La presidenta del Partido Popular de Gipuzkoa y parlamentaria vasca, Muriel Larrea, ha advertido del incremento de la criminalidad en Euskadi y ha reclamado mayor transparencia en la gestión de la seguridad pública. Según ha señalado, los datos correspondientes a 2025 reflejan un récord histórico de infracciones penales, con 143.000 delitos registrados, lo que supone una media de 390 delitos al día en el conjunto del País Vasco.
Larrea ha mostrado su preocupación por el impacto de estas cifras en la percepción de seguridad de los ciudadanos y ha afirmado que “Euskadi ya no es ese territorio seguro del que presumíamos”, insistiendo en la necesidad de analizar las causas y adoptar medidas eficaces para revertir esta situación.
En este sentido, ha puesto el foco en los delitos contra la libertad sexual, que afectan especialmente a las mujeres. La dirigente popular ha subrayado la magnitud del problema señalando que el número de víctimas registradas permitiría llenar varias veces instalaciones deportivas como el polideportivo Artaleku, lo que refleja la dimensión social de esta problemática.
Durante su intervención, Larrea también ha cuestionado la eficacia de las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres y ha preguntado “dónde están los resultados de las políticas y subvenciones destinadas a prevenir y paliar esta violencia”, en referencia al trabajo desarrollado por organismos como Emakunde.
Asimismo, ha criticado la falta de transparencia en algunos ámbitos de la gestión pública. En concreto, ha recordado que recientemente en el Ayuntamiento de Irún se debatió una iniciativa para publicar datos sobre la procedencia de los autores de delitos, propuesta que finalmente no salió adelante.
Para la presidenta del PP de Gipuzkoa, disponer de información completa es fundamental para diseñar políticas de seguridad eficaces. “Si no conocemos con exactitud los datos y las circunstancias en las que se producen los delitos, será mucho más difícil adoptar medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos”, ha afirmado.
Finalmente, Larrea ha defendido la necesidad de reforzar las políticas de prevención, mejorar la coordinación institucional y garantizar que las administraciones públicas ofrezcan respuestas eficaces ante el aumento de la criminalidad.