El Grupo Parlamentario VOX ha presentado una Proposición No de Ley en el Parlamento de Canarias para rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales, impulsada por el Gobierno de España mediante real decreto, sin debate ni votación parlamentaria.
VOX denuncia que no se trata de un hecho aislado, sino parte de una dinámica recurrente del bipartidismo, responsables de más de 1,2 millones de regularizaciones en los últimos años. Estas políticas no han resuelto la inmigración ilegal, sino que han generado un efecto llamada permanente, debilitando el principio de legalidad y trasladando el mensaje de que incumplir la ley tiene recompensa, en perjuicio de quienes cumplen los procedimientos legales.
La iniciativa alerta del grave impacto social, económico y en seguridad que provoca la inmigración ilegal masiva: saturación de los servicios públicos, aumento de la presión sobre la vivienda, incremento del gasto público y deterioro de la convivencia en barrios y municipios. VOX rechaza, además, el argumento de que la inmigración ilegal sea necesaria para sostener el sistema de pensiones. Los datos y estudios oficiales lo desmienten: informes elaborados en países con una larga tradición de análisis del impacto fiscal de la inmigración, como Dinamarca y los Países Bajos, concluyen que la inmigración poco cualificada genera un déficit estructural sostenido, incluso a largo plazo y en segundas generaciones. Lejos de aliviar el sistema, incrementa el gasto público y agrava el desequilibrio, desmontando el relato de que la inmigración masiva es una solución económica o social.
VOX considera especialmente grave que el Gobierno utilice estas políticas con fines ideológicos y electorales, ignorando la emergencia habitacional, el paro y la inseguridad que padecen los españoles, y anteponiendo su agenda política al bienestar general.
Por todo ello, la Proposición No de Ley insta a rechazar cualquier regularización masiva, auditar las concesiones de nacionalidad, repatriar a los inmigrantes ilegales, deportar a quienes delincan, establecer la prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios públicos, eliminar subvenciones a organizaciones que fomenten la inmigración ilegal y poner fin a todas las políticas de efecto llamada.
VOX defiende una política migratoria legal, ordenada y firme, ajustada a las necesidades reales del mercado laboral, con respeto a la ley, a la seguridad y a la sostenibilidad del Estado del Bienestar, y deja claro que España no puede asumir más inmigración ilegal ni nuevas regularizaciones.