El Partido Popular destaca que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España.
Tal y como anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid ha decidido acudir a la vía judicial ante una norma que, a su juicio, genera un impacto directo en los servicios públicos sin la correspondiente financiación.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha solicitado además la suspensión cautelar del decreto.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid sostiene que esta medida “afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños”, al tiempo que advierte de la ausencia de mecanismos de financiación y provisión de recursos.
Asimismo, considera que el decreto podría contravenir la normativa de la Unión Europea y plantea implicaciones en materia de seguridad nacional.
