El Grupo Parlamentario de VOX ha registrado una proposición no de ley para garantizar la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en España. La iniciativa, presentada para su debate en la Comisión de Interior, vincula el incremento de la criminalidad con la inmigración masiva y el denominado “efecto llamada” impulsado por el Gobierno.
En su exposición de motivos, VOX subraya que, pese a representar el 14,06% de la población, los extranjeros concentraron el 30,93% de las penas de prisión en 2024. En el caso de los delitos graves, con condenas superiores a cinco años, el porcentaje asciende al 55,23%, lo que, según la formación, refleja una sobrerrepresentación en este tipo de delitos.
Asimismo, el grupo parlamentario denuncia el impacto económico que supone el mantenimiento de la población reclusa extranjera, estimando un coste cercano a los 750 millones de euros para el año 2025.
VOX atribuye esta situación, entre otros factores, a la reforma del Código Penal de 2015 y a la aplicación del concepto jurídico de “arraigo”, que, según sostiene, ha reducido de forma significativa las expulsiones judiciales. En 2024, se ejecutaron 1.338 expulsiones frente a cerca de 23.000 casos susceptibles de esta medida, lo que representa menos del 6%.
En este contexto, la formación critica una “dejación de funciones” por parte de las administraciones y advierte de las consecuencias que, a su juicio, tiene esta situación en términos de seguridad.
La iniciativa presentada incluye varias propuestas, entre ellas la reforma del artículo 89 del Código Penal para garantizar la expulsión de extranjeros condenados, la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión pendientes, el refuerzo del régimen sancionador en materia de extranjería y la publicación de datos sobre el origen de los infractores en los balances de criminalidad.
Además, VOX plantea fortalecer la cooperación internacional para que los ciudadanos extranjeros condenados en España cumplan sus penas en sus países de origen mediante acuerdos bilaterales.
