El Gobierno vuelve a colocar la vivienda en el centro del tablero político. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos nuevos Reales Decretos-ley con 21 medidas destinadas a facilitar el acceso al alquiler asequible y a la compra de vivienda, reforzar la oferta, dar mayor estabilidad a propietarios e inquilinos y endurecer la regulación contra la especulación. Pedro Sánchez ha defendido que los textos “mantienen la esencia” de los decretos que decayeron la pasada semana en el Congreso, aunque incorporan cambios que el Ejecutivo considera “muy positivos”.
Entre las medidas más destacadas figura una deducción en el IRPF para los inquilinos que, según el Gobierno, podría acercarse a los 1.000 euros anuales en el caso de un alquiler medio de 800 euros mensuales, además de incentivos fiscales para pequeños propietarios que alquilen sus viviendas a precios considerados asequibles. El paquete incorpora también una línea de financiación del ICO de 10.000 millones de euros, con préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para quienes quieran adquirir su primera vivienda.
El Ejecutivo también quiere aumentar la oferta. Para ello, destinará 280 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada y otros 400 millones para apoyar a proveedores de vivienda social. A esto se suma la incorporación a CASA47 de inmuebles de la Seguridad Social que puedan destinarse a uso residencial.
En materia de alquiler, los decretos contemplan la posibilidad de prorrogar hasta dos años determinados contratos de inquilinos que estén al corriente de pago y limitar las subidas de renta, además de fijar reglas más claras sobre renovaciones, finalización de contratos y recuperación del inmueble por parte del propietario. Sánchez ha defendido que estas medidas buscan dar “tranquilidad y estabilidad” tanto a inquilinos como a pequeños propietarios.
La cuarta pata del paquete vuelve a ser la lucha contra la especulación. El Gobierno plantea regular el alquiler de temporada y por habitaciones, limitar determinadas compras por parte de fondos de inversión, condicionar los beneficios fiscales de las SOCIMI al alquiler asequible y hacer que los pisos turísticos tributen como actividad económica.
Sánchez ha insistido en que las medidas no son ideológicas, sino “de puro sentido común” y “de humanidad”, y ha reclamado a los grupos parlamentarios que las respalden cuando lleguen a la Diputación Permanente. El presidente ha defendido además que el paquete busca proteger al pequeño propietario y al inquilino, mientras pone “pie en pared” frente a los fondos buitre y quienes, según su planteamiento, utilizan la vivienda con fines puramente especulativos.
El propio jefe del Ejecutivo ha reconocido, sin embargo, que estas medidas no resolverán por sí solas el problema. Sánchez admite que España necesita construir “cientos de miles” de nuevas viviendas, especialmente públicas y destinadas al alquiler asequible, y reclama una intervención más intensa del mercado inmobiliario.
La aprobación llega apenas días después de que los anteriores decretos fueran rechazados en el Congreso y en plena precampaña para las elecciones del 29 de noviembre. La vivienda vuelve así a convertirse en uno de los principales campos de batalla entre el Gobierno y la oposición, con el PSOE intentando defender su paquete como una respuesta directa a la crisis y PP y Vox cuestionando una estrategia basada, a su juicio, en más intervención y regulación.
La batalla parlamentaria no terminó con la caída de los primeros decretos. Sánchez ha decidido volver a intentarlo y convertir la vivienda en uno de los grandes ejes políticos de las próximas semanas.
