Manuel Rodríguez denuncia multas abusivas y falta de estudios técnicos que avalen su uso.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Manu Rodríguez, ha denunciado la imposición de la baliza V16 como una medida discriminatoria, poco comunicada y perjudicial para el bolsillo de los ciudadanos. VOX exige que se suspenda su obligatoriedad hasta contar con estudios independientes que certifiquen su eficacia.
Un coste innecesario para las familias
VOX advierte de que esta obligación impone un nuevo gasto a las familias y empresas españolas. La simple ausencia de la baliza en el vehículo puede conllevar una multa de 80 euros, mientras que en caso de no usarla correctamente ante un incidente, la sanción puede llegar hasta los 200 euros.
“Es una imposición más contra el bolsillo del contribuyente, en un momento económico delicado”, ha enfatizado Rodríguez.
Falta de comunicación y dudas sobre su eficacia
El portavoz de VOX también ha señalado que el Gobierno no ha informado adecuadamente a los ciudadanos sobre la entrada en vigor de esta medida. A esto se suman las dudas expresadas por asociaciones técnicas y de seguridad vial que cuestionan la efectividad del dispositivo, especialmente en condiciones de alta luminosidad.
Rodríguez ha citado literalmente algunas de estas valoraciones: “De día, no se ve”.
VOX pide suspender la norma hasta que se demuestre su utilidad
Ante esta situación, VOX propone suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos, independientes y concluyentes que avalen su eficacia en situaciones reales de climatología adversa y baja visibilidad.
Además, la formación exige que se siga permitiendo el uso de los tradicionales triángulos reflectantes como medida válida para señalizar emergencias en carretera.
VOX insiste en que no se deben imponer nuevas normas que impliquen cargas económicas innecesarias sin haber demostrado su utilidad. “Los españoles necesitan soluciones eficaces, no multas ni parches impuestos sin consenso ni pruebas”, concluyó Manu Rodríguez.
Rodríguez Pardo exige un plan de ayudas para los comerciantes afectados por la obra paralizada.
El portavoz de VOX en San Cristóbal de La Laguna, Manuel Rodríguez Pardo, ha presentado en el Pleno una moción para exigir responsabilidades y acciones inmediatas ante la paralización y el retraso de las obras del Barranco La Carnicería, “que están generando graves perjuicios económicos y sociales al comercio local y a los vecinos de la zona”, ha señalado.
Rodríguez Pardo ha recordado que esta obra del soterramiento del Barranco de la Carnicería ha pasado por presupuestos generales y no se ha llevado a término. Sin embargo, “en enero nos encontramos con toda la fanfarria, se hizo un anuncio, los concejales fueron allí, se pusieron un casco amarillo y sacaron fotos e hicieron una representación ante la prensa”, ha señalado el edil.
El portavoz de VOX ha lamentado que, a pesar de que en ese momento se cerró aquel espacio y se quitaron unos 200 aparcamientos, “hasta julio esa obra ha estado completamente parada”. “A principios de julio nos encontramos, sorpresivamente, con que aparecen tres obreros y una pala mecánica que estuvo más de un mes allí con solo tres operarios haciendo unos movimientos de tierra realmente mínimos”, ha señalado Rodríguez Pardo, y añade: “Tras varias quejas por parte de los vecinos ha aparecido la instalación de los famosos micropilotes”.
Rodríguez Pardo ha denunciado que solo hay una máquina instalando esos micropilotes “cuando podemos decir abiertamente que somos una de las provincias que tiene mayores infraestructuras de construcción y, sin embargo, se está utilizando tan solo una máquina para introducir los micropilotes”. “Los vecinos del entorno, sobre todo los que tienen negocios, los que ven su facturación reducirse, temen despedir gente, incurrir en deudas y posiblemente incluso cerrar, incluso la bancarrota”, ha afirmado el concejal.
El edil de VOX ha recordado que en el artículo 32.1 de la Ley 40/2015 se reconoce el derecho a ser indemnizado por daños derivados del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y que en el artículo 34.1 de la misma norma se establece que esa responsabilidad patrimonial requiere un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado. “Y, a continuación, el artículo 125 de la Ley de Expropiación Forzosa nos recuerda la obligación de la expropiación indirecta cuando una actuación pública provoca una afectación grave, continuada y específica sobre una actividad económica”, afirma, y añade: “Eso creo que, en justicia, deberíamos compensar”.
Por todo ello, Rodríguez Pardo ha exigido al grupo de gobierno la habilitación inmediata de aparcamientos alternativos y accesos provisionales con el objetivo de mitigar el impacto que la paralización y el retraso de la obra están causando en el comercio local; entregar a un órgano técnico independiente un informe urgente que evalúe los daños económicos ocasionados a comerciantes y autónomos con el fin de establecer un plan de compensaciones, exenciones fiscales y ayudas directas; exigir la publicación de un calendario oficial, realista y verificable de la ejecución de la obra, con plazos concretos, finalizaciones y compromisos firmes, de modo que los vecinos y los comerciantes no sigan padeciendo una situación de indefinición y retraso, así como solicitar la creación de una mesa de seguimiento de la obra con participación de representantes municipales con el fin de garantizar la transparencia de la información periódica y la búsqueda de soluciones conjuntas.
Manuel Rodríguez Pardo: «Centros ilegales sin consulta: vecinos silenciados».
El pasado jueves, 18 de septiembre, se celebró el Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en el cual, el portavoz de VOX, Manuel Rodríguez Pardo, presentó dos mociones. Por un lado, Rodríguez Pardo solicitó la participación ciudadana para la apertura y mantenimiento de centros de acogida de inmigrantes ilegales y, por otro lado, Rodríguez Pardo propuso la mejora del aparcamiento del Centro de Atención Especializada (C.A.E.) de San Benito.
En relación con la primera moción, el portavoz de VOX propuso que los vecinos fueran consultados sobre la apertura y cierres de múltiples centros de acogida de inmigrantes ilegales y de menores no acompañados (MENA) en cada barrio. Rodríguez Pardo destacó que estas decisiones “afectan directamente a la convivencia, la seguridad y la identidad de los barrios”, y añadió: “Las políticas de inmigración masiva impuestas por el bipartidismo y Coalición Canaria han demostrado ser un absoluto fracaso que ha disparado la inseguridad y degradado la convivencia en nuestros barrios”.
Además, la propuesta solicitaba también la elaboración de informes públicos sobre el impacto social, económico y de seguridad de estos centros, el refuerzo policial en las zonas afectadas y la creación de una comisión de seguimiento con participación vecinal. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la mayoría del Pleno.
Rehabilitación y asfaltado integral del aparcamiento del Centro de Atención Especializada de San Benito
En cuanto a la segunda moción relativa a la rehabilitación y asfaltado integral del aparcamiento del Centro de Atención Especializada de San Benito, fue presentada como una medida para garantizar la seguridad y accesibilidad de los usuarios. El portavoz de VOX aseguró que se encuentra “en un avanzado estado de deterioro, con la aparición de grietas, socavones e irregularidades que dificultan especialmente el acceso a personas con movilidad reducida”.
Esta moción fue aprobada por unanimidad.