Mireia Borrás alerta sobre los riesgos sanitarios de importar alimentos con menos controles.
La eurodiputada de VOX, Mireia Borrás, ha advertido de las consecuencias que pueden tener las actuales políticas impulsadas por la Unión Europea sobre el futuro del sector primario y la capacidad de Europa para garantizar su propia producción de alimentos.
Durante su intervención, Borrás defendió la necesidad de reforzar la soberanía alimentaria europea y alertó de los riesgos que supondría convertir a Europa en un territorio dependiente de terceros países para abastecerse de productos básicos.
🌾 La soberanía alimentaria, un reto estratégico para Europa
La eurodiputada planteó la necesidad de abrir un debate sobre el modelo productivo que Europa quiere para su futuro.
Según explicó, los europeos deben decidir si apuestan por mantener una producción propia fuerte, capaz de garantizar alimentos de calidad, o si aceptan depender cada vez más de importaciones procedentes de países con exigencias mucho menores.
Borrás destacó que el sector primario europeo produce bajo algunos de los estándares sanitarios, medioambientales y de calidad más exigentes del mundo.
🚜 VOX denuncia las consecuencias del Pacto Verde sobre agricultores y ganaderos
Mireia Borrás criticó que las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo hayan incrementado significativamente los costes de producción de agricultores y ganaderos.
La eurodiputada considera que muchas de las exigencias impuestas desde Bruselas generan una pérdida de competitividad para los productores europeos y dificultan la viabilidad económica de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas.
VOX sostiene que estas políticas están poniendo en riesgo la continuidad de sectores estratégicos para la economía y el abastecimiento alimentario.
🌍 El acuerdo con Mercosur, en el centro de las críticas
La dirigente de VOX señaló especialmente el acuerdo comercial con Mercosur como una de las principales contradicciones de la política comunitaria.
Según explicó, mientras Bruselas exige a los productores europeos requisitos cada vez más estrictos, trabaja paralelamente para facilitar la entrada de productos procedentes de países que no están sometidos a las mismas obligaciones.
Para Borrás, esta situación genera una competencia desleal que perjudica directamente al campo europeo.
⚠️ VOX alerta sobre los controles sanitarios y la calidad de los productos importados
La eurodiputada también expresó su preocupación por la llegada al mercado europeo de productos elaborados bajo normativas menos exigentes que las aplicadas dentro de la Unión Europea.
En este sentido, advirtió de que algunos productos importados podrían haber sido producidos utilizando sustancias prohibidas en Europa desde hace años por motivos sanitarios y medioambientales.
VOX considera que las mismas reglas que se exigen a los productores europeos deben aplicarse también a los productos procedentes de terceros países.
🇪🇸 Defensa del sector primario y de la producción europea
Mireia Borrás concluyó defendiendo la necesidad de proteger la agricultura, la ganadería y la industria alimentaria europeas como sectores estratégicos para la soberanía y la seguridad del continente.
La eurodiputada insistió en que garantizar la capacidad de producir alimentos propios es una cuestión fundamental para el futuro de Europa y para la protección de consumidores y productores.
Buxadé reclama a Bruselas investigar los escándalos de corrupción vinculados al PSOE.
El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha solicitado formalmente la convocatoria urgente de una audiencia pública en la Eurocámara para abordar los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.
La petición ha sido remitida a la presidenta del grupo de trabajo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales (DRFMG), Sophie Wilmès, y plantea la participación de representantes de la Comisión Europea, el Consejo, la Fiscalía Europea (EPPO) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), con el objetivo de analizar las investigaciones en curso y las posibles implicaciones para el Estado de Derecho en España.
Desde VOX consideran que los últimos casos conocidos representan una situación de extraordinaria gravedad y sostienen que las investigaciones judiciales actuales confirman las denuncias que la formación lleva trasladando a las instituciones europeas desde hace años.
La formación señala que la reciente investigación relacionada con el rescate de Plus Ultra y las actuaciones judiciales que afectan al entorno socialista evidencian, a su juicio, la necesidad de una respuesta firme por parte de las instituciones europeas. Asimismo, VOX considera especialmente preocupantes las informaciones sobre presuntas actuaciones dirigidas a interferir en el trabajo de jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según Jorge Buxadé, los hechos que hoy ocupan la actualidad política y judicial en España no son una sorpresa, sino la confirmación de advertencias que VOX ha venido realizando de forma reiterada ante organismos europeos sobre cuestiones relacionadas con la corrupción, la utilización de fondos públicos, la independencia judicial y la separación de poderes.
La delegación de VOX recuerda que ha promovido numerosas iniciativas en el Parlamento Europeo, preguntas dirigidas a la Comisión Europea, denuncias ante organismos de control y solicitudes de debate sobre asuntos vinculados a la gestión de fondos europeos, las relaciones con regímenes extranjeros, los casos de corrupción que afectan al PSOE y los riesgos para el Estado de Derecho en España.
Asimismo, la formación lamenta que muchas de estas iniciativas no hayan contado con el respaldo suficiente para prosperar en las instituciones comunitarias, denunciando que diversos grupos políticos europeos optaron por bloquear o minimizar debates relacionados con la situación española.
Para VOX, la audiencia pública solicitada constituye una oportunidad para que las instituciones europeas examinen con transparencia los hechos actualmente investigados y determinen si existe un deterioro de los estándares democráticos y de control institucional que exige la Unión Europea.
La formación considera que España no puede quedar al margen de los mecanismos europeos de supervisión cuando existen investigaciones que afectan a la gestión de recursos públicos, a la actuación de las instituciones y a la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.
Con esta iniciativa, VOX reafirma su compromiso con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas y la defensa del Estado de Derecho, reclamando que las instituciones europeas actúen con la misma firmeza que exigen a cualquier otro Estado miembro ante situaciones de similar gravedad.
Jorge Buxadé: «La UE vive en una burbuja burocrática»
El eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, ha criticado el funcionamiento de las instituciones europeas, asegurando que existe una “maquinaria burocrática” centrada en la producción constante de normas y regulaciones.
Durante su intervención, Buxadé ha afirmado que la Comisión Europea ejerce una influencia determinante en la elaboración legislativa, señalando que “los funcionarios legislan” y que esta dinámica condiciona tanto a los gobiernos nacionales como a los parlamentos.
En este sentido, el dirigente de VOX ha advertido de una tendencia a ampliar competencias desde las instituciones comunitarias, indicando que existe “una competencia por regular”, lo que, a su juicio, lleva a la creación de nuevas normativas y directivas de forma continuada.
Asimismo, Buxadé ha cuestionado el perfil del funcionariado europeo, al que ha descrito como una estructura “muy ideologizada”. Según ha explicado, muchos de estos funcionarios acceden a sus puestos tras iniciar su trayectoria como becarios dentro de organismos europeos, pasando posteriormente a consolidar su carrera dentro de la administración comunitaria.
El eurodiputado ha señalado que este proceso genera una “burbuja burocrática” en la que, según sus palabras, se toman decisiones alejadas de la realidad de los ciudadanos.
Estas declaraciones se enmarcan en las críticas habituales de VOX al funcionamiento de las instituciones europeas y a su papel en la regulación normativa dentro de los Estados miembros.
Dolors Montserrat alerta sobre los acuerdos del Gobierno con China.
La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha denunciado que los acuerdos firmados por el Gobierno de Pedro Sánchez con China podrían suponer un alejamiento del enfoque europeo de reducción de riesgos (de-risking), comprometen la autonomía estratégica de la Unión Europea y generan potenciales vulnerabilidades económicas, industriales y tecnológicas.
Durante su última visita oficial a China, el presidente del Gobierno ha suscrito cerca de una veintena de acuerdos que abarcan ámbitos económicos, industriales, científicos y tecnológicos. Lejos de limitarse a sectores no sensibles, varios de estos compromisos podrían facilitar una mayor presencia china en áreas estratégicas, en un contexto que resulta difícil de conciliar con las directrices de la Comisión Europea en el programa Horizonte, que prevé una serie de restricciones específicas para entidades establecidas en China. Estas pueden encontrarse en la sección B (Elegibilidad) de los Anexos Generales del Programa de Trabajo Horizonte Europa 2026-2027.
“La Unión Europea ha definido con claridad su posición: no se trata de romper relaciones con China, sino de reducir dependencias críticas, proteger sectores estratégicos y evitar transferencias tecnológicas que puedan comprometer la seguridad económica europea”, explica Montserrat. Sin embargo, ha dicho, “el Ejecutivo español ha optado por profundizar vínculos en ámbitos donde Bruselas ha advertido explícitamente de riesgos”.
ENERGÍA, MOVILIDAD Y CADENAS DE SUMINISTRO AVANZADAS
En particular, la líder del Partido Popular Europeo alerta de tres áreas especialmente preocupantes. En primer lugar, los acuerdos económicos e industriales firmados por el Gobierno podrían favorecer la entrada de inversión china en sectores clave como la energía, la movilidad o las cadenas de suministro avanzadas. Esta estrategia podría aumentar la exposición de España respecto a China y se sitúa en una línea que plantea interrogantes respecto a los esfuerzos europeos por diversificar proveedores y reforzar la resiliencia industrial.
En segundo lugar, es conflictivo incrementar la vinculación con China en el ámbito de las materias primas críticas, incluyendo el interés en proveedores de tierras raras. Esta línea podría entrar en tensión con iniciativas europeas como el Critical Raw Materials Act, cuyo objetivo es reducir la dependencia de terceros países en recursos esenciales para la transición digital y energética. “En un contexto en el que China ha restringido exportaciones de tierras raras y la UE trabaja activamente para reducir su dependencia —que supera el 90%—, la estrategia del Gobierno español de reforzar su vinculación con proveedores chinos resulta opuesta al empeño europeo de reducción de riesgos”, ha dicho Montserrat.
En tercer lugar, la intensificación de la cooperación científica y universitaria con entidades chinas plantea dudas sobre si existen garantías equivalentes en materia de protección del conocimiento. La Comisión Europea ha restringido la participación de organizaciones chinas en programas estratégicos precisamente por los riesgos asociados a la transferencia de tecnología y al uso dual civil-militar. En este contexto, el PP valora advertir al Ejecutivo comunitario de la apertura de nuevos espacios de colaboración podría generar riesgos que requieren evaluación.
A todo ello se suma la dimensión política de estos acuerdos. Una vez más, España, vuelve a debilitar la coherencia de la posición común europea y envía señales en un contexto geopolítico equivocado. “La estrategia europea se basa en la unidad y la coordinación entre Estados miembros, no en iniciativas bilaterales que puedan ser percibidas como divergentes y que lo único que hacen es debilitar la posición común”, planteó la líder del PP.
EVALUACIÓN RIGUROSA DE LAS IMPLICACIONES
A su juicio, esta política exterior plantea riesgos relevantes desde el punto de vista de la alineación con los intereses estratégicos de la Unión Europea y requiere una evaluación rigurosa de sus implicaciones. Por ello, considera que las instituciones europeas deberían hacer un análisis exhaustivo de los acuerdos suscritos, así como llevar a cabo un refuerzo de los mecanismos de control sobre inversiones extranjeras y cooperación tecnológica.
“España no puede convertirse en un punto de vulnerabilidad en la autonomía estratégica europea. La defensa de nuestros intereses económicos, industriales y tecnológicos exige coherencia, prudencia y alineamiento con nuestros socios europeos”, manifestó.
Montserrat recordó que los propios servicios técnicos de la Comisión Europea han alertado sobre los riesgos asociados a la presencia de inversores y tecnología china en infraestructuras energéticas críticas. Informes internos utilizados para orientar la financiación europea señalan que esta exposición podría generar vulnerabilidades en términos de ciberseguridad, seguridad económica y resiliencia de las redes eléctricas, incluyendo riesgos potenciales de interrupciones en el suministro. “Estas evaluaciones refuerzan la necesidad de extremar la prudencia en la apertura a operadores de terceros países en sectores estratégicos, en línea con el enfoque europeo de reducción de riesgos, y contrario a una política de acercamiento que podría aumentar la exposición de Europa y afectar a su resiliencia”, concluyó.
Díaz Ayuso exige a la UE proteger al campo frente a importaciones.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a la Unión Europea el refuerzo de los controles en frontera a los productos agroalimentarios importados con el objetivo de proteger a agricultores y ganaderos europeos.
Durante su encuentro con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, Díaz Ayuso ha trasladado la necesidad de garantizar condiciones justas para el sector primario, defendiendo que “el campo madrileño no puede quedarse al margen de estas decisiones”.
Defensa del sector agrario
La presidenta ha reivindicado el valor del campo madrileño y ha puesto en valor productos como el aceite con denominación de origen, el ajo de Chinchón, las fresas de Aranjuez o las mieles de la región.
El Partido Popular defiende la necesidad de proteger a los productores frente a una competencia internacional que, en ocasiones, no cumple los mismos estándares.
Igualdad de condiciones frente a importaciones
Díaz Ayuso ha advertido de los efectos del acuerdo con Mercosur, que eliminará más del 90% de los aranceles, y ha reclamado que los productos importados cumplan las mismas exigencias que los europeos en sanidad, bienestar animal, trazabilidad y uso de pesticidas.
El objetivo es evitar una competencia desleal que perjudique a los agricultores y ganaderos españoles.
Apoyo al campo madrileño
El Gobierno regional ha impulsado medidas para reforzar el sector, como el Plan de Dinamización del Sector Primario, dotado con 148 millones de euros, y la creación del Clúster Agroalimentario regional.
Estas iniciativas buscan garantizar la rentabilidad, el relevo generacional y la competitividad del campo.
Más financiación para la PAC
Díaz Ayuso ha reclamado también un incremento de la financiación de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, evitando recortes y situando a agricultores y ganaderos en el centro de las políticas europeas.
.
Alma Ezcurra: «El PP combatirá la regularización por todas las vía»
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha avanzado el rechazo del Partido Popular a la regularización masiva de inmigrantes que prevé aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que el PP utilizará “todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos, tanto a nivel nacional como europeo, para denunciar esta decisión”.
Ezcurra ha defendido una política migratoria basada en el equilibrio entre solidaridad y legalidad, subrayando que “ni brazos abiertos sin orden ni puños cerrados sin compasión”. En este sentido, ha afirmado que España debe ser un país abierto, pero con normas claras: “quien venga a aportar será bienvenido, pero siempre bajo el paraguas de la ley”.
La dirigente popular ha advertido de que la regularización genera incertidumbre, al no conocerse el número de personas afectadas ni sus circunstancias, y ha alertado de que este tipo de medidas pueden incentivar la inmigración irregular y favorecer a las mafias.
Asimismo, ha señalado que esta iniciativa cuenta con el rechazo de distintas instituciones, como el Congreso, el Senado o comunidades autónomas, así como de organismos europeos, y ha cuestionado la falta de información sobre su impacto económico y administrativo.
En el plano europeo, Ezcurra ha valorado positivamente los resultados electorales en Hungría, destacando el papel del Partido Popular Europeo en la defensa del Estado de derecho y las libertades.
Por otro lado, ha mostrado su respeto a la actuación de la Justicia en relación con el procesamiento de Begoña Gómez, subrayando la importancia de la transparencia institucional.
La vicesecretaria popular también ha criticado el funcionamiento del Congreso de los Diputados, denunciando el bloqueo de iniciativas parlamentarias y defendiendo la necesidad de garantizar el normal desarrollo de la actividad legislativa.
Finalmente, Ezcurra ha expresado su preocupación por la política exterior y penitenciaria del Gobierno, reclamando mayor coherencia en la acción internacional y en la gestión de asuntos sensibles.
Dolors Montserrat señala a Teresa Ribera por falta de imparcialidad.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, acusó a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al evitar investigar posibles conflictos de intereses y distorsiones de competencia en la comercialización de balizas V16 obligatorias en España.
En una pregunta parlamentaria, Montserrat preguntaba expresamente a la Comisión si iba a evaluar “si la obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario”, así como si consideraba que España había adoptado “las medidas suficientes para garantizar transparencia, competencia leal y ausencia de conflictos de intereses”.
Sin embargo, la respuesta de la Comisión evita analizar estos elementos clave. Pese a reconocer explícitamente que “las normas de competencia de la UE prohíben […] prácticas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior” (artículos 101 y 102 del TFUE) y que incluso las actuaciones de los Estados miembros pueden quedar sujetas a estas normas (artículo 106 del TFUE), el Ejecutivo comunitario se limita a afirmar que “no dispone de información concreta sobre posibles conductas o medidas contrarias a la competencia”.
Para Montserrat, esta respuesta demuestra que “existe un marco jurídico europeo claro para actuar ante posibles distorsiones de competencia, pero la Comisión decide no aplicarlo cuando el caso afecta a decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez”.
“Resulta especialmente preocupante que esta respuesta provenga de quien fue ministra en el Gobierno de Sánchez, lo que plantea serias dudas sobre su imparcialidad. No se puede invocar el derecho europeo y, al mismo tiempo, eludir su aplicación por razones políticas”, subrayó.
La eurodiputada lamentó que la Comisión “se escude en tecnicismos y en una supuesta falta de información” en lugar de ejercer su función de supervisión de oficio. “La Comisión debe actuar, investigar y garantizar que no se producen abusos ni favoritismos”, añadió.
Asimismo, recordó que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas de competencia y garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. “No es aceptable que ante posibles irregularidades que afectan a millones de ciudadanos europeos se opte por una respuesta meramente formalista”, insistió.
Por todo ello, el Partido Popular exige a la Comisión Europea que actúe con independencia, que investigue los hechos con rigor y que garantice que no se producen distorsiones de competencia ni situaciones de privilegio derivadas de decisiones regulatorias nacionales.
“Europa no puede permitirse instituciones que eludan su responsabilidad cuando están en juego la transparencia, la competencia leal y la confianza de los ciudadanos”, concluyó.






