Dolors Montserrat acusa al Gobierno de incumplir el Pacto Migratorio europeo.
La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de incumplir el Pacto Europeo de Migración y Asilo y le ha exigido que lo aplique de inmediato para identificar a los menores que permanecen en Ceuta.
Durante una entrevista en La mirada crítica de Telecinco, Montserrat ha recordado que las instituciones europeas aprobaron el Pacto Migratorio y de Asilo de la Unión Europea y ha defendido que Europa debe decidir quién puede entrar en su territorio, frente a la actuación de las mafias dedicadas al tráfico de personas.
Identificación individual de los menores
Montserrat ha reclamado al Ejecutivo que identifique individualmente a las personas llegadas a Ceuta para determinar quiénes son menores de edad y conocer cuáles se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
“Tenemos que saber quiénes son menores y no menores, saber qué menores son vulnerables y no vulnerables”, ha señalado la secretaria general del PPE.
La dirigente popular ha acusado al presidente del Gobierno de eludir su responsabilidad ante una crisis que, según ha advertido, todavía no ha sido resuelta.
El Partido Popular defiende el cumplimiento de la legislación y una política migratoria ordenada, responsable y coordinada con las instituciones europeas, que permita proteger a los menores vulnerables, combatir a las mafias y garantizar la seguridad de las fronteras.
El Gobierno rechazó el apoyo europeo
Montserrat ha denunciado que el Ejecutivo no defendió adecuadamente la frontera española ni solicitó la ayuda disponible de la Unión Europea.
“La Unión Europea tiene todos los recursos, Frontex y Europol, pero Sánchez se ha negado a recibir todo este apoyo de Europa”, ha afirmado.
Según la secretaria general del PPE, las instituciones comunitarias se ofrecieron desde el primer momento a colaborar con España, pero el Gobierno no aceptó ese respaldo.
Montserrat ha reiterado que el Pacto Europeo de Migración y Asilo está vigente y debe aplicarse, y ha reprochado a los socialistas españoles su oposición a esta normativa durante su tramitación europea.
El PP lleva la crisis de Ceuta a Europa
La dirigente popular ha destacado que la delegación española del PP en Europa ha impulsado la reunión de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo para analizar la situación de Ceuta.
“Hemos liderado esta reunión, hemos pedido la comparecencia del comisario de Interior de la Unión Europea y también comparecerá el presidente Vivas para que explique lo que de verdad está pasando en Ceuta, porque la crisis no ha pasado”, ha explicado.
Montserrat ha censurado la ausencia de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz y les ha reclamado que ofrezcan explicaciones sobre la gestión de la frontera y las decisiones adoptadas durante la crisis.
El PP exige respuestas y responsabilidades
La secretaria general del PPE ha reclamado al Ejecutivo que aclare por qué no atendió las advertencias del Centro Nacional de Inteligencia, por qué no respondió a las peticiones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y qué medidas adoptó para reforzar la protección de la frontera.
También ha reprochado a Sánchez que no permita debatir la reforma de la Ley de Extranjería presentada por el Partido Popular en el Congreso y que evite someterse al control parlamentario.
“Sin respuestas y sin asunción de responsabilidades, esto puede volver a pasar”, ha advertido Montserrat.
El Partido Popular exige una política migratoria seria, europea y responsable, con fronteras protegidas, identificación individual, atención a las personas vulnerables y colaboración efectiva con Frontex, Europol y el resto de las instituciones comunitarias.
Rodríguez Almeida: «La inseguridad no es algo espontáneo»
El diputado de VOX por Las Palmas y portavoz municipal de la formación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Rodríguez Almeida, ha denunciado las consecuencias que, a su juicio, están provocando las políticas migratorias impulsadas por el bipartidismo.
Rodríguez Almeida ha difundido en sus redes sociales una infografía titulada «Consecuencias de las políticas migratorias de Sánchez», en la que VOX recopila diferentes sucesos registrados durante los primeros días de julio de 2026 en varias localidades españolas.
«La criminalidad y la inseguridad de nuestras calles no son algo espontáneo, sino la consecuencia directa, advertida por VOX desde el principio, de la política de puertas abiertas que han promovido populares y socialistas en Bruselas», ha afirmado el diputado.
VOX recopila varios sucesos ocurridos en julio
La imagen difundida por Rodríguez Almeida recoge nueve episodios atribuidos a ciudadanos extranjeros ocurridos entre el 1 y el 5 de julio en Valladolid, Burgos, Bilbao, Hospitalet de Llobregat, Benidorm, Valdemoro, Lugo y Urretxu.
Entre los casos mencionados figuran detenciones por robos, agresiones, delitos sexuales y ataques con arma blanca. La infografía los presenta como ejemplos de las consecuencias de las políticas migratorias del Gobierno.
El material compartido no incorpora referencias directas a comunicados policiales o resoluciones judiciales para cada uno de los sucesos, por lo que estos se presentan como una recopilación elaborada y difundida por VOX.
Críticas a las políticas de PP y PSOE en Bruselas
Rodríguez Almeida ha responsabilizado tanto al PSOE como al PP de haber respaldado en las instituciones europeas políticas migratorias que, según sostiene, debilitan el control de las fronteras y perjudican la seguridad ciudadana.
El diputado considera que la situación actual no es inevitable y defiende que España todavía puede modificar estas políticas.
VOX lleva años reclamando una política migratoria basada en el cumplimiento de la ley, el control de las fronteras y la protección prioritaria de la seguridad de los españoles.
Para Rodríguez Almeida, populares y socialistas comparten la responsabilidad por haber mantenido un modelo migratorio que la formación considera fallido.
Rodríguez Almeida alerta sobre el fundamentalismo religioso
El representante de VOX también ha advertido de los riesgos que, a su juicio, supone la expansión de modelos religiosos y culturales contrarios a la igualdad entre hombres y mujeres y a las libertades propias de las sociedades occidentales.
Rodríguez Almeida ha señalado como referencia la evolución social experimentada en países como Francia y el Reino Unido, donde considera que el fundamentalismo religioso ha generado problemas de integración y convivencia.
El diputado sostiene que España no está condenada a reproducir esos escenarios y reclama preservar su identidad, sus valores y su modelo de convivencia.
VOX defiende la continuidad de la nación española
Rodríguez Almeida ha concluido reivindicando el papel histórico de España y defendiendo la necesidad de proteger la nación frente a las consecuencias de las políticas migratorias de PP y PSOE.
Según ha manifestado, todavía existe margen para revertir las decisiones adoptadas en España y en las instituciones comunitarias.
El diputado ha defendido la preservación de una nación española que, en sus palabras, proyectó desde el Nuevo Mundo unos valores vinculados a la libertad y la prosperidad.
Con esta publicación, Rodríguez Almeida insiste en una de las principales líneas políticas de VOX: relacionar la defensa de las fronteras, la seguridad ciudadana y la continuidad histórica y cultural de España.
Navarra estalla en cifras: extranjeros figuran en el 62,96% de los delitos sexuales.
La Fundación Disenso ha publicado su Informe N.º 30, titulado “Inmigración, criminalidad y seguridad de las mujeres”, un estudio que analiza la relación entre los flujos migratorios, la criminalidad y la seguridad de las mujeres en España, con especial atención a la Comunidad Foral de Navarra.
El informe se apoya en datos oficiales procedentes del Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial, instituciones policiales autonómicas y nacionales y administraciones penitenciarias. Según la Fundación Disenso, el crecimiento de la población de origen extranjero coincide con una evolución preocupante de determinados indicadores de criminalidad, especialmente los vinculados a los delitos contra la libertad sexual.
De acuerdo con los datos de la Policía Foral de Navarra recogidos en el estudio, los extranjeros figuraron como presuntos autores del 62,96% de los delitos sexuales registrados en la Comunidad Foral en 2025. Además, fueron identificados como responsables del 73,3% de los homicidios y del 71,77% de los robos cometidos en Navarra durante el año analizado.
El informe subraya que estas cifras deben ponerse en relación con el peso de la población extranjera en Navarra, que se sitúa en el 13,2%. Según el análisis de Disenso, la ratio de sobrerrepresentación se mueve entre 4,8 y 5,6 veces, dependiendo del tipo de delito estudiado.
La Fundación también destaca la especial incidencia de nacionales procedentes del norte de África, en concreto de Marruecos y Argelia, en los datos facilitados por la Policía Foral. Entre enero y noviembre de 2025, marroquíes y argelinos sumaron 227 detenidos, una cifra superior a los 199 detenidos de nacionalidad española registrados en ese mismo periodo.
En el conjunto de España, el informe advierte de una transformación demográfica de gran magnitud: casi 10 millones de residentes son de origen extranjero, aproximadamente uno de cada cinco habitantes. A 1 de enero de 2025, España contaba con 49.128.297 residentes, de los cuales 6.911.971 tenían nacionalidad extranjera, el 14,1% del total. Los datos provisionales para enero de 2026 elevan la cifra de extranjeros a 7.243.561 personas, más de 330.000 adicionales en un solo año.
El estudio sitúa entre las principales nacionalidades extranjeras presentes en España a Marruecos, con 968.999 personas; Colombia, con 676.534; Rumanía, con 609.270; Venezuela, con 377.809; e Italia, con 345.777.
En paralelo, Disenso alerta del aumento sostenido de los delitos contra la libertad sexual. Las agresiones sexuales con penetración han crecido un 67% en los últimos seis años, mientras que los delitos vinculados a la seguridad de las mujeres superan ya los 20.000 casos anuales.
El informe también recoge que, en 2024, de las 577.107 detenciones e investigaciones registradas en el conjunto nacional, 217.377 correspondieron a personas de nacionalidad extranjera, lo que supone el 37,7%, pese a representar el 13,4% de la población. En delitos contra la libertad sexual, los extranjeros representaron el 39,2% de los detenidos e investigados, porcentaje que asciende al 41,7% en las agresiones sexuales con penetración.
La Fundación Disenso apunta, además, a otros territorios donde los datos muestran una especial preocupación. En Cataluña, los extranjeros supusieron el 60,3% de las detenciones por agresión sexual en 2025, además del 84,3% de las detenciones por hurtos y el 73% por robos con violencia o intimidación.
En el País Vasco, los datos de la Ertzaintza recogidos por el informe reflejan que el 56,1% de las detenciones e investigaciones por delitos contra la libertad sexual correspondieron a nacidos fuera de España, cifra que sube al 57,6% en agresiones sexuales y al 67,6% en agresiones sexuales con penetración.
El estudio también pone el foco en las agresiones sexuales cometidas en grupo, conocidas como “manadas”. Desde 2018 se han contabilizado 3.737 víctimas y el 43% de los agresores identificados eran extranjeros, según recoge el resumen ejecutivo del informe.
Disenso denuncia igualmente la falta de transparencia estadística. El informe señala que los balances oficiales del Ministerio del Interior clasifican las infracciones por tipología y territorio, pero no publican de forma sistemática información sobre la nacionalidad o el origen del presunto autor. Por ello, la Fundación reclama un desglose oficial, público y periódico que permita conocer con precisión la realidad de la criminalidad en España.
La Fundación Disenso concluye que la protección efectiva de las mujeres exige analizar los datos sin prejuicios ideológicos y afrontar con rigor la relación entre determinados perfiles migratorios y la evolución de los delitos más graves. En este sentido, el informe sostiene que ignorar estos indicadores no mejora la seguridad de las mujeres, sino que impide adoptar políticas públicas eficaces frente a una realidad que, según sus datos, afecta de forma directa a la convivencia, la seguridad y la libertad de los españoles.
Emilio Jiménez: «El informe del Gobierno es ideológico y oculta la realidad de las calles»
El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha cargado contra el estudio “Juventud y movimientos migratorios Navarra 2026”, presentado por el Instituto Navarro de la Juventud, al considerar que ofrece una visión parcial de la realidad migratoria y omite cuestiones que afectan directamente a la convivencia y la seguridad en la Comunidad Foral.
Durante la comparecencia de la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, Jiménez criticó que el informe se centre en resaltar aspectos positivos de la inmigración mientras, a su juicio, evita abordar problemas relacionados con la integración, la presión sobre los servicios públicos o la delincuencia.
El parlamentario también reprochó a la vicepresidenta del Gobierno navarro que se refiriera a VOX como “extrema derecha” durante una comisión en la que él no estaba presente. Jiménez calificó estas declaraciones de falta de respeto institucional y solicitó que constara en acta su petición de disculpas.
Según explicó, el documento presentado por el Ejecutivo responde a una visión ideológica que promueve el multiculturalismo sin analizar las consecuencias que determinadas políticas migratorias están teniendo en distintos ámbitos de la sociedad navarra.
VOX considera especialmente grave que el informe no haga referencia a datos relacionados con la delincuencia. En este sentido, Jiménez recordó cifras publicadas por la Policía Foral y sostuvo que la seguridad ciudadana forma parte del debate migratorio y no puede quedar fuera de cualquier análisis que pretenda abordar esta realidad de manera completa.
Asimismo, el portavoz criticó la defensa de las denominadas “identidades múltiples” y de la convivencia intercultural sin exigir, según sus palabras, una integración efectiva basada en la adaptación a la cultura, las normas y los valores de España.
Para VOX, las políticas migratorias deben orientarse a garantizar la seguridad, la cohesión social y la protección de los intereses de los ciudadanos navarros. Por ello, la formación reclama medidas más estrictas de control migratorio y una política que priorice el bienestar de quienes residen legalmente en la Comunidad Foral.
Jiménez concluyó asegurando que VOX continuará impulsando iniciativas en el Parlamento de Navarra para exigir una política migratoria que, a juicio de la formación, sitúe la seguridad, la identidad y el interés general de los navarros en el centro de la acción política.
David Arranz: «España debe decidir quién entra y en qué condiciones»
El diputado de VOX en las Cortes de Aragón, David Arranz, ha defendido la necesidad de reforzar el control de fronteras y apostar por una inmigración “legal y ordenada”, subrayando que España debe poder decidir quién entra en el país y en qué condiciones.
Durante su intervención, Arranz ha señalado que es fundamental garantizar que las personas que acceden al territorio lo hagan cumpliendo los requisitos legales, incluyendo la verificación de antecedentes y la intención de integrarse en la sociedad. En este sentido, ha insistido en que la inmigración debe ir acompañada de la capacidad del país para ofrecer oportunidades reales.
El diputado ha advertido de que, en la actualidad, existe una fuerte presión sobre los recursos públicos, recordando que España cuenta con cerca de tres millones de desempleados y que, en Aragón, alrededor del 21% de las familias se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
En este contexto, Arranz ha defendido la aplicación del principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, vivienda pública y otros recursos, argumentando que deben destinarse en primer lugar a quienes tienen arraigo y han contribuido al sistema.
Asimismo, ha señalado la necesidad de establecer criterios claros en la concesión de ayudas públicas, vinculados al tiempo de residencia y a la contribución económica, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de los recursos.
Por otro lado, ha reiterado la postura de su formación respecto a la expulsión de personas que cometan delitos o que no cumplan con los requisitos legales, así como la importancia de favorecer la integración de quienes sí contribuyen al desarrollo social y económico.
Finalmente, Arranz ha subrayado que estas medidas responden, a su juicio, a criterios de “sentido común”, orientados a garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y el bienestar de la población.
Ana Vázquez Blanco: «El Gobierno oculta datos de la regularización masiva de inmigrantes durante 35 años»
La diputada del Partido Popular en el Congreso, Ana Vázquez Blanco, ha denunciado la “opacidad” del Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse la respuesta oficial del Ejecutivo a una solicitud parlamentaria de documentación sobre el proceso de regularización masiva de inmigrantes.
“Acojonante”, ha expresado Vázquez Blanco en sus redes sociales, donde ha criticado duramente que el Gobierno haya decidido declarar “secreta o reservada” toda la documentación e informes relacionados con esta regularización extraordinaria.
Según la respuesta remitida por el Ejecutivo al Congreso de los Diputados, el Ministerio del Interior asegura que los documentos solicitados están afectados por la legislación sobre materias clasificadas y que, conforme a dicha normativa, determinados informes y acuerdos tienen la consideración de “SECRETO o RESERVADO”.
Además, el Gobierno reconoce que al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “no le consta la existencia” de los informes solicitados por los diputados del Partido Popular.
Para Ana Vázquez, esta situación evidencia una “gravísima falta de transparencia” por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
“El Gobierno acaba de declarar secreto o reservado todos los informes y documentación sobre la regularización masiva de inmigrantes”, ha denunciado.
La diputada popular también ha criticado que el Ministerio del Interior “no envió ningún informe al Ministerio de Inclusión” durante el proceso de elaboración de la reforma normativa vinculada a la regularización extraordinaria.
“Nos ocultan el número, los antecedentes penales y policiales hasta dentro de 35 años”, ha advertido Vázquez Blanco, quien ha acusado al Ejecutivo de actuar “con total oscurantismo”.
Desde el Partido Popular han reclamado al Gobierno explicaciones inmediatas sobre los criterios utilizados para clasificar esta documentación y han exigido transparencia sobre un asunto “de enorme relevancia para la seguridad, la política migratoria y el control de fronteras”.
Asimismo, el PP ha insistido en que los ciudadanos tienen derecho a conocer el alcance real de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia migratoria y ha advertido de que seguirá utilizando todos los mecanismos parlamentarios para fiscalizar la actuación del Gobierno.
750 millones al año en presos extranjeros: VOX exige deportaciones y endurecer la ley.
El Grupo Parlamentario de VOX ha registrado una proposición no de ley para garantizar la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en España. La iniciativa, presentada para su debate en la Comisión de Interior, vincula el incremento de la criminalidad con la inmigración masiva y el denominado “efecto llamada” impulsado por el Gobierno.
En su exposición de motivos, VOX subraya que, pese a representar el 14,06% de la población, los extranjeros concentraron el 30,93% de las penas de prisión en 2024. En el caso de los delitos graves, con condenas superiores a cinco años, el porcentaje asciende al 55,23%, lo que, según la formación, refleja una sobrerrepresentación en este tipo de delitos.
Asimismo, el grupo parlamentario denuncia el impacto económico que supone el mantenimiento de la población reclusa extranjera, estimando un coste cercano a los 750 millones de euros para el año 2025.
VOX atribuye esta situación, entre otros factores, a la reforma del Código Penal de 2015 y a la aplicación del concepto jurídico de “arraigo”, que, según sostiene, ha reducido de forma significativa las expulsiones judiciales. En 2024, se ejecutaron 1.338 expulsiones frente a cerca de 23.000 casos susceptibles de esta medida, lo que representa menos del 6%.
En este contexto, la formación critica una “dejación de funciones” por parte de las administraciones y advierte de las consecuencias que, a su juicio, tiene esta situación en términos de seguridad.
La iniciativa presentada incluye varias propuestas, entre ellas la reforma del artículo 89 del Código Penal para garantizar la expulsión de extranjeros condenados, la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión pendientes, el refuerzo del régimen sancionador en materia de extranjería y la publicación de datos sobre el origen de los infractores en los balances de criminalidad.
Además, VOX plantea fortalecer la cooperación internacional para que los ciudadanos extranjeros condenados en España cumplan sus penas en sus países de origen mediante acuerdos bilaterales.
Alma Ezcurra: «El Gobierno crea el problema y vende la solución en inmigración»
El Partido Popular ha criticado la política migratoria del Gobierno y ha advertido de los riesgos de la regularización masiva aprobada por el Ejecutivo.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha calificado esta medida de “chapuza” y “coladero”, señalando que “el mismo Gobierno que genera el problema nos vende la solución”.
El Partido Popular considera que el decreto de regularización “está diseñado para convertirse en un coladero”, especialmente tras reconocer el propio Ejecutivo que las personas que no sean regularizadas no serán expulsadas. En este sentido, Ezcurra ha advertido de que se trata de “una regularización para todo el mundo”.
Asimismo, el Partido Popular ha subrayado que, bajo el actual Gobierno, la inmigración irregular ha aumentado significativamente, y ha cuestionado que sea el mismo Ejecutivo quien impulse ahora medidas para corregir una situación que, a su juicio, ha contribuido a generar.
La vicesecretaria ha recordado que el Partido Popular apoyó la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular “por respeto a las más de 700.000 firmas”, pero presentó enmiendas para garantizar una regularización ordenada, con tramitación individualizada, vinculación a un contrato de trabajo y control de antecedentes.
El Partido Popular denuncia que el Gobierno no logró los apoyos necesarios y optó por aprobar la medida “por la puerta de atrás”, sin consenso ni garantías suficientes.
Frente a ello, el Partido Popular defiende un modelo migratorio basado en la legalidad, el control y la capacidad de decisión del Estado sobre quién entra y en qué condiciones, con criterios claros que garanticen la seguridad y la convivencia.
Asimismo, Ezcurra ha defendido el respeto a la independencia judicial y ha pedido que se deje trabajar a jueces y magistrados sin injerencias políticas.
El Partido Popular reafirma su compromiso con una política migratoria responsable, ordenada y basada en el respeto a la ley y a los procedimientos democráticos.