Jesús Albiol: «PSOE y Compromís rechazan apoyar la propuesta de VOX para defender el juguete valenciano»
El Grupo Parlamentario VOX ha sacado adelante en la Comisión de Industria una iniciativa para defender la industria del juguete valenciana gracias a los votos favorables de VOX y del Partido Popular.
Desde la formación han criticado que PSOE y Compromís no hayan respaldado esta Proposición No de Ley, pese a tratarse de una medida destinada a apoyar a uno de los sectores industriales más importantes de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana.
El diputado de VOX en las Cortes Valencianas, Jesús Albiol, ha denunciado que la industria valenciana “no puede competir con más impuestos y más burocracia mientras se permite la entrada de productos extranjeros sin controles equivalentes”.
“El impuesto al plástico y las imposiciones derivadas del Pacto Verde perjudican directamente al juguete valenciano”, ha afirmado Albiol, quien ha defendido que apoyar este sector significa “defender empleo, industria, comercio local y seguridad frente a plataformas extranjeras y competencia desleal”.
El diputado ha recordado además el peso estratégico de esta industria en la economía valenciana.
“La Comunidad Valenciana concentra más de un tercio de toda la industria juguetera española, más del 35% del empleo nacional del sector y cerca del 38% de las ventas”, ha destacado.
Jesús Albiol ha criticado también que mientras al fabricante valenciano “se le obliga a cumplir absolutamente todo”, se permita la entrada de productos extranjeros que “en ocasiones ni siquiera cumplen los estándares mínimos de seguridad”.
En este sentido, VOX ha señalado que la propia Asociación Española de Fabricantes de Juguetes lleva años alertando sobre el aumento de productos inseguros comercializados a través de plataformas online extranjeras.
“Son productos sin garantías, con materiales tóxicos, inflamables y sin certificaciones adecuadas”, ha advertido Albiol.
La iniciativa impulsada por VOX reclama revisar y eliminar cargas burocráticas innecesarias, incentivar la producción local frente a la competencia desleal de terceros países y promover campañas de apoyo al juguete valenciano.
“En VOX estamos del lado de quienes producen, de quienes crean empleo y de quienes sostienen nuestra economía real”, ha señalado el diputado.
Finalmente, Jesús Albiol ha cargado contra “el dogmatismo climático, la burocracia ideológica y las imposiciones de Bruselas”, defendiendo la necesidad de proteger a las empresas valencianas frente a políticas que, según VOX, perjudican la competitividad industrial.
Gerardo Camps: «Han convertido Europa en su cajero político»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Gerardo Camps, ha denunciado la “nefasta gestión” del Gobierno de Pedro Sánchez de los fondos europeos Next Generation, criticando la baja ejecución, la falta de transparencia y el desvío de recursos destinados a modernizar la economía española.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Camps ha reprochado al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el Ejecutivo solo haya ejecutado el 27,7% de los fondos europeos, según datos de la IGAE.
“El Gobierno ha convertido los fondos europeos en un instrumento de supervivencia política”, ha afirmado.
El senador popular ha denunciado además que el Ejecutivo ha desviado 10.000 millones de euros a gasto corriente y mantiene pendientes de acreditar 224 hitos y objetivos ante Bruselas cuando faltan menos de tres meses para finalizar el plazo.
Asimismo, Camps ha criticado que España haya renunciado a más de 60.000 millones de euros en créditos europeos.
“Los fondos Next Generation nacieron para transformar la economía española, no para tapar la incapacidad del Gobierno para aprobar Presupuestos Generales del Estado”, ha señalado.
El dirigente popular ha cuestionado incluso si, sin esos fondos europeos, el Ejecutivo habría podido afrontar con normalidad el pago de las pensiones.
Gerardo Camps ha acusado al Gobierno de utilizar recursos extraordinarios “concebidos para modernizar España” con el único objetivo de “subsistir políticamente”.
En este sentido, ha cargado duramente contra Carlos Cuerpo, asegurando que “su verdadero problema no es técnico ni contable, sino de credibilidad”.
“Bruselas no valida ruedas de prensa, valida resultados”, ha advertido.
El portavoz adjunto del GPP ha criticado el tono “triunfalista” del Gobierno y ha acusado al vicepresidente económico de evitar responder a las cuestiones de fondo.
“Mucho dato descontextualizado, mucho titular vacío y mucho triunfalismo estéril”, ha señalado.
Además, Camps ha asegurado que “comparecencia tras comparecencia se le cae la careta de tecnócrata y aparece el político que intenta distraer y diluir las respuestas”.
El senador popular ha advertido de que el Gobierno “engaña en España, engaña en Bruselas y bloquea cualquier ley que impida seguir haciéndolo”.
“El Partido Popular seguirá defendiendo una gestión transparente y eficaz de los fondos europeos para garantizar el crecimiento, la modernización económica y el futuro de España”, ha concluido.
Teresa Ramírez: «VOX quiere acabar con normas inútiles y órganos duplicados en la Comunidad Valenciana»
La diputada del GP VOX en las Cortes Valencianas, Teresa Ramírez, ha defendido en la comisión de Economía las 18 enmiendas presentadas por VOX al Plan Simplifica, destacando que “con ellas, pasamos de la cultura de la desconfianza y la hiperregulación a la de la responsabilidad, eficiencia y progreso”.
Ramírez ha señalado que las propuestas de VOX tienen como objetivo “acabar con las normas inútiles, con los órganos duplicados y con el intervencionismo”, además de facilitar las gestiones a los ciudadanos y reducir tiempos y trámites administrativos.
“Cada semana de retraso en una licencia es una oportunidad perdida”, ha afirmado la diputada, quien ha insistido en que las enmiendas presentadas “dan respuesta a necesidades reales de los ciudadanos y eliminan los obstáculos que separan la administración de la calle”.
Entre las medidas planteadas por VOX destaca el impulso de la Historia Social Única, con el objetivo de unificar en un solo expediente todas las ayudas que percibe cada persona y así evitar duplicidades, abusos y mejorar el sistema asistencial.
Asimismo, VOX propone establecer una reserva de plazas para militares de complemento y profesionales de tropa y marinería en las convocatorias de acceso a los cuerpos de Policía Local.
La formación también plantea que los informes previos para elaborar nuevas normas tengan en cuenta el impacto social y económico sobre los negocios de menos de diez trabajadores, al considerar que representan la gran mayoría del tejido productivo valenciano.
Otra de las iniciativas defendidas por Teresa Ramírez es el reconocimiento del derecho al error administrativo, incentivando la subsanación temprana de errores y facilitando su corrección mediante mecanismos ágiles y automatizados.
VOX también propone ampliar la superficie exenta de licencia municipal, pasando de los actuales 750 metros cuadrados a los 2.500, con el objetivo de incentivar la apertura de nuevos comercios e impulsar la actividad económica.
Ramírez ha recordado además que “VOX siempre ha defendido que por cada norma que entre, hay tres que deben salir”, subrayando que varias de las enmiendas presentadas buscan derogar normas que consideran obsoletas.
La diputada ha insistido en que “quien cumple la ley en España no tiene que volver a empezar desde cero en la Comunidad Valenciana”, por lo que VOX plantea revisar anualmente la normativa autonómica para eliminar aquellos requisitos más restrictivos que en otras partes del país.
Finalmente, Teresa Ramírez ha asegurado que VOX exigirá a la Generalitat que diseñe normas “que no pongan trabas a empresas y profesionales de otras comunidades para atraer nuevos talentos”, defendiendo así una administración “más sencilla, eficiente y cercana al autónomo y a la pequeña y mediana empresa”.
Carmen Contelles: «Las familias podrán deducirse en la renta casos de discapacidad actualmente en revisión»
La Comisión de Economía de Les Corts Valencianes ha aprobado una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular que permitirá que todas las familias con menores con discapacidad puedan beneficiarse de desgravaciones fiscales en la declaración de la renta de 2025, incluyendo también aquellos casos en los que la discapacidad se encuentre en revisión.
La portavoz de Economía del Grupo Popular, Mari Carmen Contelles, ha explicado que esta modificación “recoge el criterio del CERMI y garantiza que ninguna familia con menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA), discapacidad intelectual o trastornos del neurodesarrollo pierda los beneficios fiscales que venía disfrutando”.
“A través de esta enmienda se incorpora la discapacidad en revisión para que todas las familias puedan deducirse estos gastos en la renta de este año”, ha señalado Contelles.
La Comisión de Economía ha debatido y votado las enmiendas a la Ley de medidas urgentes contra la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, conocida como Ley Simplifica II.
El Grupo Popular ha presentado un total de 34 enmiendas y once transaccionales, de las que prácticamente todas han salido adelante, quedando únicamente una enmienda viva para su debate en el pleno.
Mari Carmen Contelles ha defendido que esta reforma “es urgente y necesaria” para combatir la burocracia que “genera incertidumbre y agobio a empresas, ciudadanos y familias”, consolidando además “un modelo distinto al del Botànic basado en la simplificación administrativa y la agilización de procesos”.
La portavoz popular ha criticado también la postura de PSPV y Compromís, asegurando que “han intentado poner más trabas y más burocracia a una ley que precisamente busca reducir la hiperregulación y evitar retrasos administrativos”.
“Durante ocho años no hicieron nada para simplificar la administración y ahora pretenden bloquear una reforma clave para agilizar procedimientos y evitar la parálisis”, ha afirmado.
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana defiende una administración más ágil, eficaz y cercana, que facilite la vida de las familias y garantice apoyos reales a quienes más lo necesitan.
Beatriz Gascó: «La educación pública no puede quedar secuestrada por intereses políticos»
La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha asegurado que la Conselleria de Educación “mantiene la mano tendida y la disposición al diálogo y al acuerdo”, y ha señalado que “ahora son los sindicatos docentes quienes deben decidir si quieren negociar o bloquear el final de curso”.
Ante la convocatoria de huelga indefinida prevista para la próxima semana, Gascó ha apelado a la “responsabilidad” del profesorado y de las organizaciones sindicales para evitar perjuicios a los más de 840.000 alumnos valencianos.
“La Conselleria no ha roto las negociaciones en ningún momento y todavía hay margen para alcanzar acuerdos si existe voluntad real de negociar. La pelota está ahora en el tejado de los sindicatos”, ha afirmado.
La diputada popular ha advertido de que una huelga indefinida “genera enorme preocupación entre miles de familias valencianas”, especialmente en un momento clave del curso escolar marcado por evaluaciones decisivas y preparación de exámenes finales.
“No es razonable trasladar a las familias la incertidumbre de si sus hijos podrán acudir con normalidad a clase o afrontar sus pruebas finales en condiciones adecuadas”, ha señalado.
Asimismo, Gascó ha mostrado su preocupación por los mensajes difundidos desde algunos sectores que animan a los alumnos a no acudir a las aulas. “Las familias tienen derecho a decidir libremente, pero no se puede utilizar a los estudiantes como instrumento de presión en un conflicto laboral”, ha defendido.
En este sentido, la portavoz popular ha recordado que el actual Consell “ha demostrado más predisposición al diálogo en unos meses que el Botànic durante años”, destacando además medidas impulsadas por el Gobierno valenciano como la subida salarial del 13,5% para los docentes más jóvenes y el incremento de más de 8.000 profesores en la plantilla educativa durante la última legislatura.
“Mientras algunos prefieren esconderse detrás de la pancarta, desde el Partido Popular de la Comunitat Valenciana seguimos apostando por una educación pública, de calidad y centrada en el interés de alumnos y familias”, ha concluido Gascó.
Candela Anglés: «El Botànic disparó el precio de la vivienda y ahora critica al Consell que sí construye»
La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Candela Anglés, ha acusado al PSPV de tener “muy mala memoria: fueron ellos quienes realizaron la gran subida del precio de la VPP en 2023, incrementándolo de golpe en 400 euros por metro cuadrado, pasando de 1.800 a 2.200”.
Anglés ha defendido que “el verdadero problema del PSPV no es el precio, sino que este Consell sí está haciendo vivienda de protección pública”. “Poco había que regular cuando el anterior gobierno de socialistas y Compromís dejó el marcador en cero viviendas sociales. Ahora vienen a rasgarse las vestiduras cuando durante ocho años prometieron mucho y construyeron muy poco, los mismos que consiguieron que el precio de la compra aumentara un 50% y el del alquiler un 90%”, ha afirmado.
La diputada popular también ha criticado que los socialistas “hablen sin el más mínimo conocimiento de viviendas protegidas de 100 metros cuadrados para exagerar cifras y alarmar a la ciudadanía”. En este sentido, ha recordado que las viviendas de protección pública de régimen general tienen una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados y que únicamente un porcentaje limitado del 4% puede llegar a 120 metros cuadrados en casos específicos, como familias numerosas.
Asimismo, Anglés ha explicado que el sector lleva tiempo alertando del fuerte incremento de los costes de construcción, que afecta a todas las promociones de vivienda. “La prioridad del Consell es que haya oferta real de vivienda asequible y que los jóvenes y las familias puedan acceder a ella”, ha añadido.
En este sentido, ha insistido en que tanto en los costes de construcción como en el proceso de compra, uno de los factores que más encarecen la vivienda son los impuestos, que pueden representar hasta el 30% del total. “Es ahí donde hay que actuar y el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere hacerlo”, ha señalado. Por ello, ha reclamado al PSPV que “deje de hacer demagogia y empiece a exigir medidas útiles al Gobierno central”, entre ellas la rebaja o eliminación del IVA para la compra de la primera vivienda y una reducción de la presión fiscal vinculada al acceso a la vivienda.
Por último, la portavoz de Vivienda ha señalado “el verdadero sectarismo socialista”, y es que hasta el propio Consejo de Estado ha tenido que dar un toque de atención al Ministerio de Vivienda “por querer utilizar los fondos públicos como herramienta de propaganda política”. “El Gobierno de Sánchez pretende congelar ayudas europeas a las comunidades autónomas si no pasan por su filtro ideológico o no les permiten hacerse la foto. Eso demuestra qué es lo que les preocupa realmente: el titular y la propaganda antes que solucionar los problemas reales de acceso a la vivienda”, ha concluido.
Elena Bastidas: «No podemos permitir que el relato político invisibilice a la víctima»
La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha comparecido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para defender que se mantenga abierta la investigación sobre los abusos sexuales a menores tuteladas en la Comunitat Valenciana ocurridos en la etapa del anterior gobierno autonómico. “No podemos consentir que el relato que intentan imponer algunos borre a la menor”.
Bastidas ha señalado que “se trata de uno de los casos más inquietantes, dolorosos y perturbadores que ha vivido la Comunitat Valenciana en materia de protección de menores. En concreto hablamos de una menor, tutelada por la Administración, que fue abusada por un trabajador de un centro financiado con recursos públicos, pareja entonces de la máxima responsable política del departamento de infancia, ya condenado por sentencia firme. Este hecho generó una alarma social profunda”.
La portavoz popular ha indicado que “la presunción de inocencia no agota todas las responsabilidades. No borra ni la responsabilidad política, ni la ética, ni la institucional. Queremos saber si se vulneraron normas europeas. Queremos saber si se cumplieron los protocolos de prevención, detección, investigación y asistencia a menores víctimas de abusos sexuales. Queremos saber si la víctima fue escuchada o si fue silenciada por el peso de la institución. Y queremos saber qué garantías existen hoy, en el marco europeo, para que ningún menor tutelado vuelva a quedar atrapado en una grieta del sistema”.
Para Bastidas, “lo más grave hoy es el relato que se intenta construir. Porque más allá del legítimo derecho de defensa, resulta indignante que algunos grupos políticos pretendan convertir este caso en una historia de «persecución política» o lawfare. La responsable política de aquellos hechos, la señora Oltra, se ha situado en el centro de una narrativa de victimización, desplazando el foco de donde nunca debió salir: la menor abusada a la que el sistema falló. Una vez más, están tratando de invisibilizar a Teresa”.
“Este mensaje es corrosivo para la democracia -ha continuado- alimentando la idea de que hay una justicia para los débiles y otra para algunos dirigentes políticos, y que además se protegen entre ellos, cuando el procesado pertenece a su propio espacio ideológico”.
Bastidas se ha preguntado “qué confianza puede tener una víctima si ve que, tras sufrir abusos, el debate público termina girando en torno al ‘sufrimiento político’ de una dirigente adulta, pidiendo un indulto social antes incluso de que concluya el proceso judicial. No podemos consentir que el relato que intentan imponer algunos borre a la menor”.
La diputada popular ha solicitado, por un lado, que la Comisión de Peticiones “examine si, en ese caso, se vulneraron los estándares europeos de protección y respuesta institucional; que se evalúe si fueron suficientes los protocolos existentes en aquel momento y si se aplicaron correctamente; y, en tercer lugar, que se estudie si los menores tutelados cuentan hoy con mecanismos independientes y eficaces para denunciar abusos sin miedo a represalias, sin quedar solos frente a la Administración y sin depender de la voluntad política del momento, como ocurrió entonces”.
David Muñoz: «1.900 MENAs costarán casi 150 millones € al año»
El portavoz adjunto de VOX en las Cortes Valencianas, David Muñoz, ha denunciado el impacto económico y social derivado de la gestión de los menores extranjeros no acompañados (MENAs) en la Comunidad Valenciana.
Durante su intervención parlamentaria, Muñoz se ha dirigido a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, para preguntar por las medidas adoptadas para reforzar la seguridad de los trabajadores de los centros de acogida.
El dirigente ha subrayado la preocupación de su formación por la seguridad tanto de los profesionales como de los vecinos, insistiendo en la necesidad de adoptar medidas específicas mientras estos menores permanezcan bajo tutela de la Generalitat.
Asimismo, ha criticado la previsión del Gobierno central de trasladar a la Comunidad Valenciana más de 1.900 menores, lo que, según ha indicado, supondría un coste anual superior a los 148 millones de euros. En este sentido, ha comparado esta cifra con otras inversiones posibles en servicios públicos.
Muñoz también ha hecho referencia al coste medio por menor, señalando que asciende a más de 6.500 euros mensuales, y ha cuestionado la gestión de los recursos públicos en este ámbito.
Finalmente, el portavoz adjunto ha reiterado la posición de VOX en materia de inmigración y ha defendido la necesidad de priorizar la seguridad y la atención a las necesidades de los ciudadanos.