Maricarmen, vivienda y ocho años de Moncloa: el relato de Sánchez entra en tensión.
Pedro Sánchez ha decidido que la vivienda será su gran bandera para el 29-N. El problema es que llega tarde, y llega como presidente de un Gobierno que lleva ocho años acumulando anuncios sin haber resuelto una de las mayores angustias de jóvenes y familias. Ahora Moncloa quiere presentar el choque parlamentario de los últimos días como una batalla sencilla entre un Ejecutivo que propone soluciones y una oposición que las bloquea. Pero la realidad es bastante más incómoda: la crisis de vivienda no empezó con la caída de los últimos decretos y tampoco puede explicarse únicamente por quienes votaron en contra.
El caso de Maricarmen ha dado un rostro humano a un problema que durante demasiado tiempo se explicó con porcentajes, informes y promesas. Su muerte ha vuelto a colocar los desahucios, la vulnerabilidad residencial y la dificultad de acceder a una vivienda en el centro de la conversación pública. Sánchez intentará utilizar ese clima para reforzar su discurso social, pero también tendrá que responder a la pregunta que la campaña no le va a perdonar: si la vivienda era tan urgente, ¿por qué el Gobierno esperó hasta las puertas de unas elecciones para convertirla en prioridad absoluta?
La estrategia socialista es evidente. Sánchez quiere que el votante llegue al 29-N pensando en alquileres, ayudas, protección al inquilino y fondos de inversión. Feijóo y Abascal intentarán que llegue pensando en otra cosa: oferta insuficiente, falta de construcción, impuestos, seguridad jurídica y años de gestión sin resultados suficientes. Ahí estará uno de los grandes choques de la campaña. El PSOE necesita transformar una debilidad en bandera; la oposición necesita convertir esa misma bandera en balance.
El problema para Moncloa es que la vivienda admite poca propaganda cuando el ciudadano compara el discurso con su bolsillo. Quien paga un alquiler cada vez más alto o ve imposible comprar una casa no necesita que le expliquen que existe una crisis. La vive. Y cuanto más intente Sánchez presentarse como quien llega ahora a solucionarla, más fácil será para la oposición recordarle que gobernaba mientras el problema se agravaba.
A eso se suma otro frente incómodo: Puigdemont. Su posible regreso vuelve a recordar una legislatura marcada por la dependencia de Junts y por una amnistía que el PSOE negó antes de las anteriores elecciones y terminó aprobando después. Sánchez quiere llevar la campaña al terreno social; PP y Vox harán todo lo posible por devolverla a los pactos, la credibilidad y la gobernabilidad. El presidente podrá intentar cambiar de tema, pero no podrá borrar el recorrido de la legislatura.
Feijóo y Abascal, por su parte, tampoco tienen una campaña simple. Ambos necesitan sumar para abrir una alternativa a Sánchez, pero compiten por quién interpreta mejor el desgaste del Gobierno y por quién marca el rumbo del bloque de la derecha. El PP buscará vender gestión y estabilidad; Vox intentará demostrar que el cambio no puede limitarse a sustituir un presidente por otro, sino que debe afectar también a políticas de fondo.
La campaña, en definitiva, se está convirtiendo en una pelea por el marco. Sánchez quiere que el 29-N se vote sobre vivienda y protección social. Feijóo quiere que se vote sobre ocho años de Gobierno. Abascal quiere que se vote sobre el rumbo político del país. Y Puigdemont volverá a estar presente como recordatorio de hasta qué punto el Ejecutivo dependió de sus socios.
La vivienda puede ayudar a Sánchez a movilizar a una parte de la izquierda. Pero también puede convertirse en su principal contradicción electoral.
Porque una cosa es presentarse ahora como quien trae las soluciones.
Y otra muy distinta explicar por qué, después de ocho años en La Moncloa, el problema sigue ahí y pesa más que nunca.
Tres años del 7-O: de la masacre de Hamás al choque entre España e Israel por Gaza.
Tres años después del ataque terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, las consecuencias de aquella jornada siguen marcando Oriente Próximo y también la política española.
Ese día murieron alrededor de 1.200 personas en Israel y 251 fueron secuestradas y trasladadas a Gaza. Fue el ataque más mortífero sufrido por Israel en su historia reciente y el punto de partida de una guerra cuyas consecuencias humanas, diplomáticas y políticas siguen abiertas tres años después.
España tampoco quedó al margen de la tragedia. Dos ciudadanos españoles, Maya Villalobo e Iván Illarramendi, murieron como consecuencia de los ataques.
Desde los primeros días, el Gobierno español condenó los atentados de Hamás, reclamó la liberación de los rehenes y reconoció el derecho de Israel a defenderse dentro del Derecho Internacional, al tiempo que exigió proteger a la población civil palestina.
Pedro Sánchez reiteró posteriormente esa posición. Cuando España reconoció oficialmente al Estado de Palestina el 28 de mayo de 2024, el presidente afirmó que el Gobierno mantenía un “rechazo frontal” a Hamás, recordó que España había condenado desde el primer momento los atentados terroristas del 7-O y reclamó también la liberación de los rehenes israelíes.
De la condena a Hamás al enfrentamiento con Netanyahu
Pero la evolución de la guerra modificó profundamente el centro del debate político español.
A medida que aumentaban las víctimas palestinas y se deterioraba la situación humanitaria en Gaza, el Gobierno de Sánchez endureció sus críticas hacia la actuación del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.
España terminó adoptando una posición especialmente activa en defensa del reconocimiento de Palestina y de la solución de dos Estados.
El 28 de mayo de 2024, España reconoció oficialmente al Estado palestino. Sánchez defendió entonces que la medida no se adoptaba contra Israel, sino con el objetivo declarado de contribuir a una solución política que permitiera la convivencia de Israel y Palestina en paz y seguridad.
Desde entonces, las relaciones políticas entre Madrid y Jerusalén se han visto atravesadas por sucesivos enfrentamientos diplomáticos, críticas públicas y fuertes diferencias sobre la guerra en Gaza.
Gaza desplazó el centro del debate
Con el paso de los meses, buena parte del debate público español pasó de centrarse en la masacre del 7-O a hacerlo en las consecuencias de la respuesta militar israelí.
Según las autoridades sanitarias de Gaza citadas, más de 74.000 palestinos han muerto desde el comienzo del conflicto. Esa cifra debe atribuirse expresamente a las autoridades locales y se produce en un contexto en el que la devastación de Gaza sigue siendo enorme.
Desde octubre de 2025 existe un alto el fuego impulsado por Estados Unidos, pero eso no ha supuesto el final de la violencia ni una resolución política definitiva.
Israel continúa controlando aproximadamente dos tercios de Gaza, Hamás mantiene presencia en parte del territorio y cuestiones centrales como su desarme, la retirada israelí y la reconstrucción permanecen sin resolver. Desde el comienzo del alto el fuego, más de 1.400 palestinos han muerto.
Los rehenes ya no permanecen en Gaza
Tres años después hay, sin embargo, una diferencia fundamental respecto de los aniversarios anteriores.
Ya no quedan rehenes israelíes en Gaza.
Los últimos restos de un rehén fueron recuperados en enero de 2026, cerrando uno de los capítulos más traumáticos abiertos por el 7 de octubre.
Por eso, este tercer aniversario es el primero en el que Israel conmemora la masacre sin tener ciudadanos todavía retenidos en Gaza.
España, dividida por el conflicto
El conflicto se trasladó también al debate político español.
La izquierda incrementó progresivamente sus críticas hacia Israel y hacia Netanyahu, mientras PP y Vox acusaron en distintas ocasiones al Gobierno de adoptar una posición excesivamente hostil hacia Israel o de desplazar el foco sobre la responsabilidad de Hamás en el origen de la guerra.
Al mismo tiempo, España vivió numerosas manifestaciones propalestinas, protestas universitarias, campañas de boicot y concentraciones en apoyo de Israel.
El conflicto terminó entrando de lleno en la discusión sobre política exterior, terrorismo, derechos humanos, reconocimiento de Palestina y relaciones internacionales.
El antisemitismo también creció
Otro de los efectos que merece especial atención es el aumento documentado de incidentes antisemitas.
El Observatorio de Antisemitismo registró 193 incidentes en España durante 2024 y 221 durante 2025, lo que supuso un incremento del 14,51% entre ambos años. La propia organización sostiene que el antisemitismo no ha dejado de crecer desde el 7 de octubre de 2023.
El Gobierno español, por su parte, ha reiterado que la crítica a la política del Gobierno israelí no puede traducirse en antisemitismo ni en hostilidad contra la comunidad judía.
Tres años después
El 7 de octubre de 2023 cambió Israel y cambió Gaza.
Pero también alteró las relaciones internacionales y abrió una fractura política que llegó con fuerza a España.
La posición del Gobierno español pasó por distintas fases: condena inequívoca del terrorismo de Hamás, exigencia de liberación de los rehenes, críticas crecientes a la ofensiva israelí y reconocimiento del Estado palestino.
Tres años después, Hamás no ha sido desarmado, Gaza sigue devastada, Israel mantiene presencia militar sobre buena parte del territorio y una solución política definitiva continúa lejos.
Y en España, el conflicto sigue formando parte del enfrentamiento político.
La masacre del 7-O ocurrió a miles de kilómetros.
Pero sus consecuencias terminaron llegando también hasta Madrid.
Feijóo quiere Moncloa, Abascal quiere crecer, Puigdemont vuelve y Sánchez pelea por sobrevivir.
Pedro Sánchez ha decidido que la vivienda será uno de los grandes ejes de la campaña del 29 de noviembre. Después de convocar elecciones y volver a aprobar dos decretos muy similares a los que habían caído días antes en el Congreso, el presidente intenta presentar la batalla electoral como una elección entre quienes quieren proteger a los inquilinos y quienes bloquean sus medidas. La operación política es clara: transformar una derrota parlamentaria en argumento de campaña y utilizar uno de los problemas que más preocupa a los españoles para movilizar a una izquierda que llega a las urnas con necesidad de recuperar impulso.
El problema para Sánchez es que la vivienda no empezó a ser un problema la semana pasada. Lleva años gobernando y tendrá que explicar por qué, después de tanto tiempo en La Moncloa, el acceso a una casa sigue siendo una de las mayores preocupaciones de jóvenes y familias. El Ejecutivo puede señalar a PP, Vox y Junts por haber tumbado sus decretos, pero también tendrá que responder por una política de vivienda que no ha conseguido generar suficiente oferta, contener los precios ni evitar que miles de personas sigan atrapadas entre alquileres cada vez más altos y una compra prácticamente inaccesible.
La estrategia socialista busca ahora llevar toda la discusión al terreno que más le conviene. Sánchez quiere hablar de fondos de inversión, desahucios, alquileres y protección de los inquilinos. PP y Vox intentarán mover el foco hacia otro lugar: falta de construcción, escasez de oferta, presión fiscal, seguridad jurídica y el balance de gestión de un Gobierno que lleva años anunciando soluciones sin haber logrado resolver el problema de fondo. Vox, además, tratará de incorporar a ese debate cuestiones como el acceso prioritario a la vivienda, la evolución demográfica y la presión que determinadas políticas públicas ejercen sobre un mercado ya tensionado. Ahí estará probablemente una de las grandes batallas de la campaña: el PSOE necesita que el elector llegue al 29-N pensando en quién le protege; la oposición necesita que llegue pensando en quién dejó que el problema creciera.
La posible huelga general por vivienda añade todavía más tensión. Los sindicatos preparan movilizaciones para noviembre y el asunto puede instalarse definitivamente en el centro de la campaña. Para Sánchez puede ser una oportunidad si consigue presentarse como el candidato que escucha el malestar social, pero también puede convertirse en un problema si ese mismo malestar se dirige contra el Gobierno por no haber actuado antes o por haber llegado tarde. La calle no pertenece a ningún partido y no siempre vota como espera quien intenta capitalizarla.
Mientras tanto, Feijóo y Abascal saben que no pueden regalarle al PSOE el debate de la vivienda. El PP intentará presentarse como la alternativa de gestión y aumento de la oferta, mientras Vox buscará reforzar su discurso sobre acceso a la vivienda, reducción de impuestos, seguridad jurídica y crítica a las políticas desarrolladas durante los años de Gobierno de Sánchez. Ambos necesitan sumar para desalojar al PSOE, pero también compiten por decidir quién interpreta mejor el desgaste del Ejecutivo y qué enfoque debe dominar el bloque de la derecha.
A todo esto se suma Puigdemont, que vuelve a entrar en el centro de la política nacional después del paso dado por el Tribunal Constitucional sobre la amnistía a la malversación. Para Sánchez, su regreso potencial es un arma de doble filo. Puede defender que la amnistía ha servido para normalizar Cataluña, pero también vuelve a recordar hasta qué punto su legislatura dependió de Junts y de acuerdos que fueron duramente cuestionados por la oposición. En plena campaña, PP y Vox utilizarán esa relación para insistir en que el Gobierno estuvo condicionado por el independentismo.
La clave de las próximas semanas será quién consigue imponer el marco. Sánchez quiere que las elecciones se conviertan en un plebiscito sobre vivienda, derechos sociales y protección de los inquilinos. La oposición quiere que sean un juicio sobre años de Gobierno, desgaste institucional, amnistía, pactos y falta de soluciones estructurales. Ahí se juega buena parte del 29-N.
La vivienda puede ser la gran bandera de Sánchez, pero también puede convertirse en su principal contradicción. Porque quien gobierna durante años no puede presentarse como si acabara de llegar al problema. Y esa será una de las preguntas centrales de esta campaña: si la vivienda es hoy una emergencia, ¿quién tiene que explicar por qué España llegó hasta aquí?
Sánchez vuelve a la carga con la vivienda: 21 medidas, ayudas al alquiler y 10.000 millones del ICO.
El Gobierno vuelve a colocar la vivienda en el centro del tablero político. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos nuevos Reales Decretos-ley con 21 medidas destinadas a facilitar el acceso al alquiler asequible y a la compra de vivienda, reforzar la oferta, dar mayor estabilidad a propietarios e inquilinos y endurecer la regulación contra la especulación. Pedro Sánchez ha defendido que los textos “mantienen la esencia” de los decretos que decayeron la pasada semana en el Congreso, aunque incorporan cambios que el Ejecutivo considera “muy positivos”.
Entre las medidas más destacadas figura una deducción en el IRPF para los inquilinos que, según el Gobierno, podría acercarse a los 1.000 euros anuales en el caso de un alquiler medio de 800 euros mensuales, además de incentivos fiscales para pequeños propietarios que alquilen sus viviendas a precios considerados asequibles. El paquete incorpora también una línea de financiación del ICO de 10.000 millones de euros, con préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para quienes quieran adquirir su primera vivienda.
El Ejecutivo también quiere aumentar la oferta. Para ello, destinará 280 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada y otros 400 millones para apoyar a proveedores de vivienda social. A esto se suma la incorporación a CASA47 de inmuebles de la Seguridad Social que puedan destinarse a uso residencial.
En materia de alquiler, los decretos contemplan la posibilidad de prorrogar hasta dos años determinados contratos de inquilinos que estén al corriente de pago y limitar las subidas de renta, además de fijar reglas más claras sobre renovaciones, finalización de contratos y recuperación del inmueble por parte del propietario. Sánchez ha defendido que estas medidas buscan dar “tranquilidad y estabilidad” tanto a inquilinos como a pequeños propietarios.
La cuarta pata del paquete vuelve a ser la lucha contra la especulación. El Gobierno plantea regular el alquiler de temporada y por habitaciones, limitar determinadas compras por parte de fondos de inversión, condicionar los beneficios fiscales de las SOCIMI al alquiler asequible y hacer que los pisos turísticos tributen como actividad económica.
Sánchez ha insistido en que las medidas no son ideológicas, sino “de puro sentido común” y “de humanidad”, y ha reclamado a los grupos parlamentarios que las respalden cuando lleguen a la Diputación Permanente. El presidente ha defendido además que el paquete busca proteger al pequeño propietario y al inquilino, mientras pone “pie en pared” frente a los fondos buitre y quienes, según su planteamiento, utilizan la vivienda con fines puramente especulativos.
El propio jefe del Ejecutivo ha reconocido, sin embargo, que estas medidas no resolverán por sí solas el problema. Sánchez admite que España necesita construir “cientos de miles” de nuevas viviendas, especialmente públicas y destinadas al alquiler asequible, y reclama una intervención más intensa del mercado inmobiliario.
La aprobación llega apenas días después de que los anteriores decretos fueran rechazados en el Congreso y en plena precampaña para las elecciones del 29 de noviembre. La vivienda vuelve así a convertirse en uno de los principales campos de batalla entre el Gobierno y la oposición, con el PSOE intentando defender su paquete como una respuesta directa a la crisis y PP y Vox cuestionando una estrategia basada, a su juicio, en más intervención y regulación.
La batalla parlamentaria no terminó con la caída de los primeros decretos. Sánchez ha decidido volver a intentarlo y convertir la vivienda en uno de los grandes ejes políticos de las próximas semanas.
Santos Cerdán centra la petición del PP para investigar al PSOE por cinco delitos.
El Partido Popular ha solicitado, en su condición de acusación popular, que el PSOE sea citado como investigado en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional sobre las denominadas por el PP “cloacas socialistas”.
Según el escrito descrito por el PP, la petición presentada ante el juez instructor Santiago Pedraz se refiere a presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos.
La formación sostiene en su escrito que se habría constituido una presunta “organización criminal” liderada por quien entonces era secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, con el supuesto objetivo de proteger intereses del Gobierno y del PSOE ante investigaciones judiciales. Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones formuladas por el PP en el procedimiento y no equivalen a hechos judicialmente probados.
El PP atribuye asimismo un papel a la gerente socialista, Ana María Fuentes Pacheco, y sostiene que medios operativos y financieros del partido habrían sido utilizados para sufragar actividades relacionadas con la supuesta trama. Entre otros nombres, el escrito menciona a Leire Díez, Jacobo Teijelo, Ismael Oliver y Gaspar Zarrías.
La formación también sostiene que se habrían realizado actuaciones dirigidas a influir sobre fiscales y miembros de la Guardia Civil y relaciona estos hechos con el funcionamiento de las investigaciones de la UCO.
A partir de estos argumentos, el PP solicita que la investigación alcance al PSOE como persona jurídica y vincula esta petición con otras causas judiciales en las que ha cuestionado la financiación socialista.
Las referencias a una “organización criminal”, “cloacas” o financiación ilegal corresponden a la tesis y terminología de la acusación popular recogida en la fuente facilitada; el texto no aporta una resolución judicial que declare probados esos extremos.
¿Y si Sánchez ya tenía decidido adelantar elecciones y solo necesitaba su 2-O?
Pedro Sánchez puede haber perdido la batalla parlamentaria de la vivienda y, sin embargo, haber encontrado el terreno político que necesitaba para afrontar unas elecciones anticipadas.
La pregunta ya no es solo si el Gobierno perdió dos decretos. La cuestión es si esa derrota puede convertirse en el punto de partida de una campaña construida alrededor de la vivienda, la movilización social y una imagen muy concreta: PP, VOX y Junts votando juntos contra las medidas del Ejecutivo.
No hay pruebas de que Sánchez quisiera perder deliberadamente. Pero sí puede analizarse si, una vez asumido que la derrota era probable, Moncloa decidió convertirla en una oportunidad.
De Ceuta a la vivienda
Hace pocas semanas, el Gobierno estaba obligado a disputar la agenda sobre inmigración, fronteras y Ceuta, un terreno especialmente favorable para VOX.
La vivienda cambia por completo el eje político.
Alquileres, desahucios, acceso de los jóvenes a una casa, vivienda pública y grandes propietarios permiten al PSOE construir un conflicto social mucho más útil para movilizar a su base.
La oposición puede responder que Sánchez lleva años gobernando y que el problema se agravó durante su mandato.
Pero el Gobierno dispone de una fotografía política muy sencilla para una campaña: “nosotros intentamos actuar y ellos lo bloquearon”.
Y en una elección, la simplicidad del mensaje importa.
Sánchez no necesita quedar primero
Ese es uno de los grandes errores al analizar una posible convocatoria.
Sánchez no necesita necesariamente superar al PP en votos.
Necesita que PP y VOX no alcancen los 176 diputados.
Después puede volver a intentar una mayoría con PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Bildu, PNV, BNG y, dependiendo del resultado, otras fuerzas territoriales.
Eso ya ocurrió en 2023.
Feijóo ganó las elecciones, pero no consiguió formar Gobierno. Sánchez quedó segundo y terminó siendo investido porque reunió una mayoría parlamentaria alternativa.
Por eso, una nueva victoria del PP no garantiza por sí sola un cambio en La Moncloa.
Las encuestas privadas siguen siendo malas para Sánchez
Los sondeos privados sitúan hoy al PSOE claramente por detrás del PP y muestran a VOX creciendo.
El bloque PP-VOX aparece en muchas encuestas cerca o por encima de la mayoría absoluta.
Por tanto, Sánchez no tendría motivos para adelantar elecciones porque crea que las tiene ganadas.
Si las adelantara, la lógica sería otra: buscar el momento menos malo antes de que la legislatura se desgaste todavía más.
Esperar hasta 2027 tampoco garantiza una recuperación.
El PSOE lleva meses moviéndose en niveles inferiores a los obtenidos en 2023 y sus socios de izquierda también han perdido fuerza.
El tiempo, por sí solo, no parece estar resolviendo el problema.
La verdadera reserva está en la abstención
Aquí puede estar la clave.
En las últimas generales votó algo más del 70% del electorado.
Eso significa que existe una enorme bolsa de ciudadanos que no acudieron a las urnas.
Sánchez no necesita convencer exclusivamente a votantes del PP.
Puede intentar recuperar a:
antiguos votantes socialistas hoy abstencionistas, votantes desencantados de Sumar o Podemos, jóvenes preocupados por la vivienda e inquilinos con dificultades para acceder a una casa.
Si consigue movilizar a una parte significativa de esos sectores, el resultado puede cambiar aunque el PP siga siendo la fuerza más votada.
Ese sería el verdadero objetivo de convertir la vivienda en eje electoral.
No tanto robar voto a la derecha como volver a activar a la izquierda.
El voto exterior también cuenta
En unas elecciones ajustadas, el voto de los españoles residentes en el extranjero puede decidir el último escaño de una provincia.
Ya ocurrió en 2023.
El recuento exterior terminó modificando el reparto en Madrid y alteró la aritmética necesaria para la investidura.
No existe razón para considerar ese voto patrimonio del PSOE. Puede beneficiar a cualquiera.
Pero en una elección donde cuatro o cinco diputados pueden decidir quién gobierna, ningún partido puede permitirse ignorarlo.
Por eso una campaña anticipada también tendría que buscar máxima movilización entre los españoles residentes fuera del país.
El error de pensar que Feijóo ya tiene las llaves de Moncloa
PP y VOX parten hoy con ventaja.
Pero una cosa es ganar las elecciones y otra gobernar.
Feijóo ya comprobó esa diferencia en 2023.
Si PP y VOX alcanzan 176 diputados, la discusión termina.
Si quedan en 170, 172 o 174, vuelve a abrirse todo.
Ahí entran nuevamente ERC, Bildu, PNV, BNG, Junts y el resto de la aritmética parlamentaria.
Por eso Sánchez puede plantearse unas elecciones incluso estando por detrás.
Su objetivo no tiene que ser necesariamente:
“ser primero”.
Puede ser:
“evitar que el otro bloque tenga mayoría absoluta”.
¿El 2-O como inicio de campaña?
Si Sánchez ya contemplaba adelantar las generales, necesitaba una explicación política para hacerlo.
La derrota de los decretos puede proporcionársela.
El argumento sería sencillo:
el Gobierno intentó responder a una crisis social, el Congreso bloqueó las medidas y la legislatura ya no permite avanzar.
Después vendría la campaña.
Y el eje ya estaría elegido: vivienda.
Una campaña centrada en jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y ciudadanos que reclaman más vivienda pública puede resultar mucho más favorable para el PSOE que una campaña dominada por inmigración, Ceuta o la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.
Eso no significa que vaya a funcionar.
Pero explica por qué Sánchez podría considerar que ahora es un momento más útil que esperar un año.
La verdadera pregunta
El error sería pensar que unas elecciones anticipadas equivalen automáticamente a una despedida de Sánchez.
Las encuestas dicen hoy que Feijóo tiene ventaja.
Pero las elecciones se ganan también con participación, movilización, abstención, voto exterior, reparto provincial y capacidad de formar mayorías después.
Sánchez ya demostró una vez que puede perder frente a Feijóo y seguir en La Moncloa.
Por eso, si finalmente adelanta las elecciones, la pregunta no será únicamente quién obtiene más votos.
Será otra:
¿Puede Sánchez movilizar suficiente voto progresista para impedir que PP y VOX lleguen a 176?
Si la respuesta es sí, la partida seguirá abierta.
Y la vivienda puede ser precisamente el tema con el que intente jugar esa última mano.
