pactan con el poder y castigan a quienes cumplen la ley. El sistema deja de ser meritocrático y pasa a ser clientelar.
- Introduce capitales ilícitos, alterando los precios y destruyendo la transparencia de los mercados.
- Erosiona la seguridad jurídica, porque quienes deberían estar cumpliendo condenas siguen amparados por fueros y estructuras de poder, como es el caso de Cristina.
- Disuade la inversión privada, clave para el crecimiento sostenido y la generación de empleo. ¿Quién apostaría por un país donde los corruptos gobiernan?
- Incrementa el riesgo país, porque los inversores leen correctamente que la impunidad política debilita el Estado de Derecho.
- Revive traumas históricos, alimentando el recuerdo de los saqueos, el default, el populismo irresponsable y la degradación institucional.
- Alienta otras formas de criminalidad, debilitando la protección legal y física de los activos.
- Destruye la institucionalidad y la Justicia, pilares esenciales para cualquier economía previsible, estable y confiable.
En un país donde una ex presidenta condenada por corrupción puede aún disputar el poder, el mensaje que se transmite al mundo es claro: en Argentina, el crimen paga. Y eso, lejos de atraer inversiones o promover el desarrollo, desalienta el progreso y condena al país a la decadencia.
Cristina Fernández de Kirchner debería estar cumpliendo su condena y reparando el daño causado al Estado, no operando políticamente desde las sombras ni diseñando candidaturas.
La corrupción no puede ser legitimada con votos.
La justicia no puede ser negociada con impunidad.
Y la economía no puede despegar si el poder protege a quienes la han saqueado.
Si queremos una Argentina previsible, segura y con crecimiento sostenido, los corruptos deben rendir cuentas. No competir en elecciones.