Díaz Ayuso exige a la UE proteger al campo frente a importaciones.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a la Unión Europea el refuerzo de los controles en frontera a los productos agroalimentarios importados con el objetivo de proteger a agricultores y ganaderos europeos.
Durante su encuentro con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, Díaz Ayuso ha trasladado la necesidad de garantizar condiciones justas para el sector primario, defendiendo que “el campo madrileño no puede quedarse al margen de estas decisiones”.
Defensa del sector agrario
La presidenta ha reivindicado el valor del campo madrileño y ha puesto en valor productos como el aceite con denominación de origen, el ajo de Chinchón, las fresas de Aranjuez o las mieles de la región.
El Partido Popular defiende la necesidad de proteger a los productores frente a una competencia internacional que, en ocasiones, no cumple los mismos estándares.
Igualdad de condiciones frente a importaciones
Díaz Ayuso ha advertido de los efectos del acuerdo con Mercosur, que eliminará más del 90% de los aranceles, y ha reclamado que los productos importados cumplan las mismas exigencias que los europeos en sanidad, bienestar animal, trazabilidad y uso de pesticidas.
El objetivo es evitar una competencia desleal que perjudique a los agricultores y ganaderos españoles.
Apoyo al campo madrileño
El Gobierno regional ha impulsado medidas para reforzar el sector, como el Plan de Dinamización del Sector Primario, dotado con 148 millones de euros, y la creación del Clúster Agroalimentario regional.
Estas iniciativas buscan garantizar la rentabilidad, el relevo generacional y la competitividad del campo.
Más financiación para la PAC
Díaz Ayuso ha reclamado también un incremento de la financiación de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, evitando recortes y situando a agricultores y ganaderos en el centro de las políticas europeas.
.
Alma Ezcurra: «El PP combatirá la regularización por todas las vía»
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha avanzado el rechazo del Partido Popular a la regularización masiva de inmigrantes que prevé aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que el PP utilizará “todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos, tanto a nivel nacional como europeo, para denunciar esta decisión”.
Ezcurra ha defendido una política migratoria basada en el equilibrio entre solidaridad y legalidad, subrayando que “ni brazos abiertos sin orden ni puños cerrados sin compasión”. En este sentido, ha afirmado que España debe ser un país abierto, pero con normas claras: “quien venga a aportar será bienvenido, pero siempre bajo el paraguas de la ley”.
La dirigente popular ha advertido de que la regularización genera incertidumbre, al no conocerse el número de personas afectadas ni sus circunstancias, y ha alertado de que este tipo de medidas pueden incentivar la inmigración irregular y favorecer a las mafias.
Asimismo, ha señalado que esta iniciativa cuenta con el rechazo de distintas instituciones, como el Congreso, el Senado o comunidades autónomas, así como de organismos europeos, y ha cuestionado la falta de información sobre su impacto económico y administrativo.
En el plano europeo, Ezcurra ha valorado positivamente los resultados electorales en Hungría, destacando el papel del Partido Popular Europeo en la defensa del Estado de derecho y las libertades.
Por otro lado, ha mostrado su respeto a la actuación de la Justicia en relación con el procesamiento de Begoña Gómez, subrayando la importancia de la transparencia institucional.
La vicesecretaria popular también ha criticado el funcionamiento del Congreso de los Diputados, denunciando el bloqueo de iniciativas parlamentarias y defendiendo la necesidad de garantizar el normal desarrollo de la actividad legislativa.
Finalmente, Ezcurra ha expresado su preocupación por la política exterior y penitenciaria del Gobierno, reclamando mayor coherencia en la acción internacional y en la gestión de asuntos sensibles.
Dolors Montserrat señala a Teresa Ribera por falta de imparcialidad.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, acusó a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al evitar investigar posibles conflictos de intereses y distorsiones de competencia en la comercialización de balizas V16 obligatorias en España.
En una pregunta parlamentaria, Montserrat preguntaba expresamente a la Comisión si iba a evaluar “si la obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario”, así como si consideraba que España había adoptado “las medidas suficientes para garantizar transparencia, competencia leal y ausencia de conflictos de intereses”.
Sin embargo, la respuesta de la Comisión evita analizar estos elementos clave. Pese a reconocer explícitamente que “las normas de competencia de la UE prohíben […] prácticas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior” (artículos 101 y 102 del TFUE) y que incluso las actuaciones de los Estados miembros pueden quedar sujetas a estas normas (artículo 106 del TFUE), el Ejecutivo comunitario se limita a afirmar que “no dispone de información concreta sobre posibles conductas o medidas contrarias a la competencia”.
Para Montserrat, esta respuesta demuestra que “existe un marco jurídico europeo claro para actuar ante posibles distorsiones de competencia, pero la Comisión decide no aplicarlo cuando el caso afecta a decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez”.
“Resulta especialmente preocupante que esta respuesta provenga de quien fue ministra en el Gobierno de Sánchez, lo que plantea serias dudas sobre su imparcialidad. No se puede invocar el derecho europeo y, al mismo tiempo, eludir su aplicación por razones políticas”, subrayó.
La eurodiputada lamentó que la Comisión “se escude en tecnicismos y en una supuesta falta de información” en lugar de ejercer su función de supervisión de oficio. “La Comisión debe actuar, investigar y garantizar que no se producen abusos ni favoritismos”, añadió.
Asimismo, recordó que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas de competencia y garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. “No es aceptable que ante posibles irregularidades que afectan a millones de ciudadanos europeos se opte por una respuesta meramente formalista”, insistió.
Por todo ello, el Partido Popular exige a la Comisión Europea que actúe con independencia, que investigue los hechos con rigor y que garantice que no se producen distorsiones de competencia ni situaciones de privilegio derivadas de decisiones regulatorias nacionales.
“Europa no puede permitirse instituciones que eludan su responsabilidad cuando están en juego la transparencia, la competencia leal y la confianza de los ciudadanos”, concluyó.
El PP impulsa medidas en Europa para construir más vivienda y bajar precios.
El Partido Popular ha destacado que, por primera vez en la historia, el Parlamento Europeo ha dado el primer paso para construir una política europea de vivienda, tras la aprobación en el Pleno del informe sobre la crisis inmobiliaria liderado por el eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz.
Desde el PP subrayan que la vivienda es una cuestión clave para el futuro de Europa. “La vivienda no es una política más. Es la base de la vida familiar y, por tanto, del futuro de Europa”, han señalado, advirtiendo de la urgencia de abordar una crisis que afecta especialmente a jóvenes y familias.
Una crisis creciente en Europa
Los datos reflejan la gravedad del problema. Entre 2010 y 2025 los precios de la vivienda en la Unión Europea han aumentado un 61 %, mientras que los alquileres se han incrementado cerca de un 30 %.
Ante esta situación, el informe aprobado por la Eurocámara plantea cinco pilares para abordar el problema: subsidiariedad, aumento de la oferta de vivienda, financiación e inversión, apoyo a los colectivos vulnerables y mejora de los datos y la información disponible.
Más vivienda y menos burocracia
Uno de los ejes centrales del informe es aumentar la oferta de vivienda en Europa. Según estimaciones de la Comisión Europea, en la próxima década serán necesarias 650.000 viviendas adicionales al año, además de las que ya se construyen actualmente.
Para facilitar esta expansión, el Parlamento Europeo propone simplificar los procesos administrativos y reducir la burocracia, con el objetivo de que las licencias de construcción puedan concederse en un plazo máximo de 60 días.
Asimismo, se plantea movilizar suelo público y terrenos industriales abandonados para destinarlos a nuevas promociones de vivienda.
Defensa de la propiedad frente a la ocupación
El informe también aborda el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, que condena expresamente, y pide a los Estados miembros proteger el derecho fundamental a la propiedad privada y garantizar mecanismos eficaces de desalojo.
Más inversión pública y privada
En el ámbito de la financiación, el documento reconoce que la inversión pública es necesaria pero insuficiente para resolver la crisis. Por ello, propone atraer inversión privada mediante incentivos fiscales, incluyendo la posibilidad de aplicar tipos superreducidos de IVA en la construcción, renovación y alquiler de vivienda, además de reforzar el papel del Banco Europeo de Inversiones.
Apoyo a jóvenes y familias
El informe pone especial atención en los colectivos más afectados por la crisis inmobiliaria, como los jóvenes que no pueden acceder a su primera vivienda o las familias que tienen dificultades para pagar el alquiler.
Entre las propuestas destaca la creación de un Plan de Acción Europeo para las Familias, así como medidas específicas para facilitar la compra de primera vivienda, ampliar la oferta de alojamiento para estudiantes y reforzar la lucha contra el sinhogarismo.
Finalmente, el eurodiputado popular ha señalado que para diseñar políticas eficaces será necesario mejorar los datos disponibles sobre vivienda en Europa, por lo que el informe propone reforzar la labor de Eurostat y crear una plataforma europea que permita evaluar las políticas públicas con información fiable.
José Muñoz: «Ley de Restauración destruirá miles de explotaciones agrarias»
El diputado del Grupo Parlamentario VOX, José Muñoz , ha destacado esta mañana en la Comisión de Medio Ambiente que la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza es el último ataque de Europa y del gobierno de España al campo español. Supone la muerte de nuestra huerta y ruina de todas las familias que dependen de este sector.
Ha hecho hincapié en que “ Su objetivo es que al menos se reparen el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la UE en 2030. Para ello plantean como medidas la eliminación de zonas de pastoreo y labranza lo que se traduce en abandono de tierras cultivables, cosa que supondría echar a la calle a nuestros agricultores y ganaderos. Hay que recordar que la Comunidad Valenciana volvió a batir el récord histórico de tierras abandonadas con casi 180.000 hectáreas de cultivo en total en 2025. Y estos reglamentos europeos solo van a acrecentar estos problemas. Mientras Europa apuesta por la muerte del campo, Vox apuesta por el relevo generacional para sacarlo adelante. Hay que recordar que VOX ha conseguido 29 millones para ayudar en esta tarea”.
Por otro lado, el diputado alicantino ha dicho que “la ley de la restauración prevé una serie de restricciones al uso de pesticidas, fertilizantes y antibióticos. Creando así una competencia desleal. Ya que las clausúlalas de salvaguarda son una autentica estafa para el campo español, pues su activación depende de un proceso lento y burocrático que deja su activación en una absoluta ensoñación. Eso no es protección. Eso es una traición”.
José Muñoz ha resaltado que “ También es una traición que este nuevo decretazo climático pretenda que el 40% del presupuesto de la PAC se destine a objetivos climáticos verdes. Queda claro que la ley de la restauración de la naturaleza es la ruina para el sector primario valenciano, y parece ser que el único partido que lo tiene claro es VOX. Nuestro partido fue el único que votó no a Mercosur, la agenda 2030, el pacto verde europeo y de la ley de la restauración de la naturaleza.”
Muñoz ha añadido que “no solo hemos votado en contra de las agendas climáticas para defender al sector primario, también para defender y proteger la vida y los bienes de todos los valencianos y en el contexto de la riada, la limpieza de estos cauces, habrían sido fundamentales para evitar el desbordamiento de ríos y barrancos, reduciendo el impacto sobre las zonas urbanas y rurales. Nuestra huerta no se vende y la vida de los valencianos está por encima de todo” .
Buxadé exige a Von der Leyen frenar la agenda del aborto europeo.
VOX ha remitido sendas cartas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, para exigir que la Comisión rechace cualquier financiación directa o indirecta vinculada a la iniciativa ciudadana europea My Voice, My Choice.
La delegación de VOX en el Parlamento Europeo denuncia que esta iniciativa pretende institucionalizar y financiar abortos transfronterizos con dinero público europeo, vulnerando el principio de subsidiariedad y extralimitando de forma flagrante las competencias de la Unión Europea, ya que la regulación del aborto corresponde exclusivamente a los Estados miembros y a sus parlamentos nacionales.
Durante los últimos meses, My Voice, My Choice ha sido impulsada políticamente desde las instituciones europeas mediante resoluciones e informes que presionan a la Comisión para crear un mecanismo europeo de financiación del aborto, al margen de cualquier mandato democrático y sin base jurídica en los Tratados. En diciembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó un informe en este sentido, un paso que VOX subraya que solo fue posible por la división interna del Partido Popular Europeo, que permitió que la izquierda sacara adelante una iniciativa claramente ideológica.
VOX advierte además de que My Voice, My Choice no es una iniciativa ciudadana neutral, sino una campaña impulsada por una red internacional de organizaciones, fundaciones privadas y lobbies que reciben financiación pública europea. Entre ellas figuran entidades vinculadas a George Soros, así como organizaciones que han recibido millones de euros de fondos comunitarios en los últimos años, y que ahora presionan para convertir el aborto en una política financiada desde Bruselas.
Financiar una agenda ideológica
La formación denuncia que esta estrategia supone utilizar el dinero de todos los europeos para financiar una agenda ideológica concreta, beneficiando a las mismas organizaciones que presionan políticamente a las instituciones y que operan sin un control democrático efectivo.
Ante esta situación, VOX ha exigido por escrito a la Comisión Europea que no dé continuidad a esta iniciativa, que respete estrictamente los Tratados y que no permita que los fondos europeos se conviertan en una herramienta al servicio de lobbies ideológicos y financieros.
VOX recuerda que ya alertó de esta deriva institucional en el Parlamento Europeo a través del evento “My Money, Not Their Choice”, en el que se denunció la opacidad financiera, la presión organizada de lobbies internacionales y el riesgo de que Bruselas invada competencias nacionales utilizando mecanismos financieros.
“La Unión Europea no tiene competencias para legislar ni financiar el aborto. La Comisión debe decidir si respeta la soberanía de los Estados miembros y el dinero de los contribuyentes o si cede a la presión de lobbies ideológicos que operan desde Bruselas”, señalan los eurodiputados de VOX.
Dolors Montserrat: «Bruselas confirma que España incumplió el procedimiento de notificación exigido por la UE»
La Comisión Europea ha confirmado, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, que el Gobierno de España no notificó a Bruselas, tal y como exige la legislación europea, la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, y ha advertido además de que esta imposición puede afectar al mercado interior, al señalar que la introducción de requisitos técnicos nacionales específicos “puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio”. Esta falta de notificación puede tener consecuencias jurídicas relevantes y llegar incluso a cuestionar la aplicación de la obligación en vigor.
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Montserrat, el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné en nombre de la Comisión Europea, afirma expresamente que los Reales Decretos españoles “no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”, al tiempo que reconoce que corresponde a los Estados miembros evaluar si sus proyectos de medidas están sujetos a la obligación de notificación.
En este sentido, la norma europea obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión Europea cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción, con el fin de prevenir obstáculos al mercado interior y garantizar su compatibilidad con el Derecho de la Unión. “Si los Estados miembros no cumplen su obligación de comunicar los proyectos de reglamentos técnicos con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/1535, la Comisión puede adoptar medidas de ejecución con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, advierte la respuesta parlamentaria. Ello significa que podría dar lugar a un procedimiento formal de infracción contra España.
La Comisión recuerda además las implicaciones jurídicas de esta situación, señalando que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados a la Comisión de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535”.
Bruselas recuerda que el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel de la UE y, en su lugar, se aplican las normas nacionales de tráfico de los Estados miembros. “No obstante”, recalca, “la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior con arreglo al artículo 34 del TFUE, que las autoridades españolas tendrían que justificar con arreglo al artículo 36 del TFUE o sobre la base de uno de los requisitos obligatorios desarrollados en la jurisprudencia del TJUE”. Este principio forma parte de la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
REQUISITOS QUE PUEDEN ALTERAR EL MERCADO INTERIOR
En relación con el impacto sobre el mercado interior, la Comisión Europea subraya igualmente que “la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior con arreglo al artículo 34 del TFUE”, que las autoridades españolas tendrían que justificar conforme al Derecho de la Unión.
Tras conocer la respuesta, Montserrat ha destacado la importancia de esta respuesta: “el propio Ejecutivo europeo recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados, lo que confirma la enorme inseguridad jurídica que esta decisión ha generado para millones de conductores y para el conjunto del sector”.
La eurodiputada ha añadido que “cuando un Gobierno impone un dispositivo obligatorio con requisitos técnicos específicos y no cumple los procedimientos europeos, pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones”.
Asimismo, ha destacado que “la Comisión Europea también advierte de que este tipo de requisitos técnicos nacionales puede constituir una restricción al mercado interior”, uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez se empeñe en “ir por libre” en vez de consensuar con el resto de la UE sus decisiones.
Montserrat ha reclamado al Gobierno que “aclare de forma inmediata esta situación, garantice el pleno respeto al Derecho de la Unión Europea y actúe con transparencia y responsabilidad”.
Buxadé advierte de que Mercosur repite el engaño vivido con Marruecos.
VOX ha sido el único partido que se ha opuesto frontalmente al acuerdo UE-Mercosur, sin medias tintas, denunciando su impacto letal sobre el campo europeo. Tras el impulso y el apoyo de VOX y su grupo, Patriotas, en enero de este año, el acuerdo en su conjunto fue llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente para frenar su aplicación y denunciar un modelo comercial contrario a la soberanía productiva y alimentaria de Europa.
Hoy, el bipartidismo vuelve a dar un paso más en el acuerdo con MERCOSUR con la aprobación exprés de las llamadas “salvaguardias”, unos mecanismos que no forman parte del acuerdo con MERCOSUR ni son reconocidos por sus países. Para VOX, son un fraude al campo con el que el bipartidismo pretende acelerar la aplicación del acuerdo con MERCOSUR.
Los países de Mercosur firmaron el acuerdo sin estas salvaguardias. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no las han aceptado ni las reconocen como parte del texto, lo que demuestra que se trata de un instrumento unilateral de la Unión Europea sin garantías reales de aplicación.
Además, las salvaguardias que ahora se presentan no cambian nada de fondo. No se activan automáticamente, no funcionan como un mecanismo preventivo y dependen de la decisión discrecional de los mismos que en Bruselas han impulsado el acuerdo con MERCOSUR sin importarles la protección de nuestros productores. Solo pueden plantearse cuando el daño ya se ha producido y de manera temporal.
Además, eludir estas salvaguardias en caso de que llegaran a aplicarse será muy fácil para los productores externos a través de terceros países de MERCOSUR o, por ejemplo, exportando el ganado vivo en vez de productos cárnicos.
No estamos ante una herramienta que haya que “mejorar”, sino ante el mismo engaño de siempre, idéntico al vivido con otros acuerdos como el de Marruecos, donde durante años se prometieron mecanismos de protección que nunca han llegado y dejan al campo europeo completamente expuesto.
Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, ha señalado que:
«Mercosur y sus falsas salvaguardias son el resultado de cuarenta años de bipartidismo en Europa. Los mismos que han gobernado siempre son los que hoy pretenden engañar al campo con parches que no protegen y acuerdos que destruyen nuestra soberanía productiva».
Por su parte, la eurodiputada Mireia Borrás, miembro de la comisión de Agricultura, ha denunciado que:
«Las salvaguardias no son una protección, son una coartada. No se activan automáticamente, llegan cuando el daño ya está hecho y no corrigen la competencia desleal. Esto ya lo hemos visto con otros acuerdos como el de Marruecos; 15 años llevan nuestro sector esperando a que se activen para frenar la competencia desleal y el resultado siempre es el mismo: el agricultor queda abandonado».