El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado hoy la profunda contradicción entre el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus decisiones políticas, especialmente en lo relativo a la lucha contra la corrupción y a la defensa del feminismo, pilares con los que justificó su llegada a La Moncloa tras la moción de censura.
Almeida ha recordado que Sánchez accedió al poder bajo dos premisas:
- combatir la corrupción,
- y reforzar el compromiso con el feminismo.
Sin embargo —ha subrayado— ambas promesas “han quedado completamente desacreditadas por los hechos”.
El alcalde ha puesto como ejemplo que el candidato socialista en Extremadura, presentado ayer por Sánchez, está procesado y pendiente de la apertura de juicio oral, lo que cuestiona la coherencia del PSOE en materia de ejemplaridad pública. “Ese es su concepto de lucha contra la corrupción”, ha señalado.
Almeida ha incidido también en el caso de Francisco Salazar, exasesor del Gobierno denunciado por conductas de carácter sexual inapropiadas, subrayando la relación de cercanía con el presidente del Gobierno:
“Solo desde esa relación personal se entiende la protección que ha recibido Salazar”.
Según Almeida, si Sánchez —como secretario general del PSOE— hubiera ordenado que el partido remitiera el caso a la Fiscalía, se habría hecho de inmediato, pero “no se adoptó ninguna medida” porque “fue el propio presidente quien dio la instrucción de frenar las denuncias internas”.
El alcalde ha insistido en que esta situación es especialmente grave porque afecta a quien se autoproclama “abanderado del feminismo”:
“Lo verdaderamente sorprendente es que el presidente del Gobierno no haya ordenado presentar ya una denuncia ante la Fiscalía por las conductas atribuidas a Salazar”.
Martínez-Almeida también ha señalado que esta actitud se repite en otros casos vinculados a dirigentes socialistas, recordando episodios que afectan a personas del entorno político de Sánchez y que han derivado en investigaciones judiciales.
Finalmente, el alcalde ha reclamado transparencia, responsabilidad política y coherencia, denunciando que en España “todavía no se ha explicado por qué el caso Salazar sigue sin alcanzar a la Fiscalía, pese a la gravedad de los hechos denunciados”.
