El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Guillermo Mariscal, ha advertido a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, de que su gestión energética “destruye empleos, compromete la economía y el bienestar y aleja la industria de España”, calificándola de “fracaso rotundo”.
Diez meses después del gran apagón del 28 de abril de 2025, Mariscal ha recriminado al Gobierno que no haya ofrecido una explicación clara y veraz sobre lo ocurrido. A su juicio, el Ejecutivo se ha escondido “tras informes y contrainformes” con el objetivo de generar confusión y diluir responsabilidades.
El diputado popular ha cuestionado que, si el sistema estaba tan bien como sostiene el Gobierno, por qué se modificó el mix eléctrico y ahora la energía nuclear vuelve a considerarse estratégica; por qué los consumidores han asumido un sobrecoste superior a 1.100 millones de euros debido al mayor uso de gas; por qué se ha desperdiciado energía renovable; o por qué se ha aprobado la compra de compensadores síncronos para aportar control de tensión al sistema.
“Todos esos cambios son el reconocimiento explícito, por la vía de los hechos, de que convirtieron en frágil un sistema que era robusto, tan frágil que colapsó”, ha afirmado Mariscal, quien ha señalado que el Gobierno y la presidenta de Red Eléctrica arrastraron al país a “un suicidio energético”.
Asimismo, ha defendido que, si la central de Almaraz hubiera estado funcionando al cien por cien el día del apagón y el Ejecutivo no hubiera actuado “contra las leyes de la física ni guiado por el fanatismo climático”, el colapso no se habría producido.
Mariscal ha extendido sus críticas a la política hídrica del Ejecutivo, citando como ejemplo que existen 350.000 viviendas pendientes de entrega por falta de conexión a la red eléctrica o la paralización de infraestructuras hidráulicas en comunidades como Castilla y León.
El Partido Popular reitera su apuesta por una política energética y de agua basada en criterios técnicos, estabilidad regulatoria y garantía de suministro para proteger el empleo, la competitividad industrial y el bienestar de los ciudadanos.