La procuradora de VOX por Valladolid reclama en las Cortes de Castilla y León una reorganización efectiva del transporte sanitario que priorice tiempos de respuesta en los núcleos rurales, frente a los anuncios propagandísticos de la Junta.
La procuradora de VOX por Valladolid en las Cortes de Castilla y León, Rebeca Arroyo Otero, ha reclamado este viernes una reorganización urgente y efectiva del sistema de transporte sanitario, especialmente en los núcleos rurales, donde —según ha denunciado— los tiempos de respuesta siguen siendo críticos y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.
“Cada minuto salva vidas. Pero en demasiados pueblos de nuestra región esos minutos condenan, no salvan”, ha afirmado la procuradora, que ha criticado duramente los discursos triunfalistas de la Junta sobre inversiones y rankings. “Se ha hablado de millones, de helicópteros, de ratios… pero en una urgencia lo que importa es el tiempo de llegada, no los anuncios”.
Arroyo ha exigido que “cada euro del presupuesto se traduzca en menos tiempo de espera y más vidas salvadas” y ha rechazado lo que calificó como “propaganda autonómica”. En su intervención ha pedido que se hable menos de presupuestos y más de “tiempos clínicamente seguros”, reclamando un modelo sanitario que ponga realmente a los medios al servicio de las personas y del territorio.
“La Junta debe dejar de hablar de ambulancias y empezar a hablar de reorganización real, con criterios médicos y de urgencia, para que nadie esté en desventaja por vivir lejos de la capital”, ha declarado.
La procuradora de VOX denunció que hoy, en Castilla y León, vivir en un pueblo de Soria, Ávila o Zamora puede significar tener menos posibilidades de sobrevivir a un infarto que quien vive al lado de un hospital. “Si los helicópteros no vuelan de noche, si falta una segunda UME, si no hay soporte vital básico en Ólvega… entonces el sistema no está donde debe estar: al servicio de la gente”.
Arroyo finalizó su intervención reiterando que VOX está en las Cortes “para exigir soluciones reales” y para defender la igualdad de derechos sanitarios de todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde residan.
