Actualidad Política

11 de mayo de 2026

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El diputado de VOX en las Cortes de Aragón, David Arranz, ha defendido la necesidad de reforzar el control de fronteras y apostar por una inmigración “legal y ordenada”, subrayando que España debe poder decidir quién entra en el país y en qué condiciones.

Durante su intervención, Arranz ha señalado que es fundamental garantizar que las personas que acceden al territorio lo hagan cumpliendo los requisitos legales, incluyendo la verificación de antecedentes y la intención de integrarse en la sociedad. En este sentido, ha insistido en que la inmigración debe ir acompañada de la capacidad del país para ofrecer oportunidades reales.

El diputado ha advertido de que, en la actualidad, existe una fuerte presión sobre los recursos públicos, recordando que España cuenta con cerca de tres millones de desempleados y que, en Aragón, alrededor del 21% de las familias se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

En este contexto, Arranz ha defendido la aplicación del principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, vivienda pública y otros recursos, argumentando que deben destinarse en primer lugar a quienes tienen arraigo y han contribuido al sistema.

Asimismo, ha señalado la necesidad de establecer criterios claros en la concesión de ayudas públicas, vinculados al tiempo de residencia y a la contribución económica, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de los recursos.

Por otro lado, ha reiterado la postura de su formación respecto a la expulsión de personas que cometan delitos o que no cumplan con los requisitos legales, así como la importancia de favorecer la integración de quienes sí contribuyen al desarrollo social y económico.

Finalmente, Arranz ha subrayado que estas medidas responden, a su juicio, a criterios de “sentido común”, orientados a garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y el bienestar de la población.

La diputada del Partido Popular en el Congreso, Ana Vázquez Blanco, ha denunciado la “opacidad” del Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse la respuesta oficial del Ejecutivo a una solicitud parlamentaria de documentación sobre el proceso de regularización masiva de inmigrantes.

“Acojonante”, ha expresado Vázquez Blanco en sus redes sociales, donde ha criticado duramente que el Gobierno haya decidido declarar “secreta o reservada” toda la documentación e informes relacionados con esta regularización extraordinaria.

Según la respuesta remitida por el Ejecutivo al Congreso de los Diputados, el Ministerio del Interior asegura que los documentos solicitados están afectados por la legislación sobre materias clasificadas y que, conforme a dicha normativa, determinados informes y acuerdos tienen la consideración de “SECRETO o RESERVADO”.

Además, el Gobierno reconoce que al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “no le consta la existencia” de los informes solicitados por los diputados del Partido Popular.

Para Ana Vázquez, esta situación evidencia una “gravísima falta de transparencia” por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“El Gobierno acaba de declarar secreto o reservado todos los informes y documentación sobre la regularización masiva de inmigrantes”, ha denunciado.

La diputada popular también ha criticado que el Ministerio del Interior “no envió ningún informe al Ministerio de Inclusión” durante el proceso de elaboración de la reforma normativa vinculada a la regularización extraordinaria.

“Nos ocultan el número, los antecedentes penales y policiales hasta dentro de 35 años”, ha advertido Vázquez Blanco, quien ha acusado al Ejecutivo de actuar “con total oscurantismo”.

Desde el Partido Popular han reclamado al Gobierno explicaciones inmediatas sobre los criterios utilizados para clasificar esta documentación y han exigido transparencia sobre un asunto “de enorme relevancia para la seguridad, la política migratoria y el control de fronteras”.

Asimismo, el PP ha insistido en que los ciudadanos tienen derecho a conocer el alcance real de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia migratoria y ha advertido de que seguirá utilizando todos los mecanismos parlamentarios para fiscalizar la actuación del Gobierno.

El Grupo Parlamentario de VOX ha registrado una proposición no de ley para garantizar la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en España. La iniciativa, presentada para su debate en la Comisión de Interior, vincula el incremento de la criminalidad con la inmigración masiva y el denominado “efecto llamada” impulsado por el Gobierno.

En su exposición de motivos, VOX subraya que, pese a representar el 14,06% de la población, los extranjeros concentraron el 30,93% de las penas de prisión en 2024. En el caso de los delitos graves, con condenas superiores a cinco años, el porcentaje asciende al 55,23%, lo que, según la formación, refleja una sobrerrepresentación en este tipo de delitos.

Asimismo, el grupo parlamentario denuncia el impacto económico que supone el mantenimiento de la población reclusa extranjera, estimando un coste cercano a los 750 millones de euros para el año 2025.

VOX atribuye esta situación, entre otros factores, a la reforma del Código Penal de 2015 y a la aplicación del concepto jurídico de “arraigo”, que, según sostiene, ha reducido de forma significativa las expulsiones judiciales. En 2024, se ejecutaron 1.338 expulsiones frente a cerca de 23.000 casos susceptibles de esta medida, lo que representa menos del 6%.

En este contexto, la formación critica una “dejación de funciones” por parte de las administraciones y advierte de las consecuencias que, a su juicio, tiene esta situación en términos de seguridad.

La iniciativa presentada incluye varias propuestas, entre ellas la reforma del artículo 89 del Código Penal para garantizar la expulsión de extranjeros condenados, la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión pendientes, el refuerzo del régimen sancionador en materia de extranjería y la publicación de datos sobre el origen de los infractores en los balances de criminalidad.

Además, VOX plantea fortalecer la cooperación internacional para que los ciudadanos extranjeros condenados en España cumplan sus penas en sus países de origen mediante acuerdos bilaterales.

El Partido Popular ha criticado la política migratoria del Gobierno y ha advertido de los riesgos de la regularización masiva aprobada por el Ejecutivo.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha calificado esta medida de “chapuza” y “coladero”, señalando que “el mismo Gobierno que genera el problema nos vende la solución”.

El Partido Popular considera que el decreto de regularización “está diseñado para convertirse en un coladero”, especialmente tras reconocer el propio Ejecutivo que las personas que no sean regularizadas no serán expulsadas. En este sentido, Ezcurra ha advertido de que se trata de “una regularización para todo el mundo”.

Asimismo, el Partido Popular ha subrayado que, bajo el actual Gobierno, la inmigración irregular ha aumentado significativamente, y ha cuestionado que sea el mismo Ejecutivo quien impulse ahora medidas para corregir una situación que, a su juicio, ha contribuido a generar.

La vicesecretaria ha recordado que el Partido Popular apoyó la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular “por respeto a las más de 700.000 firmas”, pero presentó enmiendas para garantizar una regularización ordenada, con tramitación individualizada, vinculación a un contrato de trabajo y control de antecedentes.

El Partido Popular denuncia que el Gobierno no logró los apoyos necesarios y optó por aprobar la medida “por la puerta de atrás”, sin consenso ni garantías suficientes.

Frente a ello, el Partido Popular defiende un modelo migratorio basado en la legalidad, el control y la capacidad de decisión del Estado sobre quién entra y en qué condiciones, con criterios claros que garanticen la seguridad y la convivencia.

Asimismo, Ezcurra ha defendido el respeto a la independencia judicial y ha pedido que se deje trabajar a jueces y magistrados sin injerencias políticas.

El Partido Popular reafirma su compromiso con una política migratoria responsable, ordenada y basada en el respeto a la ley y a los procedimientos democráticos.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha avanzado el rechazo del Partido Popular a la regularización masiva de inmigrantes que prevé aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que el PP utilizará “todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos, tanto a nivel nacional como europeo, para denunciar esta decisión”.

Ezcurra ha defendido una política migratoria basada en el equilibrio entre solidaridad y legalidad, subrayando que “ni brazos abiertos sin orden ni puños cerrados sin compasión”. En este sentido, ha afirmado que España debe ser un país abierto, pero con normas claras: “quien venga a aportar será bienvenido, pero siempre bajo el paraguas de la ley”.

La dirigente popular ha advertido de que la regularización genera incertidumbre, al no conocerse el número de personas afectadas ni sus circunstancias, y ha alertado de que este tipo de medidas pueden incentivar la inmigración irregular y favorecer a las mafias.

Asimismo, ha señalado que esta iniciativa cuenta con el rechazo de distintas instituciones, como el Congreso, el Senado o comunidades autónomas, así como de organismos europeos, y ha cuestionado la falta de información sobre su impacto económico y administrativo.

En el plano europeo, Ezcurra ha valorado positivamente los resultados electorales en Hungría, destacando el papel del Partido Popular Europeo en la defensa del Estado de derecho y las libertades.

Por otro lado, ha mostrado su respeto a la actuación de la Justicia en relación con el procesamiento de Begoña Gómez, subrayando la importancia de la transparencia institucional.

La vicesecretaria popular también ha criticado el funcionamiento del Congreso de los Diputados, denunciando el bloqueo de iniciativas parlamentarias y defendiendo la necesidad de garantizar el normal desarrollo de la actividad legislativa.

Finalmente, Ezcurra ha expresado su preocupación por la política exterior y penitenciaria del Gobierno, reclamando mayor coherencia en la acción internacional y en la gestión de asuntos sensibles.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado ante sus socios europeos la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, advirtiendo de que la regularización masiva impulsada por el Ejecutivo “se está adoptando en contra del criterio común de Europa y de la voluntad expresada por el Congreso de los Diputados y el Senado”.

Feijóo ha señalado que esta decisión supone que “España está exportando un problema migratorio al conjunto de la Unión Europea”, defendiendo la necesidad de recuperar el control sobre las fronteras. En este sentido, ha propuesto que España y Europa tengan capacidad de decisión sobre quién entra y en qué condiciones, así como establecer controles efectivos sobre los antecedentes penales y policiales de quienes acceden al territorio.

El líder del PP ha afirmado que “Europa debe ocuparse de su realidad demográfica porque no hay Europa sin europeos”, subrayando que la solución no pasa por el descontrol migratorio, sino por una política ordenada, legal y coordinada entre los Estados miembros.

En materia de política exterior y seguridad, Feijóo ha defendido que el compromiso con la OTAN debe ser “inequívoco”, lamentando que en el seno del Gobierno español existan partidos con posiciones contrarias a la Alianza Atlántica. Asimismo, ha destacado que la OTAN es el principal instrumento para garantizar la seguridad en ambos lados del Atlántico.

El presidente del Partido Popular ha apelado a la responsabilidad de los países europeos para impulsar la contención, la desescalada y la diplomacia como vías para resolver los conflictos internacionales, insistiendo en que “la barbarie se vence con sensatez”.

Feijóo ha advertido también de que “no cabe buscar acomodo en las tiranías” y ha defendido que ningún país europeo debería aceptar el respaldo de regímenes autoritarios. En este contexto, ha afirmado que “el lugar de España no es al lado de Nicolás Maduro o Delcy Rodríguez”, sino con la paz, la democracia y la libertad.

En el ámbito energético, ha señalado que el apagón del pasado año anticipa un error estratégico en la política energética, comprometiéndose a mantener tecnologías que garanticen una potencia firme y advirtiendo de que España no debe repetir errores en esta materia.

Finalmente, Feijóo ha reafirmado el compromiso europeísta del Partido Popular, destacando que la Unión Europea no es solo un mercado o una moneda, sino un proyecto político basado en valores que deben respetarse en todo momento. Asimismo, ha apelado a la confianza en un partido que ha sido clave en la integración europea de España y que mantiene un firme compromiso con el proyecto comunitario.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido que el Partido Popular apuesta por una política migratoria basada en el orden, la legalidad y la integración a través del empleo. En este sentido, ha subrayado que el PP quiere que “la gente que venga a trabajar a España sea con un contrato de trabajo”, en línea con los sistemas aplicados en la mayoría de países europeos, así como la devolución a sus lugares de origen de quienes cometan delitos.

Muñoz ha afirmado que “el Partido Popular va a poner orden, humanidad y legalidad en algo muy importante como es la inmigración”, en coherencia con los principios del Estado de Derecho, la seguridad y la igualdad ante la ley que defiende el partido .

En materia de vivienda, la portavoz popular ha criticado la gestión del Gobierno, al que acusa de estar “promoviendo la okupación ilegal”, lo que, a su juicio, está reduciendo la oferta de vivienda tanto en alquiler como en venta y agravando el acceso a la vivienda para los ciudadanos.

Asimismo, ha cuestionado los anuncios del presidente del Gobierno en materia de construcción de vivienda, señalando la falta de coherencia en las cifras ofrecidas. “Unos días habla de 80.000 viviendas, otros de 500.000, luego 20.000, y cada vez que hay un caso de corrupción, anuncia viviendas o cambia el foco del debate”, ha denunciado.

Respecto a los acuerdos autonómicos entre el Partido Popular y otras formaciones, Muñoz se ha mostrado convencida de que se configurarán gobiernos estables que respondan a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. “Es imposible que en una comunidad donde la gente quiere un gobierno de derechas no vaya a haber un gobierno de derechas. Nadie lo entendería”, ha afirmado.

El Partido Popular reafirma así su compromiso con políticas que garanticen la seguridad jurídica, el acceso a la vivienda y una inmigración regulada y vinculada al empleo, pilares fundamentales de su proyecto político y de su modelo de país.

El Partido Popular ha advertido de los riesgos para la seguridad derivados de los procesos de regularización impulsados por el Gobierno, así como de la falta de transparencia en materia migratoria.

La portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, ha alertado de que el comisario europeo de Interior ya ha advertido de que los inmigrantes regularizados en España no podrán asentarse en otros países de la Unión Europea, aunque sí podrán circular libremente.

“Considera que España no puede convertirse en un punto débil para la seguridad, ni para nuestro país ni para el conjunto de la Unión Europea”, ha señalado.

Advertencias sobre seguridad

Muñoz ha recordado que documentos oficiales, como la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, ya alertan de posibles conexiones entre redes yihadistas y el tráfico de personas.

“El Partido Popular denuncia la doble vara de medir del Gobierno: lo que reconocen en documentos oficiales lo niegan cuando lo señala la oposición”, ha afirmado.

Falta de transparencia del Gobierno

La portavoz popular ha criticado la falta de información sobre el número de personas que han obtenido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática.

“El Partido Popular lleva meses solicitando datos sin obtener respuesta, lo que refleja una preocupante opacidad del Ejecutivo”, ha indicado.

En este sentido, ha anunciado la presentación de una solicitud de amparo en el Congreso para exigir al Gobierno que facilite esta información.

Críticas a la regularización masiva

Muñoz ha cuestionado la regularización impulsada por el Ejecutivo, advirtiendo de que se está llevando a cabo sin controles suficientes y sin alinearse con el Pacto de Asilo e Inmigración de la Unión Europea.

“El Partido Popular defiende una política migratoria ordenada, con garantías y dentro del marco europeo”, ha subrayado.

Otros asuntos de actualidad

La portavoz del GPP también ha abordado otras cuestiones:

  • Ha criticado la falta de coherencia del Gobierno en materia de libertad religiosa
  • Ha defendido la importancia de la OTAN para la seguridad de España
  • Ha respaldado la comisión de investigación sobre RTVE para garantizar la transparencia
  • Ha señalado avances en las negociaciones políticas en distintas instituciones

Compromiso con la seguridad y la transparencia

El Partido Popular reafirma su compromiso con la seguridad, la transparencia institucional y el respeto a las normas europeas, defendiendo una gestión responsable y eficaz de los asuntos públicos.

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