VOX ha registrado iniciativas en las Cortes de Castilla y León y en la Diputación Provincial de Segovia para instar al Gobierno de España a suspender la obligatoriedad de la baliza V‑16, ante la ausencia de estudios independientes que acrediten su eficacia en materia de seguridad vial y el impacto económico que esta medida supone para familias y empresas españolas.
El Grupo Parlamentario VOX ha presentado en las Cortes de Castilla y León y en la Diputación Provincial de Segovia una iniciativa para exigir la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V‑16, cuya entrada en vigor está prevista por el Real Decreto 159/2021 y la Instrucción MOV 2025/1 de la Dirección General de Tráfico (DGT). En la institución provincial, la moción será debatida en el próximo pleno ordinario de diciembre.
La formación política sostiene que esta obligación impone una carga económica innecesaria a millones de familias y empresas españolas, especialmente en un contexto de inflación y encarecimiento del coste de la vida, sin que exista una justificación técnica sólida ni estudios independientes que avalen su eficacia real en seguridad vial.
La procuradora de VOX por Segovia en las Cortes de Castilla y León, Susana Suárez, ha denunciado la clara desigualdad normativa que introduce esta obligación, al aplicarse únicamente a los vehículos matriculados en España, mientras los vehículos matriculados en el extranjero quedan exentos del mandato.
Por su parte, el diputado provincial de VOX en Segovia, Pedro Varela, ha señalado la incapacidad del Gobierno para ayudar a las familias en momentos económicamente difíciles. “La obligación de utilizar la baliza V‑16 impone una carga económica injustificada para los segovianos, que ya tienen bastantes problemas como consecuencia de las políticas de este Gobierno y del bipartidismo”, ha declarado.
VOX también ha puesto de manifiesto la deficiente comunicación del Ejecutivo sobre esta norma: una gran parte de los conductores desconoce su entrada en vigor y las sanciones vinculadas, lo que está provocando la compra de dispositivos no homologados y el consecuente riesgo de sanciones. Además, han planteado dudas técnicas sobre la visibilidad real de la baliza, su ineficacia en vehículos industriales, su dependencia de conectividad móvil y su comportamiento en condiciones meteorológicas adversas.
La formación ha advertido, igualmente, de que la obligatoriedad de la baliza V‑16 puede fomentar comportamientos contrarios a los protocolos de seguridad vial, como permanecer dentro del vehículo tras una avería, algo que incrementa el riesgo de sufrir accidentes graves.
Varela ha recalcado el impacto económico de esta medida en la provincia de Segovia: “Si tenemos en cuenta que hay unos 115.000 vehículos matriculados y un coste medio por baliza de unos 30 euros, con un IVA del 21 %, esta medida supone al menos **600.000 euros que el Gobierno detrae directamente de los bolsillos de los segovianos, para además ponerlos en peligro por su menor visibilidad frente a los tradicionales triángulos de emergencia”.
