La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha arremetido contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que supone “un riesgo para la seguridad” y ha anunciado que el PP activará una ofensiva parlamentaria para evitar que el proceso de regularización de inmigrantes se convierta en un “coladero” de delincuentes.
Gamarra ha adelantado que el Grupo Popular pondrá en marcha mañana y el miércoles una batería de iniciativas parlamentarias que incluyen la exigencia de ejecución efectiva de expulsiones, el rechazo al real decreto de regularización y una interpelación urgente a la ministra de Inclusión, Elma Saiz.
Asimismo, ha anunciado que el PP incorporará una enmienda a la Ley contra la Multirreincidencia en el Senado para impedir que se admita la declaración responsable “bajo ningún supuesto” y reforzar los controles de antecedentes penales de quienes soliciten la regularización.
La dirigente popular ha mostrado su preocupación ante una política migratoria “sin rumbo”, que —según ha denunciado— está convirtiendo a España en “un paraíso para las mafias que trafican con seres humanos”. En este sentido, ha advertido de que el Ejecutivo pretende una “regularización masiva” que podría superar los 1,2 millones de personas en situación irregular, según cifras de la Policía Nacional, “sin ni siquiera exigir un certificado de antecedentes penales”.
“Las mafias y los delincuentes con este Gobierno están de enhorabuena”, ha afirmado, subrayando que el proceso planteado por el Ejecutivo no exige contrato de trabajo ni formación, lo que lo convierte en “un proceso automático”.
Gamarra ha señalado que todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han presentado alegaciones a una norma que, a su juicio, “va a colapsar aún más los servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda”. Ha recordado que, aunque la inmigración es competencia exclusiva del Estado, “las consecuencias de la regularización recaen directamente sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos”.
Frente a este modelo, el Partido Popular defiende una inmigración “ordenada, legal y humana”, con límites y reglas claras, basada en “mano dura contra las mafias y la delincuencia, y mano tendida a quien venga a prosperar y trabajar”.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional ha asegurado que el PP hará “todo lo que esté en su mano” para frenar una situación que, en su opinión, responde a que “Sánchez compra su supervivencia política con la seguridad de todos”.
En otro orden de cosas, Gamarra ha mostrado el reconocimiento y la solidaridad del Partido Popular con la Policía Nacional, que hoy se manifiesta para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Asimismo, ha cuestionado la continuidad de varios ministros ante los escándalos que afectan al Gobierno y ha denunciado que el Ejecutivo dedica su tiempo a “tapar su corrupción política, económica e institucional”.
Finalmente, ha avanzado que la dirección nacional del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón para facilitar acuerdos coherentes con el mandato de las urnas y evitar repeticiones electorales, subrayando que el PP es “un partido serio” que actuará con responsabilidad institucional.
