Cuca Gamarra denuncia colapso, inseguridad jurídica y desprotección de los ciudadanos tras la implantación precipitada de la conocida como ‘Ley Bolaños’
El Partido Popular ha registrado la petición de comparecencia urgente del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ante el desconcierto, colapso y caos que está provocando la implantación de su Ley de Eficiencia de la Justicia, una reforma que impone un nuevo modelo de organización de los tribunales y cuyos efectos negativos ya habían sido advertidos por el PP y por los profesionales del sector judicial.
La situación se ha agravado tras la implantación obligatoria de la tercera fase de los tribunales de instancia, ejecutada al cierre del año conforme a un calendario “poco realista” y marcado por la precipitación, lo que ha generado graves consecuencias en el funcionamiento de la Justicia. Apenas quince días después, el Partido Popular denuncia un atasco generalizado, así como desconcierto y colapso en los órganos judiciales, fruto de la improvisación y el descontrol absoluto del Gobierno.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha advertido de que “el Gobierno quería llegar al 1 de enero de 2026 con una foto, aunque le diera igual que la Justicia funcionara”. En este sentido, ha reprochado al ministro Bolaños haber intentado reorganizar la Justicia de espaldas a jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, que son quienes sostienen el sistema cada día.
Gamarra ha exigido explicaciones urgentes al ministro de Justicia y que detalle qué medidas piensa adoptar de forma inmediata para corregir los problemas generados por su ley. “Esto no es eficiencia de la Justicia, sino desmontar el sistema sin alternativa”, ha denunciado.
Bloqueo, inseguridad y desprotección al ciudadano
El Partido Popular lleva meses alertando de la inseguridad jurídica, el bloqueo del sistema, las dificultades entre operadores jurídicos y las disparidades interpretativas que está provocando la implantación de esta norma, con retrasos, disfunciones y vulneraciones de los derechos de los ciudadanos. Todo ello está llevando a situaciones absurdas en materia de reparto, custodia y separación de tareas dentro de los juzgados.
Ya en el mes de octubre, el Grupo Popular impulsó una iniciativa para exigir al Ejecutivo la modificación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), con el objetivo de evitar que se convirtieran en un nuevo elemento de bloqueo y garantizar unidad de criterios en todo el territorio nacional, mediante protocolos claros, directrices homogéneas y formación específica para los operadores jurídicos.
Más recursos para el sistema judicial
Para Cuca Gamarra, la Ley de Eficiencia Judicial impulsada por Bolaños constituye “otro desastre legislativo del Gobierno” y ha reclamado eliminar obstáculos y reforzar medios para mejorar la Justicia, frente a una legislación que está generando inseguridad jurídica y a un Ejecutivo que no dota al sistema de los recursos humanos y presupuestarios necesarios.
Asimismo, ha criticado que el presidente del Gobierno esté pactando y troceando la financiación autonómica con un separatista que ni siquiera gobierna, mientras no ofrece recursos ni acuerdos a las comunidades autónomas para mejorar los servicios públicos esenciales, entre ellos la Justicia, o para paliar la situación crítica de determinados juzgados, como los de violencia contra la mujer.
Precisamente en esta materia, el PP alerta de que la ‘Ley Bolaños’ está teniendo un efecto disuasorio en las víctimas, ya que en muchos casos las mujeres se ven obligadas a desplazarse más de 80 kilómetros para interponer una denuncia o declarar contra su agresor. Tanto el Partido Popular como asociaciones y profesionales del ámbito judicial han denunciado reiteradamente estos efectos perversos, sin que el ministro haya adoptado medida alguna.
