Miguel Barrachina anuncia un millón de euros del Consell para incentivar el reciclaje en la Comunitat Valenciana.
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha anunciado la aprobación de un paquete de acuerdos del Gobierno valenciano que incluye un millón de euros para incentivar la recogida separada de biorresiduos, la financiación de servicios para personas mayores y nuevas medidas de coordinación en la atención a víctimas de violencia de género.
Durante la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, Barrachina ha explicado que las decisiones adoptadas también contemplan inversiones en infraestructuras educativas, convenios para mejorar el acceso a la justicia y acuerdos de apoyo técnico a los municipios en materia de transparencia.
Miguel Barrachina anuncia incentivos económicos para mejorar la separación de residuos
El Consell ha aprobado un convenio tipo con los consorcios y entidades responsables de los planes zonales de residuos, dotado con un millón de euros.
El objetivo es fomentar la recogida separada de biorresiduos mediante incentivos económicos dirigidos a los municipios y a la ciudadanía.
Según ha explicado Barrachina, las ayudas permitirán aplicar descuentos o bonificaciones en las tasas de residuos a los ayuntamientos y vecinos que reduzcan la generación de biorresiduos o mejoren su separación.
El portavoz ha destacado que esta iniciativa pretende avanzar en los objetivos de economía circular y favorecer la participación ciudadana en la gestión de residuos.
El Consell prorroga la coordinación de la atención a víctimas de violencia de género
En materia de igualdad, el Gobierno valenciano ha autorizado la prórroga del convenio con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad.
El acuerdo permite coordinar los servicios telefónicos de atención a las víctimas y establece que las llamadas al 016 realizadas desde la Comunitat Valenciana sean derivadas, previa información a las personas usuarias, al teléfono autonómico 900 580 888.
La colaboración, que se mantiene desde 2008, incorpora la atención multicanal y tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, sin coste económico para las partes.
La residencia de mayores de Morella recibirá 1,85 millones de euros
El Pleno también ha aprobado un convenio con la Congregación Hermanas de la Virgen María de la Consolación, responsable de la residencia de mayores de Morella, en la provincia de Castellón.
El acuerdo contempla una aportación de 1,85 millones de euros durante 2026 para financiar alojamiento, manutención, asistencia sanitaria y atención social.
El centro dispone de 56 plazas y atiende prioritariamente a personas de la comarca de Els Ports.
Barrachina ha destacado la importancia de mantener estos servicios en una zona de la Comunitat Valenciana especialmente afectada por el riesgo de despoblación.
Educación y justicia: actuaciones en Elche y convenios universitarios
En el ámbito educativo, el Consell ha tomado razón de una actuación de emergencia para reparar el centro de transformación eléctrica del IES Tirant lo Blanc de Elche, con un presupuesto de 63.075 euros.
Los trabajos incluyen la sustitución de las celdas, la actualización de las protecciones y la revisión de las instalaciones eléctricas.
En materia de justicia, el Gobierno valenciano ha aprobado cinco convenios por un importe conjunto de 218.000 euros, destinados a actividades de investigación, formación y jornadas para mejorar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.
La Universitat de València, la Universitat Jaume I, la Universitat d’Alacant y la Universidad Miguel Hernández de Elche recibirán 42.000 euros cada una, mientras que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias contará con 50.000 euros.
Castellón y Alicante recibirán apoyo para mejorar la transparencia municipal
El Pleno ha autorizado también acuerdos con las diputaciones de Castellón y Alicante, dotados con 126.000 y 196.000 euros, respectivamente.
Estos fondos se destinarán a prestar asistencia técnica y formación a municipios de menos de 20.000 habitantes en transparencia, participación ciudadana y buen gobierno.
Los convenios se suman al aprobado el 11 de septiembre con la Diputación de Valencia, que contempla el apoyo a los ayuntamientos participantes en el Proyecto de Transparencia Dana Local.
Miguel Barrachina ha señalado que estas actuaciones facilitarán a los municipios pequeños el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y la publicación de información de interés para sus vecinos.
Ulpiano Mayoral condiciona los votos de VOX a nuevas rebajas fiscales en Benicarló.
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Benicarló ha advertido al Partido Popular de que la reducción de impuestos será una condición indispensable para que los próximos presupuestos municipales puedan contar con sus votos favorables.
La formación reclama revertir las subidas fiscales aprobadas al inicio de la legislatura por el Gobierno municipal formado por el PP y Benigazlum, especialmente las relacionadas con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
El concejal de VOX, Ulpiano Mayoral, ha señalado que cualquier acuerdo presupuestario deberá incluir compromisos concretos para reducir la presión fiscal sobre las familias, los trabajadores y los autónomos de Benicarló.
VOX recuerda la subida del 26,7 % del IBI aprobada por PP y Benigazlum
El Grupo Municipal ha recordado que, al comienzo de la legislatura, el Ejecutivo local aprobó un incremento del 26,7 % en el tipo del IBI, además de elevar el impuesto de circulación hasta situarlo prácticamente en el máximo permitido por la legislación.
VOX considera que aquellas decisiones fiscales supusieron un importante esfuerzo económico para los vecinos y reclama que las próximas cuentas municipales permitan avanzar en su reducción.
«Los impuestos subieron considerablemente al inicio de esta legislatura y creemos que ha llegado el momento de seguir reduciéndolos. Si los próximos presupuestos necesitan los votos de VOX, la reducción de la presión fiscal tendrá que ser una realidad», ha afirmado Mayoral.
El concejal ha insistido en que la reducción de impuestos debe formar parte de cualquier negociación presupuestaria en la que participe su formación.
El IBI bajará del 0,91 al 0,85 en 2027
VOX ha recordado que el Partido Popular aprobó el pasado año una reducción del tipo del IBI del 0,91 al 0,85, equivalente aproximadamente a una rebaja del 6,6 %, que entrará en vigor en 2027.
Sin embargo, la formación considera que esta modificación resulta insuficiente para compensar las subidas fiscales aprobadas al comienzo del mandato.
Además, ha señalado que el impuesto de circulación continúa sin experimentar una rebaja general desde el incremento aprobado por PP y Benigazlum.
Por este motivo, VOX reclama nuevas modificaciones fiscales que permitan reducir la carga tributaria de los vecinos.
Mayoral exige tramitar las rebajas fiscales con antelación
El concejal ha destacado que las modificaciones de las ordenanzas fiscales deben tramitarse con tiempo suficiente para garantizar su entrada en vigor durante el próximo ejercicio.
Según ha explicado, estas reducciones deben impulsarse independientemente de que la aprobación de los presupuestos municipales se produzca posteriormente.
VOX pretende que los compromisos fiscales se traduzcan en modificaciones efectivas de las ordenanzas y no queden limitados a los acuerdos políticos sobre las cuentas.
La formación considera que la negociación presupuestaria debe servir para establecer medidas concretas que beneficien a los vecinos de Benicarló.
VOX recuerda que Compromís facilitó los anteriores presupuestos
Ulpiano Mayoral también se ha referido a la aprobación de los presupuestos municipales de este año, que salieron adelante gracias a la abstención de Compromís.
El concejal ha señalado que aquella abstención no estuvo acompañada de nuevas rebajas fiscales vinculadas a la aprobación de las cuentas.
«Cada grupo municipal es libre de decidir qué condiciones establece para facilitar unos presupuestos. Nosotros consideramos que el apoyo a unas cuentas municipales debe estar acompañado de compromisos concretos que beneficien a los vecinos», ha afirmado.
VOX ha reiterado que sus votos favorables estarán condicionados a la incorporación de medidas que respondan a sus principales exigencias.
Seguridad ciudadana, prioridad nacional e inversiones para Benicarló
La reducción de impuestos no será la única condición que VOX planteará al Partido Popular durante la negociación de los próximos presupuestos.
La formación también considera fundamentales el refuerzo de la seguridad ciudadana, la prioridad nacional y la ejecución de inversiones que respondan a las necesidades del municipio.
Desde el Grupo Municipal han señalado que cualquier apoyo presupuestario deberá estar vinculado a actuaciones concretas en estas materias.
VOX exige que las medidas acordadas tengan una aplicación efectiva y no se limiten a compromisos recogidos sobre el papel.
VOX condiciona sus votos a compromisos concretos del PP
Mayoral ha insistido en que su formación mantendrá estas exigencias durante la negociación de las cuentas municipales.
El concejal considera que los próximos presupuestos deben permitir avanzar en la reducción de impuestos y responder a las necesidades de los vecinos de Benicarló.
«Benicarló necesita unos presupuestos que respondan a las necesidades de sus vecinos. Para contar con nuestros votos, tendrán que contemplar nuestras principales exigencias: menos impuestos, más seguridad, prioridad nacional e inversiones. Nuestro compromiso es defender estas medidas hasta que se traduzcan en hechos», ha concluido.
Con esta posición, VOX establece la reducción de la presión fiscal como una condición indispensable para apoyar los próximos presupuestos de Benicarló, junto al refuerzo de la seguridad y la ejecución de inversiones municipales.
Antonio Ortolá reivindica en Castellón la reducción de impuestos como modelo económico para España.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha destacado este jueves que las medidas fiscales impulsadas por el equipo de gobierno municipal, del que forma parte su formación, han supuesto un ahorro superior a los 13 millones de euros para las familias, los autónomos y las empresas de la ciudad.
Ortolá ha realizado estas declaraciones tras la aprobación, en un pleno extraordinario, de las ordenanzas fiscales para 2027, que incluyen una reducción del 10 % del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la suspensión, durante un año más, de la tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.
El portavoz ha defendido que estas decisiones responden al compromiso de VOX de reducir la presión fiscal y favorecer que los ciudadanos dispongan de más recursos económicos.
VOX destaca la bajada del 10 % del IBI en Castellón
Antonio Ortolá ha señalado que la reducción del IBI cumple uno de los compromisos adquiridos en el pacto de gobierno municipal y representa un alivio económico para los vecinos de Castellón.
«El dinero de los castellonenses debe estar en el bolsillo de los castellonenses. No en el de una Administración que cada año pretende recaudar más, gastar más y pedir más esfuerzos a quienes ya hacen demasiados», ha afirmado.
El portavoz de VOX ha defendido que la reducción de impuestos permite aliviar la carga económica de las familias en un contexto marcado por el encarecimiento del coste de la vida.
Asimismo, ha sostenido que estas medidas demuestran que es posible reducir la presión fiscal y gestionar los recursos públicos con responsabilidad.
La suspensión de la tasa de terrazas beneficia a la hostelería y los autónomos
Entre las ordenanzas fiscales aprobadas para 2027 también figura la suspensión, por un año más, de la tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.
Ortolá ha presentado esta decisión como una medida de respaldo al comercio, la hostelería y los trabajadores autónomos de Castellón.
El portavoz ha destacado la importancia de estos sectores para la economía local, tanto por su capacidad para generar empleo como por su contribución a la actividad económica y social de la ciudad.
«Allí donde VOX tiene fuerza en los gobiernos, se bajan los impuestos. Y esto no es una frase bonita ni una promesa electoral vacía. Es una realidad, y Castellón es hoy una de las mejores pruebas de ello», ha señalado.
Más de 13 millones de euros de ahorro fiscal durante la legislatura
El portavoz municipal ha recordado que las medidas aprobadas para 2027 se suman a otras rebajas y bonificaciones fiscales adoptadas durante la legislatura.
Entre ellas, ha destacado las bonificaciones de la plusvalía municipal en las transmisiones por causa de muerte, la reducción del 3 % del impuesto sobre vehículos y las actuaciones destinadas a minimizar el impacto del denominado «basurazo».
Según ha explicado Ortolá, el conjunto de estas medidas ha permitido alcanzar un ahorro fiscal superior a los 13 millones de euros para los castellonenses.
El representante de VOX ha insistido en que la política económica municipal debe orientarse a reducir los impuestos que soportan las familias, los autónomos y las empresas, al tiempo que se mantiene una gestión responsable de los recursos públicos.
Ortolá presenta Castellón como ejemplo del proyecto fiscal de VOX para España
Durante su intervención, Antonio Ortolá ha vinculado las medidas fiscales aplicadas en Castellón con las propuestas económicas que su formación pretende impulsar a nivel nacional.
El portavoz ha defendido que la reducción de impuestos puede contribuir a mejorar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y favorecer la actividad económica.
«Que nadie tenga ninguna duda: con el proyecto fiscal de VOX para España volverá la prosperidad, las familias recuperarán capacidad adquisitiva y el dinero volverá al lugar del que nunca debió salir: al bolsillo de los españoles y, por supuesto, al bolsillo de los castellonenses», ha manifestado.
Ortolá ha asegurado que el modelo fiscal defendido por VOX busca que las familias dispongan de más recursos para afrontar sus gastos, mientras los autónomos y empresarios cuentan con mejores condiciones para desarrollar su actividad.
El 29 de noviembre, una cita electoral para las propuestas económicas de VOX
El portavoz también se ha referido a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una fecha que ha relacionado con la posibilidad de trasladar al conjunto de España las políticas fiscales que defiende su formación.
Ortolá ha contrapuesto el modelo de reducción de impuestos de VOX con las políticas que, según ha señalado, priorizan el incremento de la recaudación.
«Frente a quienes creen que la solución pasa por recaudar cada vez más, nosotros defendemos que los españoles deben disponer de más dinero para sacar adelante a sus familias, emprender, invertir y vivir mejor», ha afirmado.
Finalmente, ha destacado la importancia de la próxima convocatoria electoral para el debate sobre el futuro económico del país.
«El 29 de noviembre tenemos una oportunidad para apostar por ese cambio y por una política que ponga a los ciudadanos en el centro», ha concluido.
David Muñoz reclama al PP cumplir lo pactado sobre la oficina migratoria valenciana.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en Les Corts Valencianes, David Muñoz, ha reclamado al Partido Popular que respete los acuerdos presupuestarios relativos a la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno y ha pedido aclaraciones sobre su puesta en funcionamiento y las actividades que desarrollará.
Durante su intervención en el Pleno, Muñoz se ha dirigido a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, para preguntar por el calendario de implantación de este organismo y por las funciones que tiene previsto asumir.
El diputado ha insistido en que la oficina debe ajustarse a la finalidad pactada en los presupuestos autonómicos y ha cuestionado que pueda utilizarse para prestar determinados servicios de atención a inmigrantes.
VOX reclama respetar los acuerdos presupuestarios
Muñoz ha pedido al Gobierno valenciano que explique cómo está avanzando la puesta en marcha de la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno.
El parlamentario ha defendido que las funciones de este organismo deben quedar delimitadas por lo acordado durante la negociación presupuestaria.
«Esta no sirve para homologar títulos, ni para dar soporte a inmigrantes y mucho menos para seguir siendo cómplices del efecto llamada. En los presupuestos se recoge perfectamente cuál es su función», ha declarado.
VOX sostiene que la oficina no debe convertirse en un instrumento general de atención a la inmigración, sino desarrollar las competencias que, según la formación, quedaron comprometidas en los acuerdos presupuestarios.
Críticas a la anterior propuesta de Oficina Valenciana de Inclusión
El portavoz adjunto también ha cuestionado el modelo de oficina que, según ha explicado, el Partido Popular había planteado inicialmente.
Muñoz ha afirmado que VOX consiguió paralizar la creación de una Oficina Valenciana de Inclusión, a la que atribuye una finalidad distinta de la acordada finalmente.
«La Oficina Valenciana de Inclusión que ustedes pretendían crear era un instrumento al servicio del efecto llamada», ha sostenido.
El diputado ha acusado al PP de mantener planteamientos migratorios que considera próximos a los del Gobierno de Pedro Sánchez.
Muñoz pregunta por la capacidad de las infraestructuras valencianas
En otro momento de su intervención, el representante de VOX ha preguntado a la vicepresidenta si el Consell considera que las infraestructuras autonómicas están preparadas para responder a las previsiones de crecimiento de población.
Muñoz ha relacionado esta cuestión con la disponibilidad de vivienda, la capacidad de los servicios públicos y la planificación de los recursos asistenciales.
«Desde VOX llevamos años denunciando las terribles consecuencias que tiene la inmigración masiva en la inseguridad de nuestros barrios, en el encarecimiento de la vivienda al aumentar la demanda y el deterioro constante de nuestros servicios públicos», ha afirmado.
VOX señala el crecimiento de la población extranjera
Durante el debate, Muñoz ha citado cifras sobre la evolución demográfica de la Comunidad Valenciana.
Según los datos expuestos por el portavoz adjunto, en los últimos cuatro años la población española residente en la región habría crecido alrededor de un 2 %, mientras que la población extranjera habría aumentado cerca de un 40 %.
El parlamentario ha utilizado esta comparación para reclamar una planificación de las necesidades futuras de los servicios públicos.
Petición de información sobre el coste de los servicios públicos
Muñoz ha reclamado que el Gobierno valenciano facilite información sobre los recursos destinados a la atención de la población inmigrante.
«Los españoles tienen derecho a saber cuánto cuesta sostener los servicios públicos, qué recursos se están destinando a atender a la inmigración masiva y qué previsiones tiene el Gobierno para evitar que la presión asistencial siga aumentando», ha señalado.
VOX defiende que estos datos permitirían conocer mejor las necesidades presupuestarias de sanidad, educación y otros servicios autonómicos.
VOX pide al Consell aclarar el futuro de la oficina
Con su intervención, David Muñoz ha trasladado al Gobierno valenciano dos reclamaciones principales: precisar las funciones de la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno y explicar cómo prevé adaptar los recursos públicos a la evolución demográfica.
El portavoz adjunto ha insistido en que el PP debe cumplir los compromisos presupuestarios y evitar que la oficina asuma funciones que VOX considera ajenas a lo pactado.
La controversia sitúa de nuevo la política migratoria y la planificación de los servicios públicos en el debate parlamentario valenciano, con discrepancias sobre el papel de la nueva oficina y el alcance de sus competencias.
Pérez Llorca fija tres años de empadronamiento para acceder a la nueva Renta Valenciana de Inclusión.
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que la nueva Renta Valenciana de Inclusión entrará en vigor el próximo lunes 19 de octubre, incorporando cambios en los requisitos de acceso, la compatibilidad con el empleo y las cuantías de las prestaciones.
Durante la sesión de control celebrada en Les Corts Valencianes, el jefe del Consell ha explicado que la reforma vincula las ayudas a criterios de residencia, escolarización de los menores y compromiso activo con la búsqueda de trabajo.
La nueva regulación permitirá, además, compatibilizar la prestación con un salario laboral y contempla complementos económicos para las familias que afronten gastos de vivienda.
Tres años de empadronamiento para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión
Pérez Llorca ha recordado que la nueva normativa exigirá acreditar el empadronamiento durante los tres años anteriores a la presentación de la solicitud.
Asimismo, las personas beneficiarias que tengan menores a cargo deberán garantizar su escolarización y asistencia a la enseñanza obligatoria.
El president ha señalado que esta exigencia educativa se enmarca en el acceso a la escolarización, incluida la etapa gratuita de 0 a 3 años, y ha situado la formación de los menores entre las condiciones relevantes de la reforma.
La prestación será compatible con un salario y reforzará la búsqueda de empleo
Una de las principales novedades anunciadas por Pérez Llorca es que la Renta Valenciana de Inclusión podrá percibirse de forma compatible con ingresos procedentes del trabajo.
La medida introduce la posibilidad de mantener la ayuda mientras la persona beneficiaria desarrolla una actividad laboral, dentro de las condiciones que establezca la nueva regulación.
El Consell también refuerza el compromiso de búsqueda activa de empleo para quienes reciban la prestación, vinculando la política de inclusión social con la incorporación al mercado laboral.
Hasta un 30 % adicional para familias con alquiler o hipoteca
El president ha informado de que las cuantías de la Renta Valenciana de Inclusión se han actualizado para adaptarlas al coste de la vida y a las necesidades económicas de los hogares.
El cálculo de la prestación tendrá en cuenta el número de personas que convivan en la unidad familiar.
Además, las personas beneficiarias que tengan gastos de alquiler o hipoteca podrán recibir hasta un 30 % adicional, una medida destinada a contemplar el peso de los costes residenciales en la economía doméstica.
Pérez Llorca recuerda sus medidas en vivienda, agricultura e infraestructuras
Durante su intervención en Les Corts, y en respuesta al grupo parlamentario socialista, Juanfran Pérez Llorca ha recordado las propuestas anunciadas por el Consell en el Debate de Política General celebrado el pasado 28 de septiembre.
El president ha hecho referencia a las iniciativas autonómicas en materia de vivienda, sector primario e infraestructuras, que forman parte de las prioridades expuestas por el Gobierno valenciano.
El president reclama al Gobierno central agua, infraestructuras antirriadas y mejoras en Cercanías
En su réplica al grupo parlamentario Compromís, Pérez Llorca ha cuestionado la posición de la formación respecto a las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana ante el Gobierno de España.
El jefe del Consell ha insistido en la necesidad de avanzar en cuestiones como la disponibilidad de agua, las infraestructuras de protección frente a inundaciones y las mejoras de la red ferroviaria de Cercanías.
Con la entrada en vigor de la nueva Renta Valenciana de Inclusión el 19 de octubre, la Generalitat pondrá en marcha los cambios anunciados en una de sus principales prestaciones sociales, con nuevas condiciones de acceso y medidas de compatibilidad con el empleo.
Más viviendas y una demanda creciente: el debate que Miriam Turiel plantea al Partido Popular.
La diputada del Grupo Parlamentario VOX en Les Corts Valencianes, Miriam Turiel, ha anunciado durante una intervención en el Pleno la presentación de una enmienda a una iniciativa del Partido Popular sobre vivienda.
Turiel ha explicado que su formación comparte algunas de las medidas propuestas por el PP, especialmente las relacionadas con la construcción, la fiscalidad y la seguridad jurídica, pero considera que el texto resulta incompleto porque no aborda suficientemente la evolución de la demanda residencial.
La parlamentaria ha situado el crecimiento de la población, la inmigración y la insuficiente construcción de viviendas entre los factores que, a su juicio, deben tenerse en cuenta para analizar el mercado inmobiliario.
VOX presenta una enmienda a la iniciativa del Partido Popular
Durante su intervención, Miriam Turiel ha reconocido coincidencias entre VOX y el Partido Popular en algunas de las medidas destinadas a aumentar la oferta de vivienda.
«Hemos presentado una enmienda a su iniciativa porque nos parece adecuada pero incompleta», ha afirmado.
La diputada ha señalado que las propuestas del PP sobre construcción, fiscalidad y seguridad jurídica coinciden con medidas defendidas por su grupo y que, según ha recordado, ya fueron aprobadas durante el Debate de Política General.
Sin embargo, ha cuestionado que la iniciativa no contemple expresamente la inmigración como uno de los factores relacionados con el aumento de la demanda residencial.
«Trata el problema de la vivienda solo por el lado de la oferta, pero omite el de la demanda y en ningún momento aparece la inmigración», ha declarado.
Turiel relaciona el crecimiento de población con la demanda de vivienda
La parlamentaria ha defendido que el análisis del mercado inmobiliario debe considerar tanto el número de viviendas disponibles como la evolución de la población.
Según su planteamiento, el incremento de habitantes genera una mayor necesidad de alojamiento y puede intensificar la competencia por la vivienda cuando la construcción no crece al mismo ritmo.
«Es incompatible asumir la fórmula de más inmigración y precios más bajos sin construir nuevas viviendas», ha sostenido.
Turiel ha atribuido al Instituto Nacional de Estadística la idea de que la inmigración ha tenido un peso decisivo en el crecimiento reciente de la población española.
Durante su intervención también ha afirmado que en los últimos cinco años han entrado «cinco millones de personas al año». Esta formulación no está acreditada por los datos aportados en el comunicado y no debe confundirse con el crecimiento acumulado de población, las entradas brutas anuales o el saldo migratorio neto, que son indicadores diferentes.
El impacto de la evolución demográfica sobre los precios de la vivienda depende, además, de factores como la distribución territorial de la demanda, la oferta disponible, los ingresos de los hogares y las condiciones de financiación.
La diputada critica la falta de construcción de nuevas viviendas
Otro de los ejes de la intervención ha sido la insuficiente oferta residencial.
Turiel ha asegurado que España lleva años acumulando un déficit de construcción y ha comparado los niveles actuales con los de décadas anteriores.
Según las cifras mencionadas por la diputada, durante los años noventa se construían unas 260.000 viviendas anuales, frente a las 93.000 que ha citado para la actualidad.
También ha señalado una caída de la producción de vivienda protegida, desde unas 62.000 unidades anuales hasta aproximadamente 1.200.
Las cifras corresponden a la intervención parlamentaria y no incluyen en el texto facilitado el año exacto, la serie estadística ni la definición utilizada para cada categoría, por lo que requieren comprobación antes de utilizarlas como una comparación histórica cerrada.
VOX defiende la prioridad nacional en determinadas prestaciones
Miriam Turiel también ha reivindicado la posición de VOX favorable a establecer criterios de prioridad nacional cuando los recursos públicos sean limitados.
La diputada ha vinculado esta propuesta con las dificultades de acceso a la vivienda que, según sostiene, afectan especialmente a las clases medias y trabajadoras.
Asimismo, ha reclamado medidas de retorno para las personas que se encuentran en España en situación administrativa irregular.
La aplicación de cualquier medida de acceso a prestaciones, devolución o expulsión debe ajustarse a la legislación vigente, a las garantías individuales y a las obligaciones internacionales correspondientes.
Críticas a la política de vivienda de Pedro Sánchez
En la parte final de su intervención, Turiel ha responsabilizado políticamente al Gobierno central de la situación del mercado residencial.
La diputada ha criticado la Ley de Vivienda, la presión fiscal y la falta de construcción de nuevas promociones.
También ha citado una cifra de 272.000 desahucios, sin precisar en el comunicado el periodo temporal ni las categorías estadísticas incluidas.
Turiel ha concluido con una crítica al presidente del Gobierno: «La política de vivienda de Pedro Sánchez se reduce a la única que le importa: la suya en la Moncloa».
Con esta intervención, VOX ha planteado una enmienda a la propuesta del PP para incorporar la evolución de la demanda residencial al debate sobre vivienda en Les Corts Valencianes, mientras mantiene sus propuestas de ampliación de la oferta, reducción de obstáculos administrativos y revisión de las políticas migratorias.
Ana Vega reclama planificación y recursos para los servicios públicos valencianos.
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX en Les Corts Valencianes, Ana Vega, ha denunciado durante una intervención en el Pleno la situación de los servicios públicos y las dificultades que, según sostiene, afrontan las familias españolas y valencianas para acceder a la vivienda, la sanidad y otras prestaciones esenciales.
Vega ha criticado la política social del Gobierno de Pedro Sánchez y ha defendido que la planificación de los recursos públicos debe tener en cuenta su capacidad para atender la demanda.
La diputada ha relacionado esta cuestión con la política migratoria y ha reclamado al resto de formaciones parlamentarias que apoyen una iniciativa de VOX orientada a revisar las prioridades en la prestación de servicios.
Ana Vega denuncia las dificultades de acceso a la vivienda y la sanidad
Durante su intervención, la portavoz adjunta de VOX ha descrito un escenario de dificultades económicas y de acceso a servicios esenciales.
«Las familias españolas y valencianas se tienen que enfrentar a una realidad muy compleja con listas de espera interminables, centros de salud saturados, jóvenes que no pueden acceder a viviendas y servicios sociales que no pueden abarcar una demanda que crece día tras día», ha afirmado.
Vega ha responsabilizado políticamente a los partidos de izquierda de no haber respondido adecuadamente a estas necesidades.
La diputada considera que las dificultades para acceder a una vivienda y la presión sobre determinados servicios públicos afectan especialmente a las familias, los jóvenes y las personas mayores.
Críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por sus políticas sociales
La representante de VOX ha cuestionado el balance social del Ejecutivo central, al que acusa de no haber garantizado adecuadamente derechos y prestaciones fundamentales.
«El supuesto Gobierno más progresista, el del PSOE de Sánchez, ha acabado con nuestros derechos sociales más básicos y elementales que son la vivienda, sanidad, educación y seguridad», ha declarado.
Vega también ha relacionado las dificultades de emancipación y las condiciones laborales con la salida de jóvenes españoles al extranjero.
Durante su intervención, ha afirmado que más de un millón de españoles, especialmente jóvenes cualificados, se han marchado de España ante la falta de oportunidades.
Esta cifra procede de las declaraciones de la diputada y no se acompaña de una fuente estadística ni de un periodo de referencia, por lo que no puede interpretarse como una estimación verificada de emigración reciente.
VOX cuestiona la distribución de los recursos públicos
Otro de los ejes de su discurso ha sido la financiación del Estado del bienestar y la distribución de las prestaciones públicas.
Vega ha planteado que los recursos disponibles deben gestionarse de forma que permitan atender las necesidades de quienes contribuyen al sostenimiento del sistema.
«¿Cómo se sostiene un Estado de Bienestar en el que unos pocos vivimos ahogados a impuestos para que otros hagan uso de esos servicios públicos, que nosotros pagamos, mientras nuestros hijos, abuelos y familias se quedan a la cola o son expulsados del sistema?», ha preguntado.
La diputada ha defendido que la presión fiscal sobre las familias debe tenerse en cuenta al diseñar las políticas sociales.
Su intervención refleja la posición de VOX favorable a establecer criterios de prioridad nacional en determinadas prestaciones.
El acceso a los servicios públicos, no obstante, está regulado por normas específicas que establecen requisitos distintos según el tipo de prestación, la residencia, la situación administrativa y otros criterios legales.
Inmigración y planificación de los servicios públicos
Ana Vega ha vinculado el aumento de la demanda de prestaciones con lo que su formación denomina «inmigración masiva y descontrolada».
Según la diputada, las políticas migratorias aplicadas durante los últimos años no han estado acompañadas de una planificación suficiente de los recursos públicos.
«Los años de políticas de puertas abiertas, sin planificación y con gobiernos de uno y otro color, han desembocado en una degradación de nuestros servicios públicos sin precedentes», ha sostenido.
Vega ha insistido en que, a su juicio, las políticas migratorias tienen consecuencias sobre la capacidad de los servicios públicos.
La relación entre inmigración y saturación de servicios requiere, sin embargo, considerar otros factores, como la inversión pública, las plantillas disponibles, el envejecimiento de la población y la distribución territorial de la demanda. La intervención no aporta datos que permitan atribuir el conjunto de los problemas descritos a una única causa.
Vega pide el apoyo de Les Corts a la iniciativa de VOX
En la parte final de su intervención, la portavoz adjunta se ha dirigido al resto de grupos parlamentarios para solicitar su respaldo a la propuesta defendida por VOX.
«Les pido responsabilidad para que aprueben esta iniciativa», ha afirmado.
Vega ha señalado que, para su formación, cualquier respuesta a la presión sobre los servicios públicos debe partir del reconocimiento de que los recursos presupuestarios y materiales son limitados.
«No podemos poner solución al colapso de nuestros servicios públicos si no empezamos por reconocer de forma honesta que nuestros recursos son limitados», ha añadido.
El texto facilitado no detalla el articulado de la iniciativa ni el resultado de la votación, por lo que no permite precisar las medidas concretas sometidas al Pleno.
Con esta intervención, Ana Vega ha situado la financiación de los servicios públicos, el acceso a la vivienda y la política migratoria entre las prioridades parlamentarias de VOX en la Comunidad Valenciana.
Vivienda, impuestos e inmigración: las tres cuestiones que José María Llanos sitúa en el debate político.
El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha situado la vivienda, las infraestructuras y la situación de los servicios públicos entre las principales preocupaciones de su formación durante unas declaraciones a los medios previas al inicio del Pleno.
Llanos ha criticado las medidas de vivienda impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha cuestionado la utilización de la Diputación Permanente para tramitar dos decretos leyes sobre esta materia.
Además, ha defendido las propuestas de VOX para ampliar la oferta residencial y ha advertido de la presión que, según sostiene, ejerce el crecimiento de la población sobre los recursos públicos disponibles.
Llanos sitúa la vivienda entre las principales preocupaciones
El portavoz de VOX ha señalado que su formación insistirá en la necesidad de abordar las dificultades de acceso a la vivienda, así como las carencias de infraestructuras y servicios públicos.
«Es evidente que la vivienda es importante, es el más grave problema, según consideran todos los españoles», ha afirmado.
Llanos ha vinculado el debate residencial con la evolución de la población y con la capacidad de las administraciones para responder a la demanda de servicios.
En este sentido, ha anunciado que VOX insistirá en lo que denomina el «colapso de los servicios públicos» y en sus críticas a la política migratoria del Ejecutivo.
La relación entre inmigración, disponibilidad de vivienda y funcionamiento de los servicios públicos requiere analizar también factores como la construcción de nuevas viviendas, la inversión pública, la distribución territorial de la población y las necesidades de personal.
VOX cuestiona los decretos de vivienda del Gobierno de Sánchez
Una de las principales críticas de Llanos se ha dirigido contra dos decretos leyes sobre vivienda que, según ha explicado, el Ejecutivo pretende tramitar mediante la Diputación Permanente.
El diputado autonómico ha calificado esta actuación de «fraude de ley» y ha acusado al Gobierno de actuar contra el Parlamento.
Se trata de una valoración política y jurídica expresada por Llanos, no de una irregularidad acreditada mediante una resolución judicial.
El portavoz ha sostenido que las medidas anunciadas podrían provocar un incremento de precios y reducir el número de viviendas disponibles para alquilar.
«Suponen un engaño, suponen incremento de precios, suponen menos viviendas en el mercado, menos viviendas para alquiler», ha declarado.
También ha acusado al Ejecutivo de utilizar estas iniciativas para desviar la atención de otras controversias políticas.
El comunicado no identifica los números ni el contenido íntegro de los dos decretos, por lo que sus posibles efectos económicos no pueden establecerse únicamente a partir de las declaraciones del portavoz.
La Diputación Permanente, en el centro de las críticas
Llanos ha cuestionado especialmente el procedimiento parlamentario que, según sus declaraciones, se utilizará para abordar las iniciativas.
La Diputación Permanente es un órgano previsto en el sistema parlamentario español para garantizar la continuidad de determinadas funciones de la Cámara cuando esta no está reunida en periodo ordinario o se encuentra disuelta.
Su intervención no constituye por sí misma un fraude de ley. La valoración sobre la regularidad de un procedimiento concreto depende de las circunstancias y de las normas constitucionales y parlamentarias aplicables.
VOX, sin embargo, considera que el Gobierno está recurriendo a esta vía para impulsar medidas que deberían someterse a un debate parlamentario más amplio.
Liberalizar suelo y reducir impuestos sobre la primera vivienda
Frente a las políticas del Gobierno central, José María Llanos ha defendido las propuestas de VOX para facilitar la construcción y el acceso a la vivienda.
«Hay que liberalizar suelo, hay que eliminar los impuestos a la primera vivienda, hay que reducir drásticamente la burocracia», ha afirmado.
La formación sostiene que ampliar la disponibilidad de suelo y simplificar los procedimientos administrativos permitiría incrementar la oferta residencial.
Llanos también ha reclamado revisar la carga fiscal que soportan quienes adquieren su primera vivienda, una medida que VOX presenta como parte de su respuesta a las dificultades de emancipación.
Inmigración y capacidad de los servicios públicos
El portavoz ha relacionado la demanda de vivienda con la evolución de los flujos migratorios y ha pedido tener en cuenta la capacidad de los servicios públicos para atender a la población.
Durante su intervención, Llanos ha afirmado que en los últimos cinco años han entrado en España cinco millones de inmigrantes.
Esa cifra corresponde a una afirmación del dirigente y no se acompaña en el comunicado de una fuente estadística ni de una definición de qué entradas contabiliza. Por ello, no debe interpretarse automáticamente como un aumento neto de cinco millones de residentes extranjeros.
Llanos ha defendido que las políticas públicas tengan en cuenta la disponibilidad de recursos y ha reiterado la posición de VOX de establecer criterios de prioridad nacional en determinadas prestaciones.
Con estas declaraciones, el portavoz de VOX en Les Corts ha situado el acceso a la vivienda y la capacidad de los servicios públicos en el centro de sus críticas al Gobierno, al tiempo que ha reivindicado una política de mayor oferta de suelo, reducción fiscal y simplificación administrativa.