Jorge Buxadé: «La UE vive en una burbuja burocrática»
El eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, ha criticado el funcionamiento de las instituciones europeas, asegurando que existe una “maquinaria burocrática” centrada en la producción constante de normas y regulaciones.
Durante su intervención, Buxadé ha afirmado que la Comisión Europea ejerce una influencia determinante en la elaboración legislativa, señalando que “los funcionarios legislan” y que esta dinámica condiciona tanto a los gobiernos nacionales como a los parlamentos.
En este sentido, el dirigente de VOX ha advertido de una tendencia a ampliar competencias desde las instituciones comunitarias, indicando que existe “una competencia por regular”, lo que, a su juicio, lleva a la creación de nuevas normativas y directivas de forma continuada.
Asimismo, Buxadé ha cuestionado el perfil del funcionariado europeo, al que ha descrito como una estructura “muy ideologizada”. Según ha explicado, muchos de estos funcionarios acceden a sus puestos tras iniciar su trayectoria como becarios dentro de organismos europeos, pasando posteriormente a consolidar su carrera dentro de la administración comunitaria.
El eurodiputado ha señalado que este proceso genera una “burbuja burocrática” en la que, según sus palabras, se toman decisiones alejadas de la realidad de los ciudadanos.
Estas declaraciones se enmarcan en las críticas habituales de VOX al funcionamiento de las instituciones europeas y a su papel en la regulación normativa dentro de los Estados miembros.
Dolors Montserrat alerta sobre los acuerdos del Gobierno con China.
La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha denunciado que los acuerdos firmados por el Gobierno de Pedro Sánchez con China podrían suponer un alejamiento del enfoque europeo de reducción de riesgos (de-risking), comprometen la autonomía estratégica de la Unión Europea y generan potenciales vulnerabilidades económicas, industriales y tecnológicas.
Durante su última visita oficial a China, el presidente del Gobierno ha suscrito cerca de una veintena de acuerdos que abarcan ámbitos económicos, industriales, científicos y tecnológicos. Lejos de limitarse a sectores no sensibles, varios de estos compromisos podrían facilitar una mayor presencia china en áreas estratégicas, en un contexto que resulta difícil de conciliar con las directrices de la Comisión Europea en el programa Horizonte, que prevé una serie de restricciones específicas para entidades establecidas en China. Estas pueden encontrarse en la sección B (Elegibilidad) de los Anexos Generales del Programa de Trabajo Horizonte Europa 2026-2027.
“La Unión Europea ha definido con claridad su posición: no se trata de romper relaciones con China, sino de reducir dependencias críticas, proteger sectores estratégicos y evitar transferencias tecnológicas que puedan comprometer la seguridad económica europea”, explica Montserrat. Sin embargo, ha dicho, “el Ejecutivo español ha optado por profundizar vínculos en ámbitos donde Bruselas ha advertido explícitamente de riesgos”.
ENERGÍA, MOVILIDAD Y CADENAS DE SUMINISTRO AVANZADAS
En particular, la líder del Partido Popular Europeo alerta de tres áreas especialmente preocupantes. En primer lugar, los acuerdos económicos e industriales firmados por el Gobierno podrían favorecer la entrada de inversión china en sectores clave como la energía, la movilidad o las cadenas de suministro avanzadas. Esta estrategia podría aumentar la exposición de España respecto a China y se sitúa en una línea que plantea interrogantes respecto a los esfuerzos europeos por diversificar proveedores y reforzar la resiliencia industrial.
En segundo lugar, es conflictivo incrementar la vinculación con China en el ámbito de las materias primas críticas, incluyendo el interés en proveedores de tierras raras. Esta línea podría entrar en tensión con iniciativas europeas como el Critical Raw Materials Act, cuyo objetivo es reducir la dependencia de terceros países en recursos esenciales para la transición digital y energética. “En un contexto en el que China ha restringido exportaciones de tierras raras y la UE trabaja activamente para reducir su dependencia —que supera el 90%—, la estrategia del Gobierno español de reforzar su vinculación con proveedores chinos resulta opuesta al empeño europeo de reducción de riesgos”, ha dicho Montserrat.
En tercer lugar, la intensificación de la cooperación científica y universitaria con entidades chinas plantea dudas sobre si existen garantías equivalentes en materia de protección del conocimiento. La Comisión Europea ha restringido la participación de organizaciones chinas en programas estratégicos precisamente por los riesgos asociados a la transferencia de tecnología y al uso dual civil-militar. En este contexto, el PP valora advertir al Ejecutivo comunitario de la apertura de nuevos espacios de colaboración podría generar riesgos que requieren evaluación.
A todo ello se suma la dimensión política de estos acuerdos. Una vez más, España, vuelve a debilitar la coherencia de la posición común europea y envía señales en un contexto geopolítico equivocado. “La estrategia europea se basa en la unidad y la coordinación entre Estados miembros, no en iniciativas bilaterales que puedan ser percibidas como divergentes y que lo único que hacen es debilitar la posición común”, planteó la líder del PP.
EVALUACIÓN RIGUROSA DE LAS IMPLICACIONES
A su juicio, esta política exterior plantea riesgos relevantes desde el punto de vista de la alineación con los intereses estratégicos de la Unión Europea y requiere una evaluación rigurosa de sus implicaciones. Por ello, considera que las instituciones europeas deberían hacer un análisis exhaustivo de los acuerdos suscritos, así como llevar a cabo un refuerzo de los mecanismos de control sobre inversiones extranjeras y cooperación tecnológica.
“España no puede convertirse en un punto de vulnerabilidad en la autonomía estratégica europea. La defensa de nuestros intereses económicos, industriales y tecnológicos exige coherencia, prudencia y alineamiento con nuestros socios europeos”, manifestó.
Montserrat recordó que los propios servicios técnicos de la Comisión Europea han alertado sobre los riesgos asociados a la presencia de inversores y tecnología china en infraestructuras energéticas críticas. Informes internos utilizados para orientar la financiación europea señalan que esta exposición podría generar vulnerabilidades en términos de ciberseguridad, seguridad económica y resiliencia de las redes eléctricas, incluyendo riesgos potenciales de interrupciones en el suministro. “Estas evaluaciones refuerzan la necesidad de extremar la prudencia en la apertura a operadores de terceros países en sectores estratégicos, en línea con el enfoque europeo de reducción de riesgos, y contrario a una política de acercamiento que podría aumentar la exposición de Europa y afectar a su resiliencia”, concluyó.
Díaz Ayuso exige a la UE proteger al campo frente a importaciones.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a la Unión Europea el refuerzo de los controles en frontera a los productos agroalimentarios importados con el objetivo de proteger a agricultores y ganaderos europeos.
Durante su encuentro con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, Díaz Ayuso ha trasladado la necesidad de garantizar condiciones justas para el sector primario, defendiendo que “el campo madrileño no puede quedarse al margen de estas decisiones”.
Defensa del sector agrario
La presidenta ha reivindicado el valor del campo madrileño y ha puesto en valor productos como el aceite con denominación de origen, el ajo de Chinchón, las fresas de Aranjuez o las mieles de la región.
El Partido Popular defiende la necesidad de proteger a los productores frente a una competencia internacional que, en ocasiones, no cumple los mismos estándares.
Igualdad de condiciones frente a importaciones
Díaz Ayuso ha advertido de los efectos del acuerdo con Mercosur, que eliminará más del 90% de los aranceles, y ha reclamado que los productos importados cumplan las mismas exigencias que los europeos en sanidad, bienestar animal, trazabilidad y uso de pesticidas.
El objetivo es evitar una competencia desleal que perjudique a los agricultores y ganaderos españoles.
Apoyo al campo madrileño
El Gobierno regional ha impulsado medidas para reforzar el sector, como el Plan de Dinamización del Sector Primario, dotado con 148 millones de euros, y la creación del Clúster Agroalimentario regional.
Estas iniciativas buscan garantizar la rentabilidad, el relevo generacional y la competitividad del campo.
Más financiación para la PAC
Díaz Ayuso ha reclamado también un incremento de la financiación de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, evitando recortes y situando a agricultores y ganaderos en el centro de las políticas europeas.
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Alma Ezcurra: «El PP combatirá la regularización por todas las vía»
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha avanzado el rechazo del Partido Popular a la regularización masiva de inmigrantes que prevé aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que el PP utilizará “todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos, tanto a nivel nacional como europeo, para denunciar esta decisión”.
Ezcurra ha defendido una política migratoria basada en el equilibrio entre solidaridad y legalidad, subrayando que “ni brazos abiertos sin orden ni puños cerrados sin compasión”. En este sentido, ha afirmado que España debe ser un país abierto, pero con normas claras: “quien venga a aportar será bienvenido, pero siempre bajo el paraguas de la ley”.
La dirigente popular ha advertido de que la regularización genera incertidumbre, al no conocerse el número de personas afectadas ni sus circunstancias, y ha alertado de que este tipo de medidas pueden incentivar la inmigración irregular y favorecer a las mafias.
Asimismo, ha señalado que esta iniciativa cuenta con el rechazo de distintas instituciones, como el Congreso, el Senado o comunidades autónomas, así como de organismos europeos, y ha cuestionado la falta de información sobre su impacto económico y administrativo.
En el plano europeo, Ezcurra ha valorado positivamente los resultados electorales en Hungría, destacando el papel del Partido Popular Europeo en la defensa del Estado de derecho y las libertades.
Por otro lado, ha mostrado su respeto a la actuación de la Justicia en relación con el procesamiento de Begoña Gómez, subrayando la importancia de la transparencia institucional.
La vicesecretaria popular también ha criticado el funcionamiento del Congreso de los Diputados, denunciando el bloqueo de iniciativas parlamentarias y defendiendo la necesidad de garantizar el normal desarrollo de la actividad legislativa.
Finalmente, Ezcurra ha expresado su preocupación por la política exterior y penitenciaria del Gobierno, reclamando mayor coherencia en la acción internacional y en la gestión de asuntos sensibles.
Dolors Montserrat señala a Teresa Ribera por falta de imparcialidad.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, acusó a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al evitar investigar posibles conflictos de intereses y distorsiones de competencia en la comercialización de balizas V16 obligatorias en España.
En una pregunta parlamentaria, Montserrat preguntaba expresamente a la Comisión si iba a evaluar “si la obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario”, así como si consideraba que España había adoptado “las medidas suficientes para garantizar transparencia, competencia leal y ausencia de conflictos de intereses”.
Sin embargo, la respuesta de la Comisión evita analizar estos elementos clave. Pese a reconocer explícitamente que “las normas de competencia de la UE prohíben […] prácticas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior” (artículos 101 y 102 del TFUE) y que incluso las actuaciones de los Estados miembros pueden quedar sujetas a estas normas (artículo 106 del TFUE), el Ejecutivo comunitario se limita a afirmar que “no dispone de información concreta sobre posibles conductas o medidas contrarias a la competencia”.
Para Montserrat, esta respuesta demuestra que “existe un marco jurídico europeo claro para actuar ante posibles distorsiones de competencia, pero la Comisión decide no aplicarlo cuando el caso afecta a decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez”.
“Resulta especialmente preocupante que esta respuesta provenga de quien fue ministra en el Gobierno de Sánchez, lo que plantea serias dudas sobre su imparcialidad. No se puede invocar el derecho europeo y, al mismo tiempo, eludir su aplicación por razones políticas”, subrayó.
La eurodiputada lamentó que la Comisión “se escude en tecnicismos y en una supuesta falta de información” en lugar de ejercer su función de supervisión de oficio. “La Comisión debe actuar, investigar y garantizar que no se producen abusos ni favoritismos”, añadió.
Asimismo, recordó que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas de competencia y garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. “No es aceptable que ante posibles irregularidades que afectan a millones de ciudadanos europeos se opte por una respuesta meramente formalista”, insistió.
Por todo ello, el Partido Popular exige a la Comisión Europea que actúe con independencia, que investigue los hechos con rigor y que garantice que no se producen distorsiones de competencia ni situaciones de privilegio derivadas de decisiones regulatorias nacionales.
“Europa no puede permitirse instituciones que eludan su responsabilidad cuando están en juego la transparencia, la competencia leal y la confianza de los ciudadanos”, concluyó.
El PP impulsa medidas en Europa para construir más vivienda y bajar precios.
El Partido Popular ha destacado que, por primera vez en la historia, el Parlamento Europeo ha dado el primer paso para construir una política europea de vivienda, tras la aprobación en el Pleno del informe sobre la crisis inmobiliaria liderado por el eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz.
Desde el PP subrayan que la vivienda es una cuestión clave para el futuro de Europa. “La vivienda no es una política más. Es la base de la vida familiar y, por tanto, del futuro de Europa”, han señalado, advirtiendo de la urgencia de abordar una crisis que afecta especialmente a jóvenes y familias.
Una crisis creciente en Europa
Los datos reflejan la gravedad del problema. Entre 2010 y 2025 los precios de la vivienda en la Unión Europea han aumentado un 61 %, mientras que los alquileres se han incrementado cerca de un 30 %.
Ante esta situación, el informe aprobado por la Eurocámara plantea cinco pilares para abordar el problema: subsidiariedad, aumento de la oferta de vivienda, financiación e inversión, apoyo a los colectivos vulnerables y mejora de los datos y la información disponible.
Más vivienda y menos burocracia
Uno de los ejes centrales del informe es aumentar la oferta de vivienda en Europa. Según estimaciones de la Comisión Europea, en la próxima década serán necesarias 650.000 viviendas adicionales al año, además de las que ya se construyen actualmente.
Para facilitar esta expansión, el Parlamento Europeo propone simplificar los procesos administrativos y reducir la burocracia, con el objetivo de que las licencias de construcción puedan concederse en un plazo máximo de 60 días.
Asimismo, se plantea movilizar suelo público y terrenos industriales abandonados para destinarlos a nuevas promociones de vivienda.
Defensa de la propiedad frente a la ocupación
El informe también aborda el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, que condena expresamente, y pide a los Estados miembros proteger el derecho fundamental a la propiedad privada y garantizar mecanismos eficaces de desalojo.
Más inversión pública y privada
En el ámbito de la financiación, el documento reconoce que la inversión pública es necesaria pero insuficiente para resolver la crisis. Por ello, propone atraer inversión privada mediante incentivos fiscales, incluyendo la posibilidad de aplicar tipos superreducidos de IVA en la construcción, renovación y alquiler de vivienda, además de reforzar el papel del Banco Europeo de Inversiones.
Apoyo a jóvenes y familias
El informe pone especial atención en los colectivos más afectados por la crisis inmobiliaria, como los jóvenes que no pueden acceder a su primera vivienda o las familias que tienen dificultades para pagar el alquiler.
Entre las propuestas destaca la creación de un Plan de Acción Europeo para las Familias, así como medidas específicas para facilitar la compra de primera vivienda, ampliar la oferta de alojamiento para estudiantes y reforzar la lucha contra el sinhogarismo.
Finalmente, el eurodiputado popular ha señalado que para diseñar políticas eficaces será necesario mejorar los datos disponibles sobre vivienda en Europa, por lo que el informe propone reforzar la labor de Eurostat y crear una plataforma europea que permita evaluar las políticas públicas con información fiable.
José Muñoz: «Ley de Restauración destruirá miles de explotaciones agrarias»
El diputado del Grupo Parlamentario VOX, José Muñoz , ha destacado esta mañana en la Comisión de Medio Ambiente que la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza es el último ataque de Europa y del gobierno de España al campo español. Supone la muerte de nuestra huerta y ruina de todas las familias que dependen de este sector.
Ha hecho hincapié en que “ Su objetivo es que al menos se reparen el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la UE en 2030. Para ello plantean como medidas la eliminación de zonas de pastoreo y labranza lo que se traduce en abandono de tierras cultivables, cosa que supondría echar a la calle a nuestros agricultores y ganaderos. Hay que recordar que la Comunidad Valenciana volvió a batir el récord histórico de tierras abandonadas con casi 180.000 hectáreas de cultivo en total en 2025. Y estos reglamentos europeos solo van a acrecentar estos problemas. Mientras Europa apuesta por la muerte del campo, Vox apuesta por el relevo generacional para sacarlo adelante. Hay que recordar que VOX ha conseguido 29 millones para ayudar en esta tarea”.
Por otro lado, el diputado alicantino ha dicho que “la ley de la restauración prevé una serie de restricciones al uso de pesticidas, fertilizantes y antibióticos. Creando así una competencia desleal. Ya que las clausúlalas de salvaguarda son una autentica estafa para el campo español, pues su activación depende de un proceso lento y burocrático que deja su activación en una absoluta ensoñación. Eso no es protección. Eso es una traición”.
José Muñoz ha resaltado que “ También es una traición que este nuevo decretazo climático pretenda que el 40% del presupuesto de la PAC se destine a objetivos climáticos verdes. Queda claro que la ley de la restauración de la naturaleza es la ruina para el sector primario valenciano, y parece ser que el único partido que lo tiene claro es VOX. Nuestro partido fue el único que votó no a Mercosur, la agenda 2030, el pacto verde europeo y de la ley de la restauración de la naturaleza.”
Muñoz ha añadido que “no solo hemos votado en contra de las agendas climáticas para defender al sector primario, también para defender y proteger la vida y los bienes de todos los valencianos y en el contexto de la riada, la limpieza de estos cauces, habrían sido fundamentales para evitar el desbordamiento de ríos y barrancos, reduciendo el impacto sobre las zonas urbanas y rurales. Nuestra huerta no se vende y la vida de los valencianos está por encima de todo” .
Buxadé exige a Von der Leyen frenar la agenda del aborto europeo.
VOX ha remitido sendas cartas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, para exigir que la Comisión rechace cualquier financiación directa o indirecta vinculada a la iniciativa ciudadana europea My Voice, My Choice.
La delegación de VOX en el Parlamento Europeo denuncia que esta iniciativa pretende institucionalizar y financiar abortos transfronterizos con dinero público europeo, vulnerando el principio de subsidiariedad y extralimitando de forma flagrante las competencias de la Unión Europea, ya que la regulación del aborto corresponde exclusivamente a los Estados miembros y a sus parlamentos nacionales.
Durante los últimos meses, My Voice, My Choice ha sido impulsada políticamente desde las instituciones europeas mediante resoluciones e informes que presionan a la Comisión para crear un mecanismo europeo de financiación del aborto, al margen de cualquier mandato democrático y sin base jurídica en los Tratados. En diciembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó un informe en este sentido, un paso que VOX subraya que solo fue posible por la división interna del Partido Popular Europeo, que permitió que la izquierda sacara adelante una iniciativa claramente ideológica.
VOX advierte además de que My Voice, My Choice no es una iniciativa ciudadana neutral, sino una campaña impulsada por una red internacional de organizaciones, fundaciones privadas y lobbies que reciben financiación pública europea. Entre ellas figuran entidades vinculadas a George Soros, así como organizaciones que han recibido millones de euros de fondos comunitarios en los últimos años, y que ahora presionan para convertir el aborto en una política financiada desde Bruselas.
Financiar una agenda ideológica
La formación denuncia que esta estrategia supone utilizar el dinero de todos los europeos para financiar una agenda ideológica concreta, beneficiando a las mismas organizaciones que presionan políticamente a las instituciones y que operan sin un control democrático efectivo.
Ante esta situación, VOX ha exigido por escrito a la Comisión Europea que no dé continuidad a esta iniciativa, que respete estrictamente los Tratados y que no permita que los fondos europeos se conviertan en una herramienta al servicio de lobbies ideológicos y financieros.
VOX recuerda que ya alertó de esta deriva institucional en el Parlamento Europeo a través del evento “My Money, Not Their Choice”, en el que se denunció la opacidad financiera, la presión organizada de lobbies internacionales y el riesgo de que Bruselas invada competencias nacionales utilizando mecanismos financieros.
“La Unión Europea no tiene competencias para legislar ni financiar el aborto. La Comisión debe decidir si respeta la soberanía de los Estados miembros y el dinero de los contribuyentes o si cede a la presión de lobbies ideológicos que operan desde Bruselas”, señalan los eurodiputados de VOX.