La portavoz adjunta de Economía del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Pilar Alía, ha acusado al Gobierno de ampliar “de forma alarmante” el alcance de la limitación de precios al incluir en el nuevo Real Decreto la posibilidad de actuar ante “otras circunstancias sobrevenidas” que serán determinadas de manera discrecional por el Consejo de Ministros.
Alía ha criticado que el Ejecutivo vuelva a legislar por la vía de urgencia y sin consenso parlamentario, “esta vez para limitar precios en situaciones de emergencia”, y ha advertido de que la medida, lejos de resolver los problemas logísticos derivados del accidente de Adamuz, supone “un grave ataque a la libertad de empresa” y genera una notable inseguridad jurídica.
La dirigente popular ha recordado que la legislación vigente ya contemplaba mecanismos suficientes para actuar ante situaciones de urgencia, tanto a través de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios como mediante la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
En su opinión, el nuevo decreto permite al Gobierno decidir “cuándo, dónde, en qué sectores y durante cuánto tiempo se fijan precios máximos”, sin criterios técnicos claros, sin memoria económica y sin informes independientes que avalen la medida.
Alía ha alertado de que la fijación de precios puede provocar consecuencias graves, como reducción de la oferta, escasez de productos y servicios, desincentivo a la inversión, deterioro de la calidad y aparición de mercados paralelos. Además, ha advertido de que pone en riesgo al tejido productivo formado por autónomos, pymes, agricultores y ganaderos, que podrían verse obligados a operar a pérdidas.
Asimismo, ha señalado que la norma podría vulnerar el artículo 38 de la Constitución, que protege la libertad de empresa dentro de la economía de mercado, y entrar en conflicto con la normativa europea si no se justifica adecuadamente su proporcionalidad ni su impacto económico.
A juicio de la portavoz adjunta de Economía, el “intervencionismo” del Ejecutivo no solucionará los problemas estructurales ni las dificultades de movilidad derivadas de la emergencia, sino que pone en peligro el tráfico económico y aumenta la inseguridad jurídica en un momento especialmente delicado para familias y empresas.
“Cuanto más tarde se corrijan estas políticas improvisadas del Gobierno, mayor será el coste económico para España”, ha concluido.