El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado la injusticia manifiesta del modelo de financiación autonómica que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez, al advertir de que el aumento de fondos “no implica en absoluto que estos se distribuyan de manera equitativa entre las comunidades autónomas”.
Martínez-Almeida ha señalado que la aplicación del llamado principio de ordinalidad en Cataluña supone, en la práctica, un trato discriminatorio hacia otras comunidades como Madrid. “Si Cataluña aporta la tercera y recibe la tercera, el resto no recibe lo mismo. Es así de sencillo”, ha afirmado, para subrayar que este criterio solo se aplica a Cataluña y no a Madrid.
“El problema no es que aumenten los fondos, sino cómo se reparten”, ha explicado el alcalde, que ha puesto el foco en el dato que resume la desigualdad del sistema: los madrileños reciben un 40% menos de financiación per cápita que los catalanes para prestar los mismos servicios públicos.
“Las necesidades de un dependiente en Madrid son exactamente las mismas que las de un dependiente en Cataluña. Las necesidades de transporte público o de servicios sociales también lo son”, ha argumentado, insistiendo en que la financiación debe ir en función de las personas y no de acuerdos políticos al margen del interés general.
Martínez-Almeida ha recalcado que Madrid no reclama la aplicación del principio de ordinalidad para sí, porque el Partido Popular no defiende un modelo insolidario, pero sí exige que no se discrimine a unas comunidades frente a otras. “Lo que no se puede hacer es aplicar un criterio en Cataluña y negarlo en Madrid”, ha señalado.
En este sentido, ha advertido de que el sistema planteado por el Gobierno es “manifiestamente injusto”, ya que las comunidades con mayor capacidad económica seguirán aportando más, mientras que las menos ricas recibirán menos recursos, rompiendo el principio de solidaridad interterritorial.
“El Gobierno tendrá que explicar por qué un madrileño recibe un 40% menos de recursos públicos por persona que un catalán para los mismos servicios”, ha concluido Martínez-Almeida, subrayando que más fondos no significa más justicia si no hay una distribución equitativa.