Rebeca Arroyo Otero, procuradora de Vox por Valladolid en las Cortes de Castilla y León, ha expresado hoy sus dudas sobre la efectividad del nuevo presupuesto autonómico en materia sanitaria, subrayando la ausencia de medidas claras y concretas para abordar los principales problemas del sistema de salud en la comunidad.
Durante su intervención, Arroyo advirtió que “no sabemos si este presupuesto va a servir para atajar los problemas más importantes de la sanidad en Castilla y León, como las largas listas de espera, el déficit de profesionales sanitarios o la mejora de la atención sanitaria en las zonas rurales”. Además, criticó la falta de programación detallada sobre el destino de los fondos asignados, señalando que “vemos muchas generalidades y falta de inclusión en las ayudas destinadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan a miles de castellanos y leoneses”.
Entre las carencias destacadas por la procuradora se encuentran reivindicaciones que Vox considera urgentes, como el aumento de matronas en atención primaria, la incorporación de enfermeras escolares en todos los centros educativos y la inclusión de enfermeras geriátricas en la relación de puestos de trabajo. También reclamó el refuerzo de especialidades como fisioterapia, logopedia y psicología en atención primaria, recordando que Castilla y León es una de las pocas comunidades autónomas que aún no ha incorporado psicólogos a este nivel asistencial.
Asimismo, Arroyo lamentó la ausencia de planes específicos para enfermedades de alta incidencia como el cáncer de próstata, las patologías cardiovasculares o la obesidad, y subrayó la necesidad de una mejora sustancial en los cuidados paliativos. Finalmente, expresó su preocupación por el impacto que el aumento de la presión migratoria podría tener sobre el sistema sanitario y exigió “un control férreo sobre las tarjetas sanitarias expedidas a no residentes en España”.
Estas demandas se alinean con el programa económico y social de Vox, que aboga por reforzar los servicios públicos esenciales, garantizar la equidad territorial y proteger la sostenibilidad del sistema sanitario frente a las amenazas derivadas de la presión migratoria y la mala gestión presupuestaria.
