Virginia Martínez pone rostro a la noche de Ceuta: campamentos, inseguridad y críticas al Gobierno.
La diputada autonómica murciana Virginia Martínez García, actualmente integrada en el Grupo Parlamentario Mixto de la Asamblea Regional de Murcia, ha difundido un vídeo grabado alrededor de la una de la madrugada de este viernes 25 de septiembre desde las playas de Ceuta, donde denunció la presencia de miles de migrantes, la ausencia de efectivos policiales que pudiera observar en ese momento y una sensación de inseguridad entre quienes se encontraban en la zona.
Martínez realizó la grabación acompañada por Juan, un vecino de Ceuta al que presentó como una de las personas que desde hace semanas documenta mediante vídeos lo que ocurre en las zonas de El Trampolín y playa Benítez.
“Los únicos españoles que estamos aquí somos nosotros”, afirmó al comienzo de la intervención. La diputada sostuvo que las demás personas presentes eran migrantes que habían entrado irregularmente durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio y estimó en alrededor de 5.000 el número de personas que permanecerían actualmente en la zona. Esa cifra corresponde a la estimación expresada por Martínez durante la grabación.
Martínez denuncia ausencia policial durante su recorrido
La parlamentaria puso especialmente el foco en la seguridad y cuestionó que, durante el momento de la grabación, no observara presencia policial ni militar en el lugar.
Martínez destacó además el papel del vecino que la acompañaba, señalando que había acudido repetidamente a las playas para documentar la situación.
Juan aseguró durante la conversación que en anteriores visitas había recibido insultos y lanzamientos de piedras y afirmó que suele grabar peleas y otros incidentes que presencia mientras recorre la zona.
La diputada utilizó ese testimonio para cuestionar que, según su percepción, sean ciudadanos particulares quienes estén mostrando lo que sucede en Ceuta durante la noche.
“Que tengas que ser tú, un ciudadano de Ceuta, el que tenga que venir a mostrar la realidad”, lamentó.
“Nos sentimos bastante desprotegidos”
Durante el vídeo, Martínez afirmó que varias personas que pasaban junto a ellos los insultaban y los llamaban “racistas”.
A partir de esa situación, sostuvo que existe una sensación de desprotección y reclamó una mayor presencia de las autoridades.
“Esto es lo que tenemos que aguantar dentro de nuestro país y además nos sentimos bastante desprotegidos”, afirmó.
Uno de los momentos más duros de su intervención llegó cuando relató una conversación que, según aseguró, había mantenido esa misma tarde con uno de los migrantes.
Martínez dijo haberle preguntado por agresiones sexuales contra mujeres y afirmó que el hombre habría justificado una violación cuando una mujer se acerca sola a un hombre sin estar acompañada por alguien de su familia.
Se trata del relato realizado por Martínez sobre una conversación que asegura haber mantenido, y el material proporcionado no permite comprobar de manera independiente ni la conversación ni las afirmaciones atribuidas a esa persona.
A partir de ese episodio, la diputada sostuvo que determinadas concepciones culturales son incompatibles con los derechos y principios vigentes en España.
Martínez acusa al Gobierno de haber dejado sola a Ceuta
La diputada cerró el vídeo denunciando la situación que asegura haber encontrado en las playas durante la madrugada.
“Ahora mismo aquí no hay Policía”, afirmó antes de asegurar que se encontraban rodeados por miles de personas y sin capacidad para reaccionar ante un eventual incidente.
Martínez terminó lanzando una acusación directa contra el Ejecutivo central:
“Estamos completamente abandonados por nuestro propio Gobierno”.
También empleó términos como “invasión” para describir las entradas migratorias y afirmó que España estaría enfrentándose tanto a la actuación de su propio Gobierno como a la de “un Gobierno extranjero que nos invade”.
Estas expresiones corresponden a la valoración política de Virginia Martínez y no constituyen por sí mismas una determinación jurídica sobre la naturaleza de los acontecimientos ni sobre una eventual responsabilidad de otro Estado.
Redondo lleva a la Asamblea de Ceuta la defensa de la soberanía española y el refuerzo de la seguridad.
El Grupo Parlamentario VOX llevará al próximo Pleno resolutivo de la Asamblea de Ceuta varias iniciativas centradas en las consecuencias de la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio, con propuestas para reafirmar la soberanía española de la ciudad, reforzar la vigilancia de espacios municipales y revisar las ayudas y contratos destinados a entidades que prestan asistencia a inmigrantes en situación irregular.
La formación pretende que la Asamblea reafirme expresamente la «plena e indiscutible soberanía española» sobre Ceuta y el resto de plazas españolas del norte de África y sostiene que la respuesta a lo sucedido en julio debe abordar tanto la seguridad fronteriza como las relaciones de España con Marruecos.
Más de 50.000 personas llegaron a entrar de forma irregular en Ceuta durante aquella crisis, según los datos oficiales difundidos entonces. La documentación desclasificada posteriormente incluye informes policiales que apuntan a la actuación de gendarmes marroquíes en algunas de las oleadas, aunque las autoridades no han establecido hasta ahora una conclusión definitiva sobre todos los responsables y causas de lo sucedido.
VOX pide un pronunciamiento sobre la soberanía española
Una de las iniciativas plantea que la Asamblea reafirme solemnemente la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y el peñón de Alhucemas.
VOX reclama asimismo que se rechace cualquier pretensión territorial de Marruecos sobre estos territorios y que las relaciones bilaterales estén condicionadas al respeto de la integridad territorial de España.
«La política exterior hacia Marruecos no puede seguir basada en la aceptación de una contradicción permanente: proclamar unas relaciones extraordinarias, mientras Rabat mantiene abierta una reivindicación sobre territorio español», sostiene la formación.
El planteamiento mantiene la línea seguida por VOX durante las últimas semanas. El partido llevó una propuesta similar a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el pasado 22 de septiembre, donde fue rechazada con la abstención del PP. En cambio, una iniciativa de VOX sobre esta misma cuestión sí fue aprobada días antes por el Parlamento de Andalucía con el respaldo de los populares.
La formación califica lo sucedido de «guerra híbrida»
VOX quiere que la Asamblea condene formalmente lo ocurrido a finales de julio y lo califica de una «invasión» y de un episodio de «guerra híbrida» por parte de Marruecos.
Estas expresiones forman parte de la caracterización política de VOX. Los hechos acreditados muestran una entrada masiva e irregular desde territorio marroquí y documentos de la Guardia Civil señalaron el mismo 30 de julio la «pasividad» de las autoridades del país vecino. Un informe posterior de la Policía Nacional apuntó además a que gendarmes marroquíes, uniformados y de paisano, habrían guiado algunas de las entradas.
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, también atribuyó públicamente aquella entrada masiva a una «manipulación de Marruecos de su población», aunque el análisis posterior de la documentación desclasificada no ha permitido establecer todavía una explicación única y concluyente sobre la organización del episodio.
Vigilantes para instalaciones y espacios municipales
La segunda línea de actuación de VOX estará centrada en la seguridad dentro de la ciudad.
El grupo reclamará al Gobierno de Juan Vivas la contratación de vigilantes de seguridad, guardas rurales y auxiliares de servicios para incrementar la protección de instalaciones municipales, montes, espacios deportivos, parques infantiles y otros lugares especialmente frecuentados por menores.
La formación ya había exigido en las últimas semanas incrementar este tipo de vigilancia y reforzar el control de los montes. El pasado 23 de septiembre volvió a reprochar al Ejecutivo local la situación de determinadas zonas y recordó su petición de contratar vigilantes de seguridad y guardas rurales.
VOX relaciona esta demanda con los problemas registrados en diferentes zonas de la ciudad después de la entrada masiva de julio y sostiene que la Administración local debe utilizar todas las competencias de las que dispone para reforzar la seguridad.
VOX quiere retirar ayudas a entidades que asistan a inmigrantes irregulares
Otra de las propuestas plantea poner fin a contratos, convenios, subvenciones, ayudas o aportaciones municipales a entidades que proporcionen alojamiento, manutención, transporte u otro apoyo material a personas que entraron irregularmente en Ceuta.
La formación reclama que esos recursos se destinen, en cambio, a reforzar la vigilancia de las barriadas, reparar daños y ampliar los medios relacionados con los procedimientos de retorno.
No es la primera vez que VOX plantea esta cuestión. En el Pleno celebrado el 11 de septiembre, su portavoz, Juan Sergio Redondo, ya rechazó que fondos de la Ciudad pudieran utilizarse para financiar asistencia a quienes habían entrado irregularmente y mencionó expresamente a organizaciones humanitarias. La información sobre aquel expediente señalaba, sin embargo, que la partida identificada directamente para ACNUR ascendía a 30.000 euros, mientras VOX vinculaba también otros incrementos presupuestarios a las consecuencias de la crisis.
La retirada general de ayudas que propone VOX deberá, en todo caso, ajustarse a las obligaciones legales aplicables a la atención humanitaria, la protección internacional y los menores.
El debate vuelve al Pleno de la Asamblea
Las iniciativas se debatirán en un contexto en el que la situación de Ceuta sigue ocupando buena parte de la actividad política nacional y autonómica.
El Pleno que se celebraba durante la entrada masiva del 30 de julio tuvo que ser suspendido cuando la situación fronteriza se agravó y los portavoces fueron convocados para abordar la emergencia. Desde entonces sí se han celebrado otras sesiones de la Asamblea, entre ellas un Pleno presupuestario el 11 de septiembre.
VOX pretende ahora utilizar el próximo Pleno resolutivo para concentrar sus propuestas en soberanía, seguridad y política migratoria, mientras otros grupos también han anunciado iniciativas relacionadas con la españolidad de Ceuta. Ceuta Ya!, por ejemplo, llevará una propuesta para que la Asamblea apoye una iniciativa registrada por Podemos en el Congreso sobre esta cuestión.
La formación de Juan Sergio Redondo defiende que la respuesta institucional debe ir más allá de la gestión de la emergencia y centrarse en impedir que se repita una situación como la registrada a finales de julio.
Ana Vázquez confronta a Fernando Grande-Marlaska con un espray: «Material escolar básico»
La portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, Ana Vázquez, ha confrontado al ministro Fernando Grande-Marlaska durante la sesión de control por la situación de seguridad en Ceuta y ha exhibido desde su escaño un espray de pimienta para representar el miedo que, según denuncia el PP, sienten mujeres y jóvenes de la ciudad autónoma.
“Este es el material escolar básico”, ha afirmado Vázquez mostrando el recipiente antes de preguntar al ministro: “¿Es esta la nueva normalidad a la que se tienen que acostumbrar los ceutíes?”.
La diputada ha reclamado más efectivos y medidas para recuperar la normalidad en la ciudad y ha pedido la dimisión de Marlaska.
Armengol ordena a Vázquez abandonar el hemiciclo
La intervención ha terminado provocando un enfrentamiento con la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Armengol ha considerado que Vázquez había exhibido un arma dentro de la Cámara y, después de requerirle que abandonara el hemiciclo y depositara el recipiente, la diputada ha terminado saliendo del Pleno.
Vázquez ha sostenido posteriormente que el bote estaba vacío y ha cuestionado la decisión adoptada por la Presidencia del Congreso.
El episodio ha trasladado así el enfrentamiento sobre Ceuta desde el control al ministro del Interior hasta la aplicación del Reglamento de la propia Cámara.
El PP reclama más medidas para Ceuta
Vázquez ha acusado al Ministerio del Interior de no garantizar suficientemente la seguridad de los ceutíes tras los acontecimientos de las últimas semanas.
La portavoz popular sostiene que existen mujeres y jóvenes que han recurrido a espráis de defensa personal por miedo y ha utilizado esta situación para reclamar una actuación adicional del Ejecutivo.
Marlaska ha defendido durante la sesión la actuación de su departamento y el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad autónoma.
Los datos oficiales disponibles muestran que Ceuta contaba con 1.207 efectivos estatales en enero de 2026, frente a 1.023 en julio de 2018.
Vázquez pide la salida de Marlaska
La diputada ha elevado finalmente sus críticas al ministro y ha reclamado su dimisión.
Vázquez ha repasado anteriores controversias relacionadas con la gestión de Interior en Ceuta, Melilla y actuaciones de la Guardia Civil para justificar su petición.
La seguridad en Ceuta vuelve así al centro de la sesión de control, esta vez con un enfrentamiento parlamentario que ha terminado con la salida de la portavoz de Interior del GPP del hemiciclo.
Redondo reprocha a Juan Vivas haber tardado más de 50 días en actuar en El Trampolín.
VOX Ceuta ha cargado contra el Gobierno de Juan Vivas por haber esperado más de 50 días para intervenir contra los puestos de venta ambulante instalados en la playa de El Trampolín tras la crisis fronteriza de los días 30 y 31 de julio, que la formación califica de “invasión”.
El partido reconoce la actuación de la Unidad de Intervención Rápida de la Policía Local, pero cuestiona por qué el Ejecutivo autonómico no aplicó antes sus propias competencias sobre venta ambulante y uso del espacio público.
“La actuación en el Trampolín llega tarde”, sostiene VOX, que acusa políticamente al Gobierno de Vivas de haber permitido que el problema se extendiera durante semanas.
La Ciudad decidió actuar el 22 de septiembre
El Gobierno ceutí anunció este martes, 22 de septiembre, que la Policía Local comenzaría a hacer cumplir las ordenanzas municipales en la playa del Trampolín, especialmente las relativas a venta ambulante y ruidos.
El portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, explicó además que la Ciudad solicitaría el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la dificultad del operativo y la posibilidad de que se produjeran incidentes.
Horas después, efectivos de la UIR acudieron a la zona para retirar los puestos. La intervención registró momentos de tensión y lanzamiento de objetos contra los agentes, según la información publicada por medios locales.
VOX centra precisamente su crítica en el momento elegido para comenzar esas actuaciones.
La crisis fronteriza comenzó los días 30 y 31 de julio y la intervención contra los puestos tuvo lugar el 22 de septiembre, más de 50 días después.
“Cuando esta imagen ha dado la vuelta al mundo y tras más de 50 días de desesperación para los vecinos, resulta que la Ciudad Autónoma decide ejercer sus competencias”, reprocha la formación.
Los puestos reaparecieron pocas horas después
Los acontecimientos posteriores reforzaron otra de las advertencias realizadas por VOX.
La formación había señalado que, mientras continuara el asentamiento en la playa, existía el riesgo de que los puestos volvieran a instalarse después de cada intervención policial.
Eso ocurrió durante las horas siguientes.
Tras la actuación del martes, los puestos reaparecieron y el miércoles la UIR tuvo que regresar al Trampolín, esta vez acompañada por efectivos de la UIP de la Policía Nacional. Los agentes retiraron nuevamente los elementos utilizados para la venta ambulante, pero algunos puestos comenzaron a reinstalarse una vez abandonada la zona.
La Ciudad Autónoma aseguró entonces que las intervenciones continuarían “en tanto que se sigan detectando incumplimientos”.
VOX había advertido horas antes: “Si no se desaloja la playa, el problema reaparecerá en cuestión de horas”.
VOX respalda a la UIR y dirige las críticas al Gobierno
La formación separa expresamente su crítica política de la actuación de los agentes.
VOX destaca la “gran profesionalidad” de la UIR y sostiene que la Policía Local ha tenido que afrontar el problema cuando la situación ya se encontraba muy extendida. También afirma que los agentes carecían de determinados medios antidisturbios que, a juicio del partido, serían necesarios para afrontar este tipo de actuaciones con mayor protección. Esta última afirmación procede del comunicado de VOX.
CSIF también respaldó públicamente la intervención y reclamó más coordinación, efectivos suficientes y apoyo operativo para evitar la reinstalación de los puestos. El sindicato señaló que la primera actuación fue desarrollada por la UIR y Seguridad Ciudadana sin apoyo directo de Policía Nacional o Guardia Civil.
De la venta ambulante a las viviendas y establecimientos
VOX recuerda que a principios de septiembre ya había solicitado información al Gobierno de la Ciudad para conocer cuántas actas se habían levantado por incumplimientos de la ordenanza reguladora de la venta fuera de establecimiento comercial.
La formación reclama ahora que la intervención policial no sea puntual.
También pide actuaciones en otras materias que considera competencia de la Ciudad: inspecciones en establecimientos hosteleros, control de viviendas protegidas, refuerzo de la vigilancia mediante seguridad privada y mayor presencia de guardas rurales en los montes.
El Ejecutivo ceutí ha confirmado que ya tramita sanciones por infracciones de ordenanzas locales y ha anunciado controles adicionales sobre venta ambulante, ruidos y determinados usos de viviendas.
VOX cuestiona por qué no se actuó antes
El principal reproche de VOX no es, por tanto, contra la operación policial, sino contra el tiempo transcurrido hasta que el Gobierno de Juan Vivas decidió intensificar la aplicación de las ordenanzas en El Trampolín.
La formación llega a atribuir ese retraso a un posible “cálculo de interés político”, una acusación que corresponde exclusivamente a VOX y que no está acreditada de forma independiente.
La incógnita que el partido plantea al Ejecutivo local es por qué unas competencias que comenzaron a ejercerse de manera intensiva el 22 de septiembre no se utilizaron antes, cuando ya existían puestos ambulantes y un asentamiento en la zona.
La situación continúa abierta: después de dos intervenciones policiales en pocas horas, los puestos volvieron a aparecer, mientras la Ciudad asegura que mantendrá las actuaciones ante nuevos incumplimientos.
Javier Celaya logra que el Congreso respalde una política exterior guiada por el interés nacional.
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha aprobado una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular para instar al Gobierno a reforzar la política exterior como una política de Estado guiada por el interés nacional, la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
El diputado del GPP por Ceuta, Javier Celaya, ha defendido la iniciativa, que plantea además buscar el mayor consenso parlamentario posible alrededor de las grandes líneas de actuación exterior de España.
La propuesta salió adelante con la abstención del PSOE y el voto contrario de otros grupos parlamentarios.
Celaya lleva Ceuta al debate de política exterior
Durante su intervención, Celaya ha vinculado la iniciativa con la situación vivida recientemente en Ceuta y ha reclamado que la relación con Marruecos se articule desde la defensa de los intereses españoles.
El diputado ha cuestionado también decisiones adoptadas por el Gobierno durante los últimos años en política exterior, especialmente el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental.
Celaya sostiene que la política exterior debe tener como prioridades “la defensa del interés nacional y de nuestra soberanía, la integridad territorial, los valores constitucionales, la seguridad en España y el bienestar de los españoles”.
Una política exterior con mayor consenso parlamentario
La PNL plantea recuperar el carácter de política de Estado de la acción exterior española y buscar acuerdos amplios entre las principales fuerzas parlamentarias.
El objetivo expresado por el GPP es dotar de mayor continuidad y previsibilidad a las posiciones españolas en cuestiones estratégicas con independencia de los cambios de Gobierno.
Al tratarse de una Proposición No de Ley aprobada en comisión, el pronunciamiento insta políticamente al Ejecutivo a actuar en esa dirección, pero no introduce por sí mismo una modificación legislativa.
Aprobada también la iniciativa sobre Nicaragua
La Comisión de Exteriores ha aprobado además otra PNL del Grupo Popular, defendida por Belén Hoyo, sobre Nicaragua.
La iniciativa condena al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y reclama el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
La situación nicaragüense ha vuelto precisamente a la actualidad internacional después de que expertos de Naciones Unidas hayan denunciado este 22 de septiembre que la represión contra opositores reúne características de crímenes de lesa humanidad.
Rechazada la iniciativa sobre comercio internacional
La tercera propuesta popular debatida planteaba defender un comercio internacional abierto, justo y basado en reglas como uno de los ejes de la política exterior española.
Esta iniciativa, defendida por César Sánchez, no obtuvo el respaldo suficiente de la Comisión.
La jornada deja así dos PNL del Grupo Popular aprobadas en la Comisión de Asuntos Exteriores: una centrada en recuperar consensos alrededor de la política exterior española y otra dedicada a Nicaragua.
Eliana Palacios lleva al Pleno de Rivas la defensa de Ceuta y Melilla y exige responsabilidades por la crisis fronteriza.
La portavoz de VOX en Rivas-Vaciamadrid, Eliana Palacios, llevará este jueves al Pleno municipal una moción sobre Ceuta y Melilla con la que pretende que el Ayuntamiento reafirme la soberanía española sobre ambas ciudades, reclame un mayor control fronterizo y censure la actuación del Gobierno durante la crisis de los días 30 y 31 de julio.
“Ceuta y Melilla son España. Su soberanía no se negocia, sus fronteras son nuestras fronteras”, sostiene Palacios.
VOX califica lo ocurrido en Ceuta como una “invasión” y atribuye a Marruecos una utilización de la inmigración como instrumento de presión. Esa es la caracterización política de la formación. El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó el 17 de septiembre una resolución que condena los cruces irregulares masivos y denuncia la instrumentalización de la inmigración irregular como posible “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”.
La resolución europea fue aprobada por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones y reclamó reforzar las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta, acelerar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en la UE dentro de la legislación aplicable y exigir respeto a la integridad territorial de los Estados miembros.
Palacios pone el foco en los avisos previos
Uno de los puntos políticamente más duros de la iniciativa se refiere a la información disponible antes y durante la crisis.
La documentación publicada posteriormente por el Gobierno confirma que el 30 de julio existieron comunicaciones y alertas de organismos de seguridad e inteligencia. Entre ellas figuran notas del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras a las 13:56 y 14:37 y una nota informativa del CNI registrada a las 21:20 y remitida a autoridades del Gobierno y de Ceuta.
La existencia de esas comunicaciones ha provocado un debate político sobre si las autoridades disponían de información suficiente y si la respuesta fue adecuada, aunque por sí sola no acredita que el Ejecutivo conociera de antemano la magnitud exacta de lo que iba a producirse ni determina responsabilidad penal alguna.
Los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska comparecieron posteriormente ante las comisiones de Defensa e Interior del Congreso para informar sobre la gestión de aquellos acontecimientos.
El propio Gobierno ha defendido su actuación y señala que entre el 90% y el 95% de quienes entraron inicialmente fueron retornados a Marruecos durante las primeras 24-48 horas.
VOX pide llevar el debate hasta el artículo 102
La moción de VOX plantea además que el Pleno manifieste que, a juicio de la formación, concurren las circunstancias para acudir al procedimiento previsto en el artículo 102.2 de la Constitución por una posible acusación de traición.
El alcance jurídico de ese artículo es preciso: cuando se pretende acusar al presidente del Gobierno o a uno de sus ministros por traición o por un delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, la iniciativa únicamente puede ser planteada por una cuarta parte de los diputados del Congreso y debe obtener después el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara. La eventual responsabilidad criminal corresponde al Tribunal Supremo.
Por tanto, una declaración del Ayuntamiento de Rivas tendría carácter político y no puede por sí misma activar ese procedimiento ni establecer que exista un delito de traición.
VOX sí pretende que el municipio se pronuncie políticamente a favor de esa vía.
De la Plaza de la Constitución al Pleno
La iniciativa recupera además la controversia que ya se produjo en Rivas a principios de septiembre.
Alrededor de un millar de personas acudieron el 2 de septiembre a la concentración celebrada frente al Ayuntamiento en apoyo a Ceuta, según la información publicada por Diario de Rivas.
La convocatoria provocó una división entre los partidos municipales. La alcaldesa, Aída Castillejo, se mostró contraria a respaldarla institucionalmente, mientras el PSOE de Rivas acusó a PP y VOX de utilizar la crisis para “esparcir odio y xenofobia”.
VOX participó en la movilización y Eliana Palacios respondió entonces cuestionando que el Gobierno municipal no quisiera sumarse al acto.
Ahora quiere trasladar aquella discusión al salón de plenos.
“¿Dónde estaba el odio en decir que Ceuta es España? ¿Dónde estaba la xenofobia en pedir solidaridad con familias españolas?”, pregunta Palacios.
Rivas tendrá que votar su posición sobre Ceuta
La moción pretende que los grupos municipales se posicionen sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, la política fronteriza y la actuación del Ejecutivo central durante los acontecimientos de julio.
VOX añade a la iniciativa sus críticas sobre las consecuencias que, según la formación, continúa padeciendo la población ceutí y reclama más respaldo para Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El Parlamento Europeo también ha expresado formalmente su “pleno apoyo y solidaridad” con Ceuta y Melilla y ha pedido reforzar la protección de la frontera exterior europea.
Palacios quiere ahora que ese debate tenga una traducción municipal: “Nosotros ya fijamos nuestra posición desde el primer momento. Ceuta no está sola. Ceuta es España y España se defiende”.
Alicia García: «Sánchez es un presidente a la fuga de sus responsabilidades»
La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha criticado desde Ávila el viaje de Pedro Sánchez a Nueva York para participar en Naciones Unidas mientras continúa abierto el debate político sobre la respuesta del Gobierno a los acontecimientos registrados en Ceuta.
“Es un presidente a la fuga de sus responsabilidades”, ha afirmado García antes de participar, junto al vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, en una reunión con presidentes de las federaciones territoriales de la Federación Española de Municipios y Provincias.
La portavoz popular ha acusado al presidente del Gobierno de actuar “de espaldas” al Parlamento, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Ceuta vuelve al centro de la crítica
García ha contrapuesto el viaje de Sánchez con la visita realizada a Ceuta por Alberto Núñez Feijóo junto al presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber.
La dirigente popular sostiene que la actuación del PP ha contribuido a trasladar la situación de Ceuta a las instituciones europeas.
El Parlamento Europeo aprobó el 17 de septiembre una resolución que reclama reforzar la protección de las fronteras exteriores en Ceuta, aumentar el apoyo comunitario y mejorar la cooperación con Marruecos. También pide retornos rápidos y efectivos para quienes no tengan derecho a permanecer en la Unión, respetando el Derecho europeo e internacional.
El Senado y los ayuntamientos
Alicia García ha reivindicado además el trabajo desarrollado por la mayoría del PP en el Senado y ha destacado la creación de la Comisión General de las Entidades Locales como instrumento para aumentar la presencia de los municipios en la actividad de la Cámara.
Esta comisión, constituida en diciembre de 2025, puede estudiar cuestiones locales, informar iniciativas que afecten a las competencias o financiación municipal e impulsar mociones relacionadas con las entidades locales.
García ha defendido que el Senado debe servir para “controlar al Gobierno y escuchar a los alcaldes”.
La portavoz popular también ha acusado al Ejecutivo de perjudicar financieramente a comunidades y ayuntamientos. El GPP ha promovido durante 2026 diferentes iniciativas relacionadas con la financiación local, mientras que el Gobierno sostiene que ha garantizado recursos para preservar la estabilidad presupuestaria y financiera de las entidades locales.
Reivindicaciones para Ávila
La portavoz ha trasladado finalmente el debate al ámbito provincial y ha acusado al Ejecutivo de no atender las demandas de Ávila.
García sostiene que los pequeños municipios y las provincias afectadas por la despoblación necesitan mayor atención en financiación, infraestructuras y servicios públicos.
La reunión con representantes territoriales de la FEMP ha servido así al PP para vincular tres debates: la respuesta a Ceuta, el papel territorial del Senado y las reivindicaciones financieras y competenciales de los ayuntamientos.
Alejandro Gómez lleva al Pleno la defensa de Canarias, Ceuta y Melilla frente a Marruecos.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, llevará este viernes 25 de septiembre al Pleno municipal una moción para reafirmar la soberanía española sobre Canarias, Ceuta, Melilla y las restantes plazas españolas en el norte de África.
“No hay nada que negociar sobre nuestra soberanía”, sostiene Gómez, que reclama una respuesta institucional a las recientes declaraciones de miembros del Gobierno marroquí sobre Ceuta y Melilla. La moción propone que el Ayuntamiento rechace cualquier reivindicación territorial sobre España y reclame al Ejecutivo central una posición firme ante Rabat.
Las declaraciones marroquíes que sirven de contexto a la iniciativa son reales. En agosto, el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, calificó Ceuta y Melilla como un “derecho histórico y geográfico” marroquí y defendió abrir un diálogo con España sobre su futuro. Días después, el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, habló de la “liberación” de las dos ciudades durante un acto al que asistió Mohamed VI.
“Canarias, Ceuta y Melilla son España”
La propuesta de VOX pretende que Santa Cruz de Tenerife declare expresamente que la soberanía española no puede convertirse en materia de negociación diplomática.
“Canarias, Ceuta y Melilla son España y no hay nada que negociar sobre nuestra soberanía”, afirma Gómez.
El Gobierno español también ha rechazado oficialmente las reivindicaciones marroquíes sobre las dos ciudades autónomas. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que Ceuta y Melilla forman parte de la soberanía e integridad territorial españolas y que no existe ni existirá negociación con Marruecos sobre esta cuestión.
La moción de VOX incluye además Canarias dentro de la declaración de defensa de la integridad territorial española. Las declaraciones recientes de ministros marroquíes verificadas se han referido específicamente a Ceuta y Melilla, no a una reclamación oficial nueva sobre Canarias.
VOX pide una declaración inequívoca de Marruecos
Gómez propondrá que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a exigir a Rabat una declaración “pública, expresa e inequívoca” de respeto a la soberanía española.
La iniciativa también plantea convocar al embajador marroquí para trasladarle formalmente una protesta por las declaraciones de miembros de su Ejecutivo.
España ya trasladó durante agosto su rechazo diplomático a esas reivindicaciones. Tras varias declaraciones procedentes del Gobierno marroquí, Exteriores convocó a la representación diplomática del país vecino para expresar su protesta.
Gómez sostiene que las relaciones económicas, migratorias y diplomáticas entre los dos países deben quedar subordinadas al respeto de la integridad territorial española.
El Tratado de Amistad entra en la moción
Uno de los puntos de mayor alcance de la propuesta es la petición de promover la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos mientras Rabat no reconozca de forma inequívoca la soberanía española.
El tratado fue firmado en Rabat en 1991 y entró en vigor en enero de 1993. Establece un marco de cooperación política, económica, de defensa, jurídica y consular entre ambos Estados.
Su artículo 14 establece que cualquiera de las partes puede denunciar el tratado por vía diplomática y que esa denuncia surtiría efecto seis meses después de ser recibida por la otra parte.
Por tanto, la petición de VOX supondría impulsar una modificación profunda de las actuales relaciones bilaterales si llegara a trasladarse y ejecutarse desde el Gobierno central.
Una cuestión que VOX ya ha llevado al Parlamento canario
La iniciativa municipal no es aislada.
VOX ya ha registrado en el Parlamento de Canarias una proposición sobre la “defensa de la soberanía nacional frente al expansionismo de Marruecos” que menciona expresamente Canarias, Ceuta y Melilla. También ha presentado otra iniciativa para reforzar las capacidades de seguridad y defensa del Estado en estos territorios. Ambas continúan en tramitación.
Gómez ya había defendido a principios de septiembre que cualquier amenaza contra Ceuta debía considerarse un asunto que afecta al conjunto de España y también a Canarias.
Santa Cruz votará la propuesta el viernes
El Pleno tendrá ahora que decidir si respalda los distintos puntos planteados por VOX.
La formación busca que el Ayuntamiento de Santa Cruz se pronuncie tanto sobre la soberanía española como sobre la respuesta diplomática que debería mantener el Gobierno ante las declaraciones procedentes de Marruecos.
“España debe responder como un Estado soberano”, resume Alejandro Gómez.