El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Móstoles ha mostrado su disconformidad tras el rechazo, este jueves, de la moción que presentó para solicitar la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V16, prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2026. La propuesta fue desestimada tras el voto en contra de los grupos de izquierda y la abstención del Partido Popular.
La portavoz de VOX, Nieva Machín, defendió la iniciativa durante su intervención en el Pleno, subrayando que la exigencia de la baliza V16 constituye una medida única en España que no se aplica en países de nuestro entorno —como Francia, Alemania, Italia o Portugal— y que, por tanto, plantea un agravio comparativo injustificado.
Machín denunció que la obligatoriedad de este dispositivo crea una situación de desigualdad entre conductores españoles, que deben adquirir y llevar activada la baliza bajo multa de 80 euros, y conductores extranjeros, que no están obligados a hacerlo pese a circular por las mismas vías, sin que ello suponga, según indicó, un peligro evidente.
La portavoz de VOX también puso en duda la base técnica del dispositivo, recordando la ausencia de estudios independientes concluyentes que demuestren su eficacia real, especialmente en condiciones meteorológicas adversas o zonas sin cobertura de conectividad. Además, advirtió de posibles riesgos para la seguridad vial, al sustituir un sistema tradicional como los triángulos de emergencia, cuyo uso está respaldado por protocolos nacionales e internacionales de seguridad, por un dispositivo que podría fomentar que el conductor permanezca en el interior del vehículo a la espera de asistencia.
Desde VOX Móstoles se lamentó que tanto la izquierda como el Partido Popular, con su abstención, hayan decidido no apoyar una iniciativa que, en su opinión, planteaba una alternativa más razonable y flexible ante una normativa estatal que consideran improvisada y costosa para las familias.
Para VOX, la obligación de la baliza V16 no constituye una medida de seguridad clara ni necesaria, sino una imposición que genera costes adicionales al ciudadano sin justificación técnica sólida ni exigencia comunitaria, y que debería ser revisada o suspendida en favor de soluciones más prácticas y consensuadas.
