El Grupo VOX ha denunciado la situación de la alcaldesa de El Boalo, Soledad Ávila Ribada, quien se encuentra actualmente investigada judicialmente por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la adjudicación de contratos públicos a familiares directos.
Según las informaciones publicadas, estas adjudicaciones habrían superado los 135.000 euros mediante contratos menores otorgados a seis familiares —tres hermanos, una cuñada y dos sobrinos— durante su etapa al frente del gobierno municipal entre los años 2015 y 2023.
Desde VOX recuerdan que estas posibles irregularidades ya fueron puestas en conocimiento en el año 2019 por su grupo municipal, que alertó entonces de la existencia de contrataciones a familiares directos dentro del Ayuntamiento.
Asimismo, el grupo señala que, en un pleno municipal celebrado recientemente, la alcaldesa abandonó la sesión durante el punto en el que se debatían facturas vinculadas nuevamente a familiares. Esta circunstancia provocó que la votación se llevara a cabo bajo la presidencia de la teniente de alcalde.
Por otro lado, diversas informaciones apuntan a que el Partido Socialista Obrero Español habría expulsado a la alcaldesa en diciembre de 2025 junto a sus ediles, tras la moción de censura que la llevó a la Alcaldía.
VOX considera que estos hechos reflejan una grave falta de transparencia en la gestión municipal y ha exigido explicaciones, así como la asunción de responsabilidades políticas ante una situación que, según la formación, afecta a la confianza de los vecinos en las instituciones.
En línea con los principios recogidos en su programa económico y de gestión pública, VOX defiende la necesidad de reforzar los mecanismos de control, transparencia y eficiencia en las administraciones públicas para evitar prácticas que puedan derivar en irregularidades o trato de favor .
