Actualidad Política

18 de noviembre de 2026

Archivo de la etiqueta: Viviendas

El Grupo Provincial de VOX en la Diputación de Ávila presentará en el pleno del próximo 27 de octubre una moción destinada a reclamar nuevas medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible en la provincia.

La iniciativa será defendida por el portavoz y diputado provincial de VOX, Fernando Toribio Carrera, quien ha señalado que las dificultades para comprar o alquilar una vivienda afectan directamente a las posibilidades de emancipación de los jóvenes, la estabilidad de las familias y la lucha contra la despoblación.

La propuesta incluye una reducción de la fiscalidad vinculada a la vivienda, el aumento del suelo disponible para construir, la agilización de los trámites administrativos y el impulso de viviendas protegidas y sociales.

Fernando Toribio vincula el acceso a la vivienda con la despoblación de Ávila

VOX considera que el problema de la vivienda no se limita a las grandes ciudades y que también condiciona el futuro de los municipios de la provincia de Ávila.

Según el grupo provincial, las dificultades económicas para acceder a una vivienda impiden que numerosos jóvenes puedan emanciparse y desarrollar su proyecto de vida en sus localidades.

«No podemos hablar de luchar contra la despoblación si nuestros jóvenes no pueden acceder a una vivienda y desarrollar aquí su proyecto de vida», ha afirmado Fernando Toribio.

El diputado ha defendido que Ávila necesita oportunidades para favorecer el arraigo de la población y facilitar que las familias puedan permanecer en sus municipios.

VOX propone eliminar impuestos en la compra de la primera vivienda habitual

Uno de los principales puntos de la moción es la reducción de las cargas fiscales que soportan los compradores de vivienda.

La iniciativa plantea impulsar reformas para eliminar los impuestos vinculados a la adquisición de la primera vivienda habitual por parte de los españoles.

También reclama revisar los tributos y tasas que, según VOX, encarecen la construcción y repercuten en el precio final de los inmuebles.

El objetivo de estas propuestas es reducir el coste de acceso a la propiedad, especialmente para jóvenes y familias que buscan adquirir su primera residencia.

«Un joven que trabaja y ahorra debe poder aspirar a comprar una casa sin encontrarse con una carga interminable de impuestos y obstáculos administrativos», ha señalado Toribio.

Más suelo disponible y menos burocracia para aumentar la construcción

La moción también apuesta por incrementar la oferta residencial mediante la ampliación del suelo disponible para construir.

VOX propone agilizar los trámites administrativos y eliminar obstáculos burocráticos que, a juicio de la formación, dificultan el desarrollo de nuevas promociones.

Además, plantea impulsar la construcción de vivienda protegida y social, tanto en régimen de propiedad como mediante fórmulas de alquiler con opción a compra.

La propuesta incorpora incentivos fiscales destinados a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias.

Toribio ha defendido que el aumento de la construcción debe formar parte de las medidas para mejorar las posibilidades de compra y alquiler en la provincia.

Prioridad nacional en viviendas protegidas y ayudas públicas

Otro de los ejes de la iniciativa es la propuesta de establecer la prioridad nacional de los españoles en el acceso a viviendas sociales y protegidas, así como a las ayudas públicas relacionadas con la vivienda.

Esta medida forma parte del planteamiento político de VOX para modificar los criterios de acceso a determinados recursos públicos.

Su eventual aplicación tendría que ajustarse al marco jurídico vigente.

La moción también incluye una fiscalidad diferenciada para compradores procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea y medidas para limitar la demanda de vivienda por parte de extranjeros no residentes.

Incentivos al alquiler asequible y medidas contra la ocupación ilegal

La propuesta de VOX contempla incentivos para fomentar el alquiler de larga duración a precios asequibles.

Asimismo, reclama reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y modificar la normativa para combatir la ocupación ilegal.

Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de establecer desalojos en menos de 24 horas, mediante las reformas legales que fueran necesarias.

La iniciativa también incorpora propuestas en materia migratoria, incluida la repatriación de personas que permanezcan ilegalmente en España, de acuerdo con los procedimientos y garantías legales aplicables.

La Diputación de Ávila debatirá la moción el 27 de octubre

El Grupo Provincial de VOX solicitará que la Diputación de Ávila inste al Gobierno de España a adoptar las medidas recogidas en la iniciativa.

Por tanto, la moción no supone la aprobación directa de cambios fiscales o normativos, sino una propuesta para que la institución provincial reclame actuaciones al Ejecutivo nacional.

Fernando Toribio ha insistido en que la vivienda debe ocupar un lugar central en las políticas públicas para favorecer el arraigo de la población.

«Los abulenses necesitan soluciones, no promesas. Desde VOX defendemos menos impuestos, más construcción y prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas», ha declarado.

El diputado ha concluido defendiendo que el acceso a una vivienda debe estar al alcance de quienes trabajan, desean emanciparse y quieren formar una familia en la provincia.

La muerte de Maricarmen ha convertido la crisis de la vivienda en algo mucho más difícil de esconder detrás de cifras, decretos y discursos de campaña. Su caso ha vuelto a colocar los desahucios y la vulnerabilidad residencial en el centro del debate justo cuando Pedro Sánchez intenta hacer de la vivienda su gran bandera para el 29-N. Y ahí aparece la contradicción que Moncloa tendrá que explicar: Sánchez ha encontrado por fin su gran argumento electoral, pero llega ocho años tarde.

Después de gobernar desde 2018, de acumular anuncios, planes y promesas y de ver cómo el acceso a una casa se convertía en una de las mayores angustias para jóvenes y familias, el presidente quiere ahora que las elecciones se decidan precisamente sobre ese terreno. La jugada es clara: convertir una de las principales debilidades de su gestión en el argumento central para pedir otros cuatro años. El Gobierno pretende presentar la caída de sus decretos como una prueba de que PP, Vox y Junts bloquearon medidas necesarias para los inquilinos, pero la crisis no nació en la última votación del Congreso y tampoco puede explicarse únicamente por quienes votaron en contra la semana pasada.

Sánchez puede señalar a la oposición por tumbar sus propuestas, pero también tendrá que explicar por qué el problema creció durante sus años de Gobierno, por qué la oferta sigue siendo insuficiente y por qué miles de jóvenes siguen viendo la emancipación como una meta cada vez más lejana. El caso de Maricarmen vuelve todavía más incómoda esa pregunta porque obliga a sacar el debate del terreno abstracto. Cuando una crisis termina simbolizada por historias personales de este calibre, el Gobierno no puede presentarse únicamente como quien llega con la solución: también tiene que responder por el tiempo perdido.

Ahí estará una de las grandes batallas del 29-N. El PSOE quiere hablar de protección al inquilino, alquileres, desahucios y fondos de inversión. Feijóo intentará llevar el debate hacia la construcción, la oferta y la capacidad de gestión. Abascal buscará ampliarlo hacia la presión fiscal, la seguridad jurídica, el acceso a la vivienda y el impacto de las políticas acumuladas durante estos años. Los tres hablarán del mismo problema, pero con una intención distinta: Sánchez necesita que el votante llegue a las urnas pensando en quién le promete protección; PP y Vox quieren que llegue pensando en quién tuvo años para resolverlo y no lo consiguió.

La calle añade todavía más presión. Las movilizaciones por vivienda y el debate sobre una posible huelga general pueden ayudar al PSOE si consigue conectar ese malestar con su discurso social, pero también pueden volverse contra el Ejecutivo. Quien lleva años gobernando no puede presentarse indefinidamente como espectador de una crisis que se agravó durante su mandato. La protesta social no pertenece a ningún partido y puede castigar tanto a quien bloquea medidas como a quien prometió soluciones que nunca terminaron de llegar.

Feijóo y Abascal tampoco tienen una campaña sencilla. Ambos necesitan que el bloque de derecha sume, pero compiten por decidir quién interpreta mejor el desgaste de Sánchez y qué rumbo debe tener un eventual cambio de Gobierno. El PP quiere presentarse como alternativa de gestión y estabilidad; Vox busca ensanchar el debate y dejar claro que no basta con cambiar de presidente si no cambia también el enfoque de fondo. El crecimiento de Abascal fortalece la posibilidad de una mayoría alternativa, pero también aumenta la presión sobre Feijóo.

Y Puigdemont vuelve a aparecer justo cuando Sánchez intenta que toda la campaña gire alrededor de la vivienda. Su posible regreso reactiva el recuerdo de una legislatura marcada por la dependencia de Junts y por una amnistía que el PSOE negó antes de las anteriores elecciones y acabó aprobando después. Para Sánchez, ese regreso puede convertirse en un problema porque obliga a hablar de pactos, credibilidad y gobernabilidad cuando Moncloa preferiría centrar la discusión en alquileres y protección social.

La clave de las próximas semanas será quién consigue imponer el marco. Sánchez quiere que el 29-N se vote pensando en vivienda y derechos sociales. Feijóo quiere que sea un juicio sobre ocho años de Gobierno. Abascal intentará convertirlo en una enmienda más profunda al rumbo político del país. Puigdemont, aunque no sea candidato nacional, volverá a estar presente como símbolo de una legislatura que Sánchez quiere cerrar cuanto antes.

La vivienda puede ser la gran baza del presidente, pero también su gran contradicción. Porque una cosa es prometer una solución en campaña y otra muy distinta explicar por qué, después de tantos años gobernando, el problema sigue siendo una de las principales preocupaciones de millones de españoles.

Sánchez intenta presentarse ahora como la solución. Lo que no puede hacer es actuar como si acabara de descubrir el problema.

La diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Elisa Vigil ha criticado la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y ha sostenido que el Ejecutivo ha tardado “ocho años” en situar el acceso a la vivienda entre sus principales prioridades.

Durante su intervención, Vigil ha cuestionado el cumplimiento de los anuncios realizados por Sánchez sobre construcción de vivienda y los ha contrapuesto con las actuaciones desarrolladas por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Vigil ha defendido que la construcción exclusivamente pública no basta para solucionar el problema y ha puesto el foco en la necesidad de incrementar la oferta. También ha relacionado la presión sobre los precios con la concentración de población y actividad económica en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia.

En este contexto, ha situado en 750.000 viviendas el déficit existente en España y ha argumentado que la construcción no ha avanzado al mismo ritmo que el crecimiento de la demanda.

La dirigente ha cuestionado asimismo las últimas medidas del Ejecutivo en materia de vivienda y ha utilizado expresiones especialmente críticas contra el Gobierno y la izquierda. Entre otras, ha calificado de “franquista” una de las medidas que atribuye al Ejecutivo y ha acusado a dirigentes de izquierdas de mantener una incoherencia entre su discurso sobre la vivienda y su situación patrimonial.

El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha registrado una moción para su debate en el Pleno de la Cámara foral con la que plantea aplicar el principio de prioridad nacional en el acceso a la vivienda social, protegida y a las ayudas públicas relacionadas con la vivienda.

La iniciativa reúne un total de diez medidas y aborda cuestiones como el aumento de la construcción, la disponibilidad de suelo, la fiscalidad, la colaboración público-privada, la seguridad jurídica de los propietarios, la ocupación ilegal y la evolución de la demanda residencial.

«Si la vivienda pública y las ayudas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda son recursos limitados, nuestra obligación es garantizar que los españoles tengan prioridad para acceder a ellos», ha defendido Jiménez.

VOX plantea prioridad para los españoles

La principal medida de la moción consiste en establecer la prioridad de los españoles en el acceso a vivienda social, vivienda protegida y ayudas públicas destinadas a facilitar el acceso a un hogar.

VOX sostiene que los recursos públicos disponibles son limitados y defiende que deben orientarse prioritariamente hacia los nacionales.

La propuesta llega, según los datos recogidos en el texto presentado, en un escenario de fuerte diferencia entre oferta y demanda de vivienda protegida en Navarra: 24.719 solicitudes frente a 831 viviendas ofertadas durante 2025, lo que supondría una cobertura aproximada del 3% de la demanda registrada.

Asimismo, el texto cifra el valor tasado de la vivienda libre en Navarra en 1.936,4 euros por metro cuadrado durante el segundo trimestre de 2026, un 8,5% más que un año antes.

Más construcción, suelo y menos burocracia

La moción reclama incrementar de forma «sustancial y sostenida» la construcción de nuevas viviendas.

Para ello, VOX plantea ampliar el suelo disponible, agilizar los procedimientos administrativos, eliminar trabas regulatorias y reducir las cargas burocráticas que considera que encarecen y retrasan los proyectos.

«No podemos solucionar el problema de la vivienda únicamente regulando precios o anunciando nuevos planes si no conseguimos que se construyan más viviendas allí donde existe demanda», sostiene Jiménez.

El portavoz considera que Navarra necesita «más oferta, más suelo disponible y menos burocracia» para reducir el esfuerzo económico que afrontan las familias en el pago del alquiler o de una hipoteca.

Fiscalidad para la primera vivienda

Otro de los ejes de la iniciativa es la reducción de la carga fiscal asociada a la vivienda.

VOX propone revisar las tasas e impuestos municipales y autonómicos vinculados a la construcción y suprimir o bonificar aquellos que, a juicio de la formación, repercuten en el precio final.

La moción plantea además que la primera vivienda habitual quede libre de cargas fiscales para los españoles, mediante las modificaciones legales necesarias.

También propone una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios y destinar la recaudación obtenida a bonificaciones y exenciones para españoles que compren una vivienda, así como a incrementar la construcción de vivienda protegida.

Jiménez vincula inmigración y demanda residencial

La formación incluye también las políticas migratorias entre los factores que, a su juicio, están aumentando la presión sobre el mercado residencial.

VOX sostiene que el crecimiento de la población y de los nuevos hogares ha incrementado la demanda mientras la construcción no ha avanzado al mismo ritmo.

«No se puede hablar de vivienda ignorando la demanda», ha afirmado Jiménez.

El portavoz considera necesario analizar «cuántas viviendas necesitamos, para quién las estamos construyendo y si la oferta está creciendo al mismo ritmo que la población y los nuevos hogares».

La moción plantea además explorar mecanismos para limitar la demanda de compradores extranjeros no residentes que, según VOX, estaría contribuyendo al incremento de los precios en determinadas localidades.

Vivienda protegida y alquiler con opción a compra

VOX propone aumentar también la construcción de vivienda protegida y social, tanto en propiedad como mediante alquiler con opción a compra.

Para conseguirlo, apuesta por fórmulas de colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado, con especial atención a jóvenes y familias con menos recursos.

En el mercado del alquiler, la formación plantea incentivos fiscales para contratos asequibles y de larga duración, deducciones en el IRPF para jóvenes inquilinos y ayudas relacionadas con la compra y la financiación hipotecaria.

La propuesta incorpora asimismo una reducción del tipo del IRPF vinculada a cada nuevo hijo.

Seguridad jurídica y medidas contra la ocupación ilegal

El último gran bloque de la moción se dirige a reforzar la protección jurídica de los propietarios.

VOX propone modificar la legislación para impedir que quienes ocupen ilegalmente una vivienda puedan empadronarse en ella y acceder a los derechos derivados de ese empadronamiento, además de establecer el desalojo de ocupantes ilegales en un plazo inferior a 24 horas.

«Una política de vivienda eficaz tiene que proteger al que necesita una casa, pero también al propietario que pone una vivienda en alquiler», ha defendido Jiménez.

El portavoz sostiene que ofrecer mayor seguridad jurídica contribuiría a que más propietarios incorporasen sus viviendas al mercado.

La moción, que también incluye propuestas sobre inmigración irregular y extranjeros que cometan determinados delitos, será sometida a debate y votación en el Pleno del Parlamento de Navarra.

Pedro Sánchez ha decidido que la vivienda será uno de los grandes ejes de la campaña del 29 de noviembre. Después de convocar elecciones y volver a aprobar dos decretos muy similares a los que habían caído días antes en el Congreso, el presidente intenta presentar la batalla electoral como una elección entre quienes quieren proteger a los inquilinos y quienes bloquean sus medidas. La operación política es clara: transformar una derrota parlamentaria en argumento de campaña y utilizar uno de los problemas que más preocupa a los españoles para movilizar a una izquierda que llega a las urnas con necesidad de recuperar impulso.

El problema para Sánchez es que la vivienda no empezó a ser un problema la semana pasada. Lleva años gobernando y tendrá que explicar por qué, después de tanto tiempo en La Moncloa, el acceso a una casa sigue siendo una de las mayores preocupaciones de jóvenes y familias. El Ejecutivo puede señalar a PP, Vox y Junts por haber tumbado sus decretos, pero también tendrá que responder por una política de vivienda que no ha conseguido generar suficiente oferta, contener los precios ni evitar que miles de personas sigan atrapadas entre alquileres cada vez más altos y una compra prácticamente inaccesible.

La estrategia socialista busca ahora llevar toda la discusión al terreno que más le conviene. Sánchez quiere hablar de fondos de inversión, desahucios, alquileres y protección de los inquilinos. PP y Vox intentarán mover el foco hacia otro lugar: falta de construcción, escasez de oferta, presión fiscal, seguridad jurídica y el balance de gestión de un Gobierno que lleva años anunciando soluciones sin haber logrado resolver el problema de fondo. Vox, además, tratará de incorporar a ese debate cuestiones como el acceso prioritario a la vivienda, la evolución demográfica y la presión que determinadas políticas públicas ejercen sobre un mercado ya tensionado. Ahí estará probablemente una de las grandes batallas de la campaña: el PSOE necesita que el elector llegue al 29-N pensando en quién le protege; la oposición necesita que llegue pensando en quién dejó que el problema creciera.

La posible huelga general por vivienda añade todavía más tensión. Los sindicatos preparan movilizaciones para noviembre y el asunto puede instalarse definitivamente en el centro de la campaña. Para Sánchez puede ser una oportunidad si consigue presentarse como el candidato que escucha el malestar social, pero también puede convertirse en un problema si ese mismo malestar se dirige contra el Gobierno por no haber actuado antes o por haber llegado tarde. La calle no pertenece a ningún partido y no siempre vota como espera quien intenta capitalizarla.

Mientras tanto, Feijóo y Abascal saben que no pueden regalarle al PSOE el debate de la vivienda. El PP intentará presentarse como la alternativa de gestión y aumento de la oferta, mientras Vox buscará reforzar su discurso sobre acceso a la vivienda, reducción de impuestos, seguridad jurídica y crítica a las políticas desarrolladas durante los años de Gobierno de Sánchez. Ambos necesitan sumar para desalojar al PSOE, pero también compiten por decidir quién interpreta mejor el desgaste del Ejecutivo y qué enfoque debe dominar el bloque de la derecha.

A todo esto se suma Puigdemont, que vuelve a entrar en el centro de la política nacional después del paso dado por el Tribunal Constitucional sobre la amnistía a la malversación. Para Sánchez, su regreso potencial es un arma de doble filo. Puede defender que la amnistía ha servido para normalizar Cataluña, pero también vuelve a recordar hasta qué punto su legislatura dependió de Junts y de acuerdos que fueron duramente cuestionados por la oposición. En plena campaña, PP y Vox utilizarán esa relación para insistir en que el Gobierno estuvo condicionado por el independentismo.

La clave de las próximas semanas será quién consigue imponer el marco. Sánchez quiere que las elecciones se conviertan en un plebiscito sobre vivienda, derechos sociales y protección de los inquilinos. La oposición quiere que sean un juicio sobre años de Gobierno, desgaste institucional, amnistía, pactos y falta de soluciones estructurales. Ahí se juega buena parte del 29-N.

La vivienda puede ser la gran bandera de Sánchez, pero también puede convertirse en su principal contradicción. Porque quien gobierna durante años no puede presentarse como si acabara de llegar al problema. Y esa será una de las preguntas centrales de esta campaña: si la vivienda es hoy una emergencia, ¿quién tiene que explicar por qué España llegó hasta aquí?

El Partido Popular ha defendido en el Pleno del Parlamento Europeo que la futura legislación europea sobre vivienda asequible se centre en aumentar la oferta, agilizar las licencias, movilizar suelo y reducir la presión fiscal.

Durante el debate, el eurodiputado Borja Giménez Larraz, que según la información facilitada ha liderado el informe del Parlamento Europeo sobre la crisis de vivienda, ha cuestionado el enfoque de la propuesta impulsada por la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera.

Giménez Larraz ha criticado especialmente las posibles restricciones a la adquisición de segundas residencias y al alquiler temporal. Frente a estas medidas, ha defendido que el principal problema que debe abordar Europa es la insuficiente oferta de vivienda.

El eurodiputado ha utilizado España como ejemplo para cuestionar las políticas de intervención del mercado. Según los datos recogidos por el PP, el precio de compra habría aumentado un 74 % y el alquiler un 45 %, mientras existiría un déficit de oferta de 750.000 viviendas. Estas cifras corresponden a la argumentación aportada por la formación en la fuente facilitada.

El PP plantea como alternativa movilizar suelo, acelerar las licencias, reducir impuestos, impulsar la industrialización de la construcción, atraer inversión y reforzar la seguridad jurídica.

En el mismo debate, el eurodiputado Pablo Arias, coordinador del PPE en la Comisión de Mercado Interior según la fuente, ha asegurado que Europa necesitaría construir “casi 10 millones de viviendas para cubrir la demanda”.

“No podemos conformarnos con redistribuir una escasez que seguirá existiendo si no construimos más”, ha afirmado Arias, que también ha defendido incentivos fiscales para facilitar a los jóvenes la adquisición de su primera vivienda.

El Gobierno vuelve a colocar la vivienda en el centro del tablero político. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos nuevos Reales Decretos-ley con 21 medidas destinadas a facilitar el acceso al alquiler asequible y a la compra de vivienda, reforzar la oferta, dar mayor estabilidad a propietarios e inquilinos y endurecer la regulación contra la especulación. Pedro Sánchez ha defendido que los textos “mantienen la esencia” de los decretos que decayeron la pasada semana en el Congreso, aunque incorporan cambios que el Ejecutivo considera “muy positivos”.

Entre las medidas más destacadas figura una deducción en el IRPF para los inquilinos que, según el Gobierno, podría acercarse a los 1.000 euros anuales en el caso de un alquiler medio de 800 euros mensuales, además de incentivos fiscales para pequeños propietarios que alquilen sus viviendas a precios considerados asequibles. El paquete incorpora también una línea de financiación del ICO de 10.000 millones de euros, con préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para quienes quieran adquirir su primera vivienda.

El Ejecutivo también quiere aumentar la oferta. Para ello, destinará 280 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada y otros 400 millones para apoyar a proveedores de vivienda social. A esto se suma la incorporación a CASA47 de inmuebles de la Seguridad Social que puedan destinarse a uso residencial.

En materia de alquiler, los decretos contemplan la posibilidad de prorrogar hasta dos años determinados contratos de inquilinos que estén al corriente de pago y limitar las subidas de renta, además de fijar reglas más claras sobre renovaciones, finalización de contratos y recuperación del inmueble por parte del propietario. Sánchez ha defendido que estas medidas buscan dar “tranquilidad y estabilidad” tanto a inquilinos como a pequeños propietarios.

La cuarta pata del paquete vuelve a ser la lucha contra la especulación. El Gobierno plantea regular el alquiler de temporada y por habitaciones, limitar determinadas compras por parte de fondos de inversión, condicionar los beneficios fiscales de las SOCIMI al alquiler asequible y hacer que los pisos turísticos tributen como actividad económica.

Sánchez ha insistido en que las medidas no son ideológicas, sino “de puro sentido común” y “de humanidad”, y ha reclamado a los grupos parlamentarios que las respalden cuando lleguen a la Diputación Permanente. El presidente ha defendido además que el paquete busca proteger al pequeño propietario y al inquilino, mientras pone “pie en pared” frente a los fondos buitre y quienes, según su planteamiento, utilizan la vivienda con fines puramente especulativos.

El propio jefe del Ejecutivo ha reconocido, sin embargo, que estas medidas no resolverán por sí solas el problema. Sánchez admite que España necesita construir “cientos de miles” de nuevas viviendas, especialmente públicas y destinadas al alquiler asequible, y reclama una intervención más intensa del mercado inmobiliario.

La aprobación llega apenas días después de que los anteriores decretos fueran rechazados en el Congreso y en plena precampaña para las elecciones del 29 de noviembre. La vivienda vuelve así a convertirse en uno de los principales campos de batalla entre el Gobierno y la oposición, con el PSOE intentando defender su paquete como una respuesta directa a la crisis y PP y Vox cuestionando una estrategia basada, a su juicio, en más intervención y regulación.

La batalla parlamentaria no terminó con la caída de los primeros decretos. Sánchez ha decidido volver a intentarlo y convertir la vivienda en uno de los grandes ejes políticos de las próximas semanas.

Mario Conde ha entrado de lleno en uno de los debates que marcarán las elecciones generales del próximo 29 de noviembre: la crisis de la vivienda. El expresidente de Banesto ha señalado directamente al fuerte crecimiento de la población y a la falta de nuevas viviendas como dos de las principales razones detrás del encarecimiento de los precios en España.

“En España hemos crecido disparatadamente en población”, afirmó Conde en un vídeo difundido a través de sus redes sociales. Según explicó, el país ha pasado de alrededor de 40 millones de habitantes a acercarse a los 50 millones sin que la oferta inmobiliaria haya aumentado en una proporción similar.

Para Conde, el mecanismo es fundamentalmente económico: si aumenta con fuerza el número de personas que necesitan una vivienda mientras la cantidad de inmuebles disponibles permanece limitada, aumenta la presión sobre los precios. “Este crecimiento de población no se ha compasado con el crecimiento de ofertas de vivienda”, sostuvo.

El exbanquero considera que este desequilibrio explica parte de las dificultades actuales tanto para comprar como para alquilar. A su juicio, muchas familias ya no pueden acceder a una vivienda en propiedad, mientras las entidades financieras endurecen el acceso al crédito cuando existen dudas sobre la capacidad del comprador para afrontar una hipoteca.

Conde señala tres problemas en el alquiler

El diagnóstico también alcanza al mercado del alquiler. Conde identifica tres factores fundamentales: una demanda superior a la cantidad de pisos disponibles, la adaptación de las rentas al aumento del valor de los inmuebles y el crecimiento de los pisos turísticos.

Sobre este último fenómeno, reconoce su aportación económica al sector turístico, pero advierte de que también retira viviendas del mercado residencial estable. España recibe alrededor de 100 millones de turistas anuales y una parte cada vez mayor utiliza viviendas de uso turístico, según argumentó.

La respuesta, según Conde, pasa fundamentalmente por aumentar la oferta.

“No tenemos tiempo”, advirtió al reclamar que las administraciones reduzcan trabas urbanísticas y burocráticas y permitan acelerar la construcción de nuevas viviendas.

Más construcción y menos burocracia

Mario Conde reclama incentivar tanto la iniciativa pública como la privada y sostiene que es necesario “estimular al empresario” en lugar de imponer obstáculos que retrasen los proyectos inmobiliarios.

También ha puesto sobre la mesa la vivienda prefabricada e industrializada como una alternativa para incrementar rápidamente la oferta. Frente a los largos plazos de la construcción tradicional, estas tecnologías permitirían reducir considerablemente los tiempos de ejecución.

Su planteamiento se resume en dos grandes medidas: construir mucho más y acompasar el crecimiento demográfico con la capacidad real del país para proporcionar vivienda y otros servicios.

Conde fue especialmente duro al reclamar una respuesta inmediata: “Déjense de burocracias porque está en juego la supervivencia de la población”.

Sus declaraciones llegan justo cuando la vivienda se ha convertido en uno de los grandes ejes del nuevo escenario electoral. La caída en el Congreso de los decretos impulsados por el Gobierno precedió al adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, colocando el acceso a la vivienda en el centro de la batalla política.

El diagnóstico de Conde introduce además un elemento especialmente incómodo en ese debate: no centra exclusivamente el problema en propietarios, fondos de inversión o regulación de alquileres, sino en una cuestión estructural mucho más amplia, la relación entre crecimiento de población, demanda y falta de oferta de vivienda.

Con las elecciones ya convocadas, esa discusión promete ocupar buena parte de la campaña.

8/124
Consentimiento de Cookies con Real Cookie Banner